El Certificado único de discapacidad que venció antes de 2025 ya no tiene más prórrogas: qué hacer ahora
La ANDIS extendió los CUD vencidos, pero quienes no renovaron los de 2022, 2023 ó 2024 están en infracción y pueden perder sus beneficios.
El Gobierno nacional acumuló durante los últimos años una serie de extensiones extraordinarias para los Certificados Únicos de Discapacidad (CUD), el documento que habilita el acceso a transporte gratuito, cobertura médica integral y otros derechos reconocidos por las leyes 22.431 y 24.901. Esa política de prórrogas sucesivas generó una confusión que hoy tiene consecuencias concretas: miles de titulares creen estar cubiertos cuando en realidad su certificado carece de validez legal.
El punto de quiebre es claro. A través de la Resolución 2520/2024, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) confirmó una prórroga para los certificados, tanto en su versión en papel como digital, cuyo vencimiento estaba programado para 2025. La extensión fue de un año exacto: quienes debían renovar entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 tienen plazo hasta la misma fecha de 2026. Hasta ahí llega el paraguas oficial.
Lo que esa medida no cubre es lo que está generando el problema. Aquellos cuyo vencimiento correspondía a 2022, 2023 o 2024 debieron ser renovados el año pasado, ya que no se encuentran alcanzados por la medida. En otras palabras, la prórroga no es retroactiva ni acumulativa: aplica solo al período que expresamente menciona la resolución.
Qué pasa con un CUD vencido sin renovar
Las consecuencias no son administrativas en abstracto. Al carecer de validez legal en las bases de datos de la Secretaría Nacional de Discapacidad (ANDIS) y de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), estos perfiles quedan expuestos a suspensiones preventivas en sus prestaciones económicas y asistenciales.
Dicho de otro modo: un titular con CUD vencido en 2023 que nunca tramitó la renovación puede seguir teniendo el plástico en la billetera, pero el sistema ya no lo reconoce. La baja de cobertura y de asignaciones específicas ante ANSES puede operar de manera automática una vez que el organismo actualiza sus padrones.
La Secretaría Nacional de Discapacidad —organismo que absorbió las funciones de la antigua ANDIS— ratificó las nuevas pautas de actualización y prórroga con el objetivo de simplificar el acceso a derechos fundamentales sin interrumpir las coberturas médicas ni los beneficios sociales. La reorganización tiene como eje central evitar la saturación de las juntas evaluadoras y garantizar que el documento mantenga su plena validez jurídica.
El cambio de nombre del organismo —de ANDIS a Secretaría Nacional de Discapacidad, rebautizada también como SENADIS en algunas comunicaciones— no modifica los plazos ni los procedimientos. El trámite sigue siendo el mismo; lo que cambió es la urgencia para quienes llevan uno, dos o tres años con el certificado vencido.
Quiénes deben renovar y cómo hacerlo
Deben iniciar el trámite de renovación aquellas personas cuyos certificados tengan fecha de vencimiento original en 2026, o aquellos casos que posean documentos con fechas de actualización en 2022, 2023 o 2024 y que no hayan regularizado su situación durante el período de excepciones anterior.
El procedimiento tiene dos vías. La digital se gestiona a través de la aplicación Mi Argentina, donde el titular completa un formulario con información personal y médica, adjunta la documentación requerida y aguarda la asignación de turno. La presencial requiere concurrir directamente a la Junta Evaluadora más cercana al domicilio, que puede localizarse a través del sitio oficial del Gobierno nacional.
En ambos casos, la documentación básica es la misma: certificado médico actualizado —con no más de seis meses de antigüedad— que incluya el diagnóstico completo; informes y estudios médicos recientes; DNI original y legible; y, según corresponda, comprobante de obra social o prepaga, recibo de sueldo o, en caso de ser jubilado o pensionado, recibo de haberes.
La evaluación que define el resultado
El trámite no concluye con la presentación de papeles. El trámite concluye con una evaluación interdisciplinaria, instancia en la que profesionales de distintas áreas analizan la documentación presentada y determinan si corresponde la renovación del certificado. Al recibir la aprobación, se entrega el nuevo CUD en formato físico y, al mismo tiempo, se suma la versión digital del certificado en la plataforma Mi Argentina.
En esta nueva etapa, los profesionales tienen la facultad de solicitar estudios adicionales si la evidencia médica presentada no resulta concluyente para determinar el grado de discapacidad. Eso implica que conviene llegar a la junta con la carpeta médica lo más completa posible para evitar demoras que, en un contexto de urgencia, pueden traducirse en semanas sin cobertura activa.
Las condiciones de salud contempladas por la normativa para la obtención o renovación del CUD abarcan un espectro amplio: discapacidad intelectual y mental, visual, motora, auditiva, respiratoria, cardiovascular, renal urológica, y digestiva o hepática.
Una confusión con costo real
La acumulación de prórrogas sucesivas entre 2020 y 2025 instaló en muchos titulares la expectativa de que el Estado siempre terminaría extendiendo los plazos. Esa lógica ya no aplica. La medida tiene como principal objetivo el pleno ejercicio del derecho de las personas con discapacidad y evitar la saturación de turnos. El argumento oficial es ordenar el sistema, no castigar a los beneficiarios. Pero el efecto práctico para quien dejó vencer el certificado en 2023 y no actuó en 2025 es el mismo: está fuera del padrón.
La ventana para regularizar la situación existe, pero requiere iniciativa inmediata. Los turnos en las juntas evaluadoras tienen demanda creciente y la documentación médica exigida —en particular el certificado con menos de seis meses de antigüedad— obliga a iniciar gestiones paralelas. Cuanto más se postergue el trámite, mayor es el riesgo de quedar varios meses sin acceso a los beneficios que el propio certificado garantiza.