Cachi, Cafayate, Tilcara y Purmamarca: cuando el turismo y la minería disputan el mismo suelo
En los valles y quebradas más visitados del noroeste argentino, la presión extractiva sobre territorios de altísimo valor cultural y paisajístico abre una tensión que el Estado busca resolver.
Deslumbrante paisaje de Cachi, en Salta.
ShutterstockEl norte argentino tiene dos caras que el visitante rara vez ve al mismo tiempo. La primera es la que aparece en las fotos: el Cerro de los Siete Colores en Purmamarca, los cardones gigantes del parque nacional a las afueras de Cachi, la Garganta del Diablo en la Quebrada de Humahuaca, el Pucará de Tilcara, los viñedos de altura en Cafayate. La segunda es la que está debajo, literal y metafóricamente: minerales. Oro, plata, cobre, litio, uranio, plomo, zinc. El subsuelo del NOA es tan rico en recursos como su superficie es excepcional desde el punto de vista cultural y paisajístico. Y esa superposición genera una de las tensiones territoriales más complejas de la Argentina contemporánea.
No es un conflicto nuevo. Pero se reaviva con cada ciclo alcista de los metales, con cada nueva política de incentivo a la inversión extractiva, con cada proyecto que aparece en el boletín oficial de Salta o Jujuy y llega a los pueblos como una noticia que nadie esperaba. Hoy, con el oro en máximos históricos, el litio consolidado como mineral estratégico global y el cobre en el centro de la transición energética, el debate volvió a encenderse en valles y quebradas que muchos argentinos conocen solo por sus postales.
La Quebrada: Patrimonio de la Humanidad con minería adentro
La Quebrada de Humahuaca es el caso más paradigmático. Declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 2003, el sitio patrimonial abarca más de 150 kilómetros siguiendo el curso del río Grande e incluye los pueblos de Volcán, Tumbaya, Purmamarca, Maimará, Tilcara, Huacalera, Uquía, Iturbe, Tres Cruces, Hipólito Yrigoyen y Humahuaca. En estas localidades se conservan expresiones vivas como el culto a la Pachamama, la música andina, la arquitectura tradicional y los sistemas agrícolas en terrazas heredados de épocas precolombinas.
La declaración de la UNESCO no excluyó la actividad minera de facto. Con excepción de la Mina Aguilar —que extrae plomo, plata y zinc desde hace más de 90 años y estaba en actividad cuando se declaró el Patrimonio— y una cantera de calizas en Volcán, las demás explotaciones en la Quebrada se encuentran inactivas. La declaración de Patrimonio Cultural establece restricciones: no se puede alterar el paisaje visual ni provocar contaminación ambiental, y los estudios de impacto deben ser aprobados por la autoridad minera y las instituciones de Cultura y Turismo.
Sin embargo, la presión existió y volvió a manifestarse en distintos momentos. En 2008, vecinos de Tilcara y Juella expulsaron a Uranios del Sur, una empresa de origen suizo que pretendía explotar uranio y torio en la localidad de Juella, a 17 kilómetros de Tilcara. La Municipalidad Indígena de Tilcara dictó una ordenanza prohibiendo la megaminería en toda su jurisdicción. En 2014, Huacalera siguió el ejemplo con su propia ordenanza municipal. Esas resoluciones locales no tienen fuerza de ley provincial ni nacional, pero expresan una voluntad política comunitaria que los inversores deben contemplar si aspiran a algo más que un cateo en el boletín oficial.
En diciembre de 2025, la Quebrada definió su agenda para el año siguiente desde una óptica completamente distinta. El Consejo Provincial de Turismo de Jujuy reunió a municipios de Maimará, Volcán, Purmamarca, Humahuaca y Tilcara, encabezados por el ministro Federico Posadas, para articular el calendario turístico, la señalización patrimonial y la capacitación de prestadores. "La Quebrada es la locomotora del turismo en la provincia de Jujuy", sintetizó el funcionario. El foco, al menos en el plano discursivo oficial, es el turismo. Pero el subsuelo sigue ahí.
Los Valles Calchaquíes: belleza, vino y resistencia
A unos 200 kilómetros al sur, en Salta, los Valles Calchaquíes enfrentan una versión diferente del mismo dilema. Cachi, ubicada a 3.000 metros sobre el nivel del mar, rodeada de picos nevados y del Parque Nacional Los Cardones, es una de las postales más convocantes del circuito turístico del NOA. Junto a otros nueve municipios —La Poma, Payogasta, Seclantás, Molinos, Angastaco, San Carlos, Animaná, Cafayate y Guachipas— firmó en octubre de 2024 un convenio para desarrollar un Plan Estratégico de Turismo Sustentable, con foco en circuitos de trekking, puestos de montaña, rutas temáticas y emprendedores locales.
El plan reconoce los activos del territorio con claridad. La región cuenta con la Ruta Nacional 40, el Qhapaq Ñan —Camino del Inca—, la marca Valles Calchaquíes, los vinos de altura de Cafayate y cuatro áreas protegidas: el Parque Nacional Los Cardones, la Quebrada de las Conchas, la Reserva Natural de Angastaco y la del Acay. Es un capital paisajístico y cultural formidable. El problema es que ese mismo territorio tiene debajo un subsuelo que distintos actores —desde la provincia hasta corporaciones internacionales— miran con interés creciente.
