De $ 22.000 a $ 300.000: el nuevo costo de la licencia profesional bonaerense que genera quejas
El nuevo esquema para tramitar la licencia de conducir profesional interjurisdiccional en la Provincia elevó el costo total hasta casi $300.000.
La implementación de un nuevo sistema para obtener y renovar las licencias de conducir profesionales de carácter interjurisdiccional en la provincia de Buenos Aires generó una fuerte polémica desde su entrada en vigencia, el pasado 6 de julio. Transportistas, dirigentes políticos y trabajadores del sector denuncian que el costo total del trámite, que hasta hace pocas semanas rondaba los $20.000 o $22.000, puede alcanzar ahora cifras cercanas a los $250.000 o incluso $300.000, según el distrito y el prestador que se utilice.
El cambio se originó en el Decreto 196/2025, mediante el cual el Gobierno nacional eliminó la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LINTI) y delegó en las provincias la emisión de las licencias para quienes realizan transporte de pasajeros o cargas entre distintas jurisdicciones. A partir de esa modificación, la provincia de Buenos Aires firmó un convenio con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) para asumir el otorgamiento de este tipo de licencias, que alcanzan a las categorías profesionales C, D y E —transporte de carga, de pasajeros y vehículos articulados o maquinaria especial no agrícola—.
Con el nuevo esquema, los conductores que tramitan por primera vez, renuevan o amplían este tipo de licencias deben completar parte del proceso a través de prestadores privados habilitados por la ANSV, además del trámite municipal tradicional. Según las denuncias del sector, el trámite en la municipalidad continúa teniendo un costo relativamente bajo —entre $20.000 y $39.000, según el distrito—, pero la incorporación obligatoria de evaluaciones psicofísicas y capacitaciones en esos prestadores privados eleva el costo total del proceso hasta valores que, según los propios prestadores, oscilan entre $150.000 y $180.000 adicionales.
-
Te puede interesar
La carrera corta y gratuita de la UBA que forma en análisis de datos e IA
Un cambio que afecta a más de 680.000 conductores
La modificación alcanza, según las estimaciones oficiales, a más de 680.000 conductores bonaerenses con licencias profesionales, y comenzó a regir en todo el territorio provincial este mes. Debido a los problemas operativos reportados durante los primeros días de implementación y a las críticas del sector, la Provincia evalúa actualmente la posibilidad de postergar la entrada en vigencia plena del sistema por 60 días adicionales.
Los cambios no alcanzan a la totalidad de las licencias profesionales: las modificaciones rigen únicamente para las de carácter interjurisdiccional, mientras que las licencias para circular exclusivamente dentro del territorio de la provincia de Buenos Aires continúan tramitándose de la manera tradicional, en los centros municipales de emisión, sin el paso adicional por prestadores privados. La normativa estableció además que las subclases C.2, C.3 y E.1 son siempre de carácter interjurisdiccional, mientras que otras categorías, como C.1 o las D.1 a D.4, pueden tramitarse bajo modalidad jurisdiccional o interjurisdiccional, según la actividad específica que desarrolle cada conductor.
Cuestionamientos de la oposición y respuesta del Gobierno provincial
El nuevo esquema despertó críticas puntuales desde distintos sectores de la oposición. Los legisladores Santiago y Manuel Passaglia, del espacio UCR + Nuevos Aires, denunciaron un incremento superior al 1.200% en el costo del trámite y cuestionaron que el mecanismo beneficiaría, en los hechos, a prestadores externos vinculados al Sindicato de Camioneros. Desde el bloque también se presentaron pedidos de informes en distintos concejos deliberantes municipales para conocer el listado completo de prestadores habilitados en cada distrito.
Consultado por estas críticas, el Gobierno provincial que conduce Axel Kicillof sostuvo que la administración bonaerense no fue la que habilitó a los prestadores externos, sino que se limitó a firmar un convenio con la Nación para habilitar centros bajo un esquema de libre competencia, en el que cada prestador establece de manera autónoma el valor de sus servicios. Desde el Ejecutivo provincial remarcaron, además, que el objetivo del cambio es mejorar la trazabilidad del proceso y reforzar los controles sobre las evaluaciones psicofísicas y las capacitaciones que deben aprobar los conductores profesionales en todo el país.
Con la implementación todavía en su etapa inicial y la posibilidad de una prórroga de 60 días sobre la mesa, la definición final del esquema —y de sus costos— seguirá bajo la lupa de un sector que representa a cientos de miles de trabajadores del transporte de cargas y pasajeros en todo el territorio bonaerense.