Malvinas abre un dilema para el Gobierno: empresas bajo la lupa también tienen negocios en Argentina
Maximiliano Ferraro puso el foco sobre Harbour Energy, accionista del 15% de Southern Energy, sobre la que ya pesaba una sanción hasta 2028.
Proyecto Sea Lion de petróleo en Malvinas.
Imagen generada con IA/MDZLa decisión del Gobierno de endurecer las sanciones contra las empresas que participen de la explotación de hidrocarburos en Malvinas abrió una derivación incómoda dentro de la propia gestión argentina. Algunas de las compañías alcanzadas por los antecedentes de la legislación vigente o vinculadas comercialmente con los proyectos de las Islas tienen, al mismo tiempo, participación directa o negocios con algunos de los mayores desarrollos energéticos del país.
El caso más concreto fue planteado por el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, que pidió explicaciones al Gobierno por la situación de Harbour Energy, petrolera británica que posee el 15% de Southern Energy, el consorcio que desarrollará el proyecto de exportación de GNL desde Río Negro y que recibió los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
La particularidad es que Harbour Energy es la continuadora de Premier Oil PLC, compañía que fue inhabilitada en 2013 por la Argentina durante 15 años por desarrollar actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental sin autorización nacional. Esa sanción, dictada mediante la Resolución 481 y al amparo de la Ley 26.659, tiene vigencia hasta 2028.
“Todos sabemos que un cambio de nombre no crea una persona jurídica nueva ni extingue las sanciones que pesaban sobre la anterior”, planteó Ferraro. Según señaló, los registros societarios británicos indicarían que Premier Oil y Harbour Energy corresponden a la misma persona jurídica, cuyo cambio de denominación se produjo en 2021.
De la sanción al RIGI
Ahí aparece la contradicción que Ferraro pidió al Gobierno explicar. Harbour posee actualmente el 15% de Southern Energy, sociedad integrada además por Pan American Energy, con el 30%; YPF, 25%; Pampa Energía, 20%; y Golar LNG, 10%.
Southern Energy recibió en 2025 la aprobación para ingresar al RIGI con su proyecto de exportación de GNL desde la costa de Río Negro. El plan contempla inversiones por miles de millones de dólares y la instalación de dos buques de licuefacción para convertir al gas de Vaca Muerta en GNL y colocarlo en los mercados internacionales.
“Ningún acto administrativo puede pasar por encima de una inhabilitación vigente”, sostuvo Ferraro, quien reclamó a los ministros Pablo Quirno y Luis Caputo que expliquen cómo una empresa alcanzada por una sanción hasta 2028 terminó formando parte de un proyecto beneficiado por el régimen.
El planteo cobra otra dimensión después del giro adoptado por el Gobierno respecto de Malvinas. El canciller Quirno advirtió que las empresas que participen de la explotación de hidrocarburos en las Islas deberán elegir entre esos negocios y la Argentina.
“Van a tener que decidir”, afirmó el canciller. Y aclaró que el criterio no alcanzará exclusivamente a las petroleras que operen directamente, sino también a compañías que presten servicios financieros, logísticos, aseguradores o energéticos a los proyectos cuestionados por Buenos Aires.
Un problema que excede a Harbour
La situación de Harbour es particularmente visible porque existe una sanción previa y, simultáneamente, una participación accionaria directa en uno de los proyectos estratégicos de la Argentina. Pero la decisión del Gobierno plantea interrogantes mucho más amplios por la extensa cadena internacional de proveedores que necesita Sea Lion, el proyecto petrolero que Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration pretenden poner en producción en 2028.
Navitas posee el 65% y Rockhopper el 35% del proyecto, cuya primera fase demandará alrededor de US$2.200 millones y apunta a una producción inicial cercana a los 50.000 barriles diarios. Ambas compañías ya estaban inhabilitadas para operar en la Argentina y el Gobierno presentó esta semana una denuncia penal contra Navitas y sus directivos.
La nueva estrategia oficial busca avanzar también sobre accionistas, directivos y proveedores. Y es precisamente en este último grupo donde aparece la intersección con Vaca Muerta y las grandes obras que actualmente desarrolla la Argentina.
SLB, Halliburton y Baker Hughes, tres de las mayores compañías de servicios petroleros del mundo y con fuerte actividad en la Cuenca Neuquina, ya comunicaron que no participarán de proyectos vinculados con Malvinas. En esos casos, la advertencia argentina parece haber producido el efecto buscado: ante la alternativa, las empresas preservaron sus negocios en el país.
De Malvinas a las monoboyas de VMOS
Hay otros casos que muestran hasta dónde puede extenderse la trama. Entre las compañías bajo observación aparece Bluewater, vinculada al FPSO Aoka Mizu que será utilizado para producir petróleo en Sea Lion.
La misma empresa neerlandesa fabricó las dos grandes monoboyas destinadas a Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), la terminal de exportación que se construye en Punta Colorada, Río Negro, para sacar al mercado internacional el creciente petróleo de la Cuenca Neuquina.
El ejemplo expone la complejidad del nuevo criterio. La industria petrolera funciona con una cadena global altamente especializada y un mismo proveedor puede participar de proyectos en distintos continentes. Si la prohibición argentina alcanza no sólo a los operadores de Sea Lion sino también a proveedores, financistas, aseguradoras y accionistas, el Gobierno deberá determinar hasta dónde llega esa incompatibilidad y cómo se aplicará a empresas que ya tienen contratos o inversiones en el país.
La disyuntiva: Malvinas o Vaca Muerta
La apuesta oficial parece apoyarse precisamente en el tamaño que alcanzó el negocio argentino. Vaca Muerta, VMOS y los proyectos de GNL ofrecen un mercado presente y potencial muy superior al que existía cuando fueron sancionadas las primeras compañías por sus actividades alrededor de Malvinas.
Eso permite al Gobierno plantear una disyuntiva que hace algunos años tenía menor capacidad de imponer: participar de los proyectos británicos en las Islas puede significar quedar afuera de una de las expansiones petroleras y gasíferas más importantes de la región.
Pero el planteo de Ferraro introduce la otra cara de esa política. Antes de exigirles a las empresas que elijan, el Estado deberá resolver qué hacer con aquellas que ya están de los dos lados o arrastran sanciones anteriores mientras participan de proyectos argentinos.