En octubre de 2022, el gobierno de Salta informó oficialmente el descubrimiento de un yacimiento diseminado de oro y cobre en un sector montañoso del Alto Valle Calchaquí, en el área limítrofe entre los departamentos de Cachi y Molinos. La noticia llegó a las comunidades diaguitas calchaquíes, que se movilizaron ante los posibles efectos de la extracción sobre el agua y el paisaje. El yacimiento en cuestión —cuya operadora figuraba como Yacones SRL— generó asambleas de vecinos en Fuerte Quemado, Las Mojarras, Santa María y las localidades circundantes. La respuesta comunitaria fue contundente.
En abril de 2026, organizaciones vecinales, comunitarias e indígenas del Valle de Yokavil y los Valles Calchaquíes lograron frenar el avance del proyecto Sofia Gold, que pretendía operar en la zona. Los vecinos de Fuerte Quemado describieron cómo la noticia del proyecto "llegó a quitarles la paz" y derivó en un proceso de autoconvocatoria que atravesó varios pueblos.
El agua como nudo del conflicto
En ambas regiones —la Quebrada y los Valles— el argumento que más peso tiene en la resistencia comunitaria no es el paisajístico sino el hídrico. En ecosistemas áridos de alta montaña, donde el agua es escasa, estacional y compartida entre comunidades campesinas, agricultores y prestadores turísticos, cualquier actividad que altere los acuíferos o consuma grandes volúmenes de agua choca con un límite de supervivencia.
En los Valles Calchaquíes salteños, los vecinos que se opusieron a proyectos de oro y cobre señalaron que la extracción mediante el método de lixiviación —el más habitual en yacimientos diseminados de este tipo— requiere millones de litros de agua proveniente del río Calchaquí, fuente de abastecimiento para campesinos y comunidades de toda la región. No es una proyección alarmista: es la lógica operativa de los proyectos mineros que se proponen en zona de alta montaña con escasez hídrica estructural.
El turismo, además, depende de ese mismo recurso. Los hoteles boutique de Cachi, las bodegas de Cafayate, los sistemas de riego de los agricultores que abastecen los mercados locales y los propios atractivos paisajísticos —ríos, lagunas, vegas altoandinas— son incompatibles con una degradación del agua. La ecuación es simple aunque difícil de administrar políticamente.
La provincia apuesta a los dos, pero no explica cómo
El gobierno de Salta no oculta su voluntad de impulsar ambas industrias simultáneamente. En su Plan de Desarrollo Estratégico 2030-2050, la provincia definió la minería, el turismo, la energía y la agroindustria como ejes fundamentales, y agregó la economía del conocimiento como quinto pilar. El gobernador Gustavo Sáenz se reunió en 2025 con el embajador saudí en Argentina para avanzar en una agenda de cooperación sobre minerales críticos, y Salta impulsó proyectos mineros por más de 9.000 millones de dólares bajo el régimen RIGI.
Al mismo tiempo, el gobierno salteño impulsó proyectos de "minería social" con emprendedores y municipios de Cachi, Molinos y otras localidades, orientados a minerales de tercera categoría como cerámicas, ladrillos, sales y ornamentación, buscando vincular a las comunidades pequeñas con formas menores de actividad extractiva que no comprometan el paisaje ni el agua. Es una distinción importante: hay minería artesanal y de pequeña escala que coexiste con el turismo sin tensión, y hay megaminería que no puede hacerlo.
El problema es que la frontera entre una y otra no está fijada de manera clara en las políticas provinciales, y los proyectos de escala mayor —los que realmente mueven el tablero fiscal de una provincia— son los que justamente generan el conflicto. Cuando un boletín oficial anuncia el descubrimiento de un yacimiento de oro en el Alto Calchaquí, los vecinos de Cachi no leen una nota de minería social. Leen una amenaza a lo que construyeron durante décadas.
Un dilema sin respuesta fácil
Sería deshonesto presentar esta tensión como un conflicto entre buenos y malos. La minería a gran escala, bien regulada y con licencia social genuina, puede coexistir con comunidades que preservan su identidad y su entorno. Hay ejemplos en el mundo —aunque son menos frecuentes de lo que los promotores del sector reconocen. Y también es cierto que la oposición absoluta a cualquier tipo de extracción en territorios patrimoniales o turísticos puede llevar a conservar la pobreza junto con el paisaje.
Lo que está claro es que el norte argentino no puede sostener el modelo de los dos discursos paralelos: el que le habla a los inversores en las ferias mineras internacionales y el que le habla a los vecinos de Cachi y Tilcara en las asambleas. En algún momento, esos discursos se encuentran en el mismo territorio, sobre el mismo río, sobre el mismo suelo. Y entonces hay que elegir, o diseñar con mucho más cuidado que hasta ahora qué se extrae, dónde, cómo y con qué salvaguardas reales.
El turismo del norte argentino vale por lo que tiene. Ese valor es, en buena medida, irreproducible. Una vez que se altera el paisaje visual de la Quebrada o se contamina un río en los Valles Calchaquíes, no hay regalía provincial que lo devuelva. Eso no es un argumento contra la minería en el NOA. Es un argumento siempre presente.