Sea Lion, entre la guía británica y la denuncia penal: Londres blinda a las petroleras y Buenos Aires cita a los embajadores
Tras la denuncia argentina contra cinco firmas, Londres publicó una guía para inversores y respaldó a las empresas. La Cancillería convocó a los embajadores.
Londres subió el tono. El viernes, la subsecretaria parlamentaria de Estado para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, calificó de "inaceptables" y "sin justificación legal" los cargos que la Argentina impulsa contra empresas y personas que hacen negocios en las Islas Malvinas. Agregó que el Gobierno británico y su red diplomática las respaldan "plenamente" y que cuentan con "todo nuestro apoyo".
La réplica argentina llegó en cuestión de horas. El canciller Pablo Quirno sostuvo que "a nosotros nos parece ilegal que ellos den por sentada la soberanía de las Malvinas cuando están en disputa" y aclaró que el país "no tiene absolutamente ninguna intención belicosa". Después llevó el conflicto al terreno del mercado: los actores privados, dijo, deberán elegir entre una situación de ilegitimidad y las oportunidades "legítimas" que ofrece la Argentina.
El expediente de fondo tiene nombre propio: Sea Lion, el proyecto petrolero offshore ubicado a unos 220 kilómetros al norte del archipiélago, en la Cuenca Malvinas Norte. Lo desarrollan la israelí Navitas Petroleum, que tiene la participación mayoritaria, y la británica Rockhopper Exploration, que conserva el resto. Ambas afirman que operan con licencias válidas otorgadas por las autoridades de las islas y respaldadas por el Reino Unido. Para la Casa Rosada, en cambio, son "licenciatarias ilegítimas".
Diez días de escalada
La secuencia arrancó a comienzos de septiembre, cuando la Argentina presentó denuncias penales contra cinco firmas vinculadas a Sea Lion. Nueve días más tarde, el 15, Londres difundió la guía "Haciendo negocios con las Islas Malvinas", destinada a empresas que operan en el archipiélago o que le suministran bienes y servicios, directa o indirectamente. El documento sostiene que la Argentina no tiene soberanía ni jurisdicción sobre las islas y que su legislación no puede aplicarse a las compañías que trabajan allí.
La Cancillería respondió el martes con su "más enérgico rechazo" y convocó a los embajadores del Reino Unido y de Israel, país de origen de Navitas, para entregarles notas de protesta. En su comunicado sostuvo que ninguna guía gubernamental extranjera puede situarse por encima del derecho nacional argentino y del derecho internacional.
En paralelo corre la vía judicial. Según trascendió, la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, ordenó a Rockhopper y Navitas que se abstengan de iniciar o continuar obras de perforación y extracción comercial. El dato aparece en pocas fuentes y no está confirmado en toda la cobertura, por lo que corresponde tomarlo con reserva. El Gobierno, además, inició procedimientos sancionatorios contra empresas, accionistas y prestadores de servicios vinculados a actividades que considera ilegales, y por decreto advirtió que las petroleras que persistan quedarían vetadas de invertir en el país.
El jueves se sumó el frente legislativo. El Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, un texto de algo más de 40 páginas firmado por Javier Milei, Diego Santilli, Pablo Quirno y Luis Caputo, que entre otros puntos contempla sanciones para las petroleras que operen en la zona de las islas. La Casa Rosada lo presentó como "un hito en el proceso de recuperación de las islas".
Sea Lion, el proyecto que ordena la disputa
En diciembre de 2025, el gobierno de las islas informó que Navitas y Rockhopper habían tomado la decisión final de inversión para avanzar con el desarrollo del área norte de Sea Lion. Fijó, además, condiciones vinculadas con el tratamiento fiscal, la seguridad para los inversores y el acceso a las tierras necesarias para la obra. El régimen isleño para la actividad petrolera contempla, según su propia descripción, una regalía del 9% sobre el valor del crudo producido y un impuesto corporativo del 26% sobre las ganancias ajustadas.
Ese es el tablero que Buenos Aires intenta alterar, y no necesariamente golpeando a las dos operadoras. La presión apunta a quienes las rodean: proveedores, accionistas, prestadores de servicios. Minergy ya había informado que hay firmas que trabajan para VMOS y Vaca Muerta y que también lo hacen para Sea Lion. En ese cruce la advertencia argentina puede tocar intereses de la cadena que sostiene el crecimiento del petróleo no convencional. Cuáles serían alcanzadas y con qué mecanismo no surge de la información disponible.
Estados Unidos entró en escena como variable. A fines de agosto, Donald Trump dijo que revisa "cada posición" cuando le preguntaron por la soberanía del archipiélago, sin anticipar cambios concretos. Washington mantiene desde 1982 una posición formal de neutralidad. Quirno encuadró el pronunciamiento estadounidense como "una diferencia" de EE.UU. con el Reino Unido, lo consideró "beneficioso" para la Argentina y agregó que "EE.UU. tiene 52 cartas en el mazo para poner sobre la mesa y eligió poner Malvinas".
Dos lecturas sobre el derecho a explotar
El argumento británico gira alrededor de la autodeterminación. "Las islas son británicas y la gente allí tiene derecho a desarrollar sus recursos naturales como considere conveniente", planteó Kumaran, y agregó que las decisiones sobre hidrocarburos son un asunto comercial "para los isleños y las empresas involucradas". También recordó que no es la primera vez que un gobierno argentino recurre a amenazas económicas contra los isleños y que, pese a eso, la economía de las islas "continúa prosperando".
La Argentina parte de otro lugar: la soberanía está en disputa, las islas "se encuentran ilegítimamente ocupadas" y explotar recursos en ese marco es una actividad ilegítima. Quirno describió la estrategia como "integral" y la vinculó con la "valorización" de recursos dentro del país.
Las dos posiciones son incompatibles y ninguna cede. Lo que cambia es el instrumento: la guía británica y el proyecto de ley funcionan como mensajes dirigidos menos a la contraparte que a bancos, aseguradoras, contratistas e inversores que tienen que decidir con quién trabajar.
La atención está ahora en tres carriles: el trámite del proyecto en el Congreso, la evolución de la causa penal y de la orden judicial, y la reacción de las empresas de la cadena de servicios.