Aumentan la luz y el gas justo cuando vence la emergencia energética que sostiene el esquema tarifario
Los nuevos cuadros de julio ya rigen con un alza del 5% en AMBA, mientras el decreto que declaró la emergencia del sector vence este 9 de julio sin que el Gobierno haya confirmado una nueva prórroga.
Los cuadros tarifarios de julio ya están en vigencia. El Gobierno oficializó, a través de una serie de resoluciones del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE), un incremento promedio cercano al 5% en las facturas finales de electricidad para los usuarios de Edenor y Edesur en el Área Metropolitana de Buenos Aires, con impacto diferencial según el nivel de consumo, la categoría tarifaria y la permanencia dentro del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). El servicio de gas natural por redes también recibió actualización, con un nuevo escalón de la Revisión Quinquenal Tarifaria y el traslado de los valores del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte.
El ajuste llega en un momento particular del calendario regulatorio. Este 9 de julio vence el plazo fijado por el Decreto 370/2025, que había prorrogado por un año la emergencia del Sector Energético Nacional —declarada originalmente en diciembre de 2023 por el Decreto 55/2023— junto con la intervención del ENRE y el ENARGAS y el "Período de Transición hacia Subsidios Energéticos Focalizados". Hasta el cierre de esta nota, el Gobierno no había publicado en el Boletín Oficial una nueva prórroga, lo que deja abierta una pregunta que atraviesa buena parte del esquema tarifario vigente: qué pasa si la emergencia no se extiende.
No es un detalle menor. La declaración de emergencia es el paraguas legal que habilitó al Poder Ejecutivo a intervenir el ENRE y el ENARGAS —hoy fusionados de hecho bajo la órbita del nuevo ENReGE— sin pasar por el proceso ordinario de designación de directorios independientes, y a sostener la reestructuración del régimen de subsidios sin necesidad de una ley del Congreso para cada ajuste. Si el decreto no se renueva, la arquitectura regulatoria construida desde 2023 queda, al menos técnicamente, en un limbo normativo.
Un historial de prórrogas sucesivas para luz y gas
La emergencia energética no nació con el Gobierno de Javier Milei, pero se convirtió en una de sus herramientas centrales. Declarada por el Decreto 55/2023 hasta diciembre de 2024, fue prorrogada primero por el Decreto 1023/2024 hasta julio de 2025, y luego por el Decreto 370/2025 hasta la fecha límite que vence mañana. Cada prórroga vino acompañada de la misma justificación: la necesidad de continuar la revisión y focalización de los subsidios, la persistencia de una infraestructura eléctrica con antigüedad crítica —según el propio decreto, más del 60% de las fallas de distribución ocurren en alimentadores de más de 25 años— y la imposibilidad de tramitar en tiempo y forma una ley que reemplace el esquema de excepción.
El decreto vigente también identificó irregularidades de peso en el sistema de subsidios: más de 1,5 millones de hogares que recibían asistencia sin haberla solicitado y más de 370.000 solicitudes de inscripción vinculadas a titulares fallecidos. Esa depuración es, según el propio texto oficial, uno de los argumentos centrales para sostener la intervención de los entes reguladores hasta que se constituya y designe autoridades el nuevo organismo unificado previsto por la Ley Bases.
La cuenta que pagan los usuarios
Mientras se define el futuro normativo de la emergencia, la suba de julio ya impacta en las boletas. El esquema de bonificaciones del SEF sigue vigente para los hogares que cumplen los requisitos de consumo —300 kWh en los meses de enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto y diciembre, y 150 kWh en el resto del año—, con una bonificación adicional extraordinaria de hasta 25% sobre el consumo base durante 2026. Pero el Precio de Adquisición del Usuario (PAU), sobre el que se aplican esas bonificaciones, sigue su propia trayectoria de actualización mensual, en línea con la reducción gradual de subsidios que el Gobierno viene sosteniendo desde 2024.
El interrogante de fondo excede el 5% de julio. Si la emergencia no se prorroga esta semana, el Gobierno deberá optar entre dejar caer un esquema que sostuvo buena parte de su política tarifaria durante dos años y medio, o resolver por otra vía —quizás con la puesta en marcha efectiva del nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad— la transición hacia un marco regulatorio ordinario. Ninguna de las dos opciones es gratis.
El decreto vence mañana. El Boletín Oficial todavía no dijo nada.