RIGI y 30 años de reglas fijas: ¿estamos listos para una eternidad de políticas predecibles?

A cambio, el país recibe inversión que de otra manera no llegaría. Esa es la teoría. Y hay evidencia de que funciona: con más de 78.000 millones de dólares en promesas distribuidas entre minería y energía, de los cuales cerca de US$ 18.000 millones ya fueron aprobados y otros US$ 14.000 millones permanecen en carpeta a la espera de definiciones, según información oficial. Con el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur en construcción y el GNL financiado con contratos de venta a Europa, los números son reales. Concretos. Verificables.

El RIGI abarca un universo heterogéneo de proyectos que refleja la riqueza del subsuelo argentino. En minería, los activos más relevantes son de cobre —con Vicuña, Josemaría, Filo del Sol y Pachón como principales exponentes en San Juan— y de litio, concentrado en el noroeste del país, en particular en Salta y Jujuy, dentro del llamado Triángulo del Litio. También integran el régimen proyectos de oro y plata, como Veladero de Barrick Mining y Gualcamayo de Minas Argentinas. En el sector energético, el protagonismo es de los hidrocarburos: Vaca Muerta Oil Sur, con US$ 2.900 millones, y el desarrollo de GNL de Southern Energy, con US$ 6.878 millones, son los proyectos de mayor envergadura aprobados hasta ahora.

A esto se suman iniciativas de gas natural licuado orientadas a la exportación, que buscan posicionar a Argentina como proveedor energético global en un contexto donde Europa y Asia demandan fuentes alternativas al gas ruso. El denominador común de todos estos proyectos es su escala: ninguno es una apuesta menor, y todos requieren décadas de operación para amortizar la inversión inicial.

El problema no es que el RIGI no funcione. El problema es que nadie está discutiendo a qué precio funciona. Y ese precio existe, aunque incomode nombrarlo.

El argumento del Gobierno nacional

La posición oficial tiene lógica interna y es honesta en su diagnóstico. Argentina lleva décadas siendo impredecible para el capital de largo plazo. Cada gobierno cambió las reglas de su predecesor. Las retenciones suben y bajan con los ciclos políticos. Los contratos se renegocian por decreto. Las empresas aprendieron que en Argentina el riesgo regulatorio es tan alto como el riesgo geológico, y empezaron a pedir primas de riesgo acordes o, directamente, a no venir. El RIGI es la respuesta a ese diagnóstico: si no podemos ofrecerles estabilidad a través de la historia institucional, se la ofrecemos a través de la ley. Treinta años de reglas fijas como sustituto de 30 años de confianza que no supimos construir.

Las multinacionales que firmaron en el RIGI no son empresas que se arriesgan por simpatía. Glencore, Rio Tinto, BHP, Lundin, el consorcio de Vaca Muerta Oil Sur: vienen porque los números les cierran. Y los números les cierran porque el RIGI hace que Argentina compita en igualdad de condiciones con Chile y Perú, que ofrecen regímenes similares desde hace años. En ese sentido, el régimen resolvió un problema real con una herramienta real. El atractivo inversor de Argentina en minería y energía no es un relato: es una realidad que se mide en dólares comprometidos y equipos en la cordillera.

Pero reconocer que funciona no es lo mismo que decir que es gratis.

Los argumentos de los objetadores

Los críticos del RIGI tienen una objeción igualmente coherente, y merece ser planteada con precisión porque suele perderse en la denuncia fácil. Un Estado que congela sus propias reglas por 30 años no está ofreciendo seguridad jurídica en el sentido clásico del término. Está cediendo soberanía regulatoria. La diferencia importa más de lo que parece. La seguridad jurídica significa que las reglas del juego son claras y estables. La cesión de soberanía regulatoria significa que el Estado pierde la capacidad de cambiar esas reglas cuando las circunstancias lo exigen, aunque esas circunstancias sean una crisis hídrica, una emergencia ambiental o un cambio en los precios internacionales que vuelva obscenas las ganancias de los proyectos mientras las comunidades locales siguen esperando el derrame.

Si en 2035 el precio del litio se triplica y un gobierno decide aumentar las regalías, las empresas con RIGI pueden llevar al país al CIADI. Si en 2030 hay restricciones ambientales más estrictas al fracking en la Patagonia, el régimen puede interpretarse como una protección frente a esa regulación. Nadie sabe si esos escenarios van a ocurrir. Pero el punto es que el Estado argentino firmó que si ocurren, sus manos estarán atadas. Eso no es un detalle técnico. Es una decisión política de enorme magnitud que se tomó sin el debate que merecía.

La comparación que nadie hace

El debate sobre el RIGI invoca sistemáticamente a Chile y Perú como modelos exitosos. Lo que raramente se menciona es que esos países tienen una diferencia fundamental con Argentina: sus instituciones fiscales y regulatorias son estructuralmente más estables, lo que cambia radicalmente el costo de las garantías que ofrece. En Chile, el régimen de invariabilidad tributaria para la minería operó sobre un Estado que mantuvo cierta coherencia regulatoria a lo largo del tiempo. En Argentina, el RIGI opera sobre un Estado que en los últimos 20 años renegoció contratos petroleros por decreto, cambió las reglas cambiarias para las exportaciones más de una docena de veces y alternó entre estatizaciones y privatizaciones según el signo político de turno.

Eso no es un argumento en contra. Es un argumento que explica por qué el RIGI es más costoso en Argentina que en otros países: porque las garantías que ofrece son más grandes en proporción al riesgo que pretenden cubrir. Dicho de otro modo: cuando un Estado con alta credibilidad ofrece estabilidad por 30 años, el costo de esa promesa es bajo porque de todas formas iba a cumplirla. Cuando un Estado con baja credibilidad hace lo mismo, el costo es alto porque está resignando su capacidad de corrección futura a cambio de una señal de confianza que necesita con urgencia.

La pregunta que el RIGI no responde

Hay algo que el régimen no resuelve por diseño propio: la distribución de la renta. Los beneficios para las empresas están escritos con precisión quirúrgica en la Ley Bases. La reducción de Ganancias al 25 %. La exención de retenciones. La libre disponibilidad de divisas a partir del tercer año. Todo eso está claro. Lo que no está escrito con la misma claridad es cuánto de la renta extraordinaria que generan estos proyectos queda en Argentina. Cuánto van a cobrar las provincias en regalías sobre proyectos que operarán durante décadas. Cuánto van a generar en empleo local las iniciativas que importan equipos sin aranceles. Cuánto del valor agregado del litio y el cobre va a procesarse dentro del país en lugar de salir como materia prima.

El RIGI resolvió el problema de la inversión. No resolvió el problema del desarrollo. Y esa distinción, que puede sonar académica en 2026, va a ser políticamente explosiva en 2030 cuando los proyectos estén en plena producción, las ganancias sean visibles y las comunidades locales sigan preguntando qué les tocó a ellas.

Lo que Argentina se juega

Argentina tiene en su subsuelo una riqueza que el mundo necesita con urgencia. El cobre para la transición energética, el litio para las baterías, el gas para Europa que busca independizarse del suministro ruso. El momento geopolítico es extraordinario y no va a repetirse en las mismas condiciones. Aprovechar ese momento requería una señal fuerte al capital internacional, y el RIGI fue esa señal. En ese sentido, fue una decisión correcta.

Pero una decisión correcta tomada sin debate suficiente, sin mecanismos claros de distribución de la renta y sin respuestas a las preguntas sobre soberanía regulatoria no es una política completa. Es la mitad de una política. La otra mitad —qué hace Argentina con lo que genera, cómo se asegura de que las provincias mineras y las comunidades locales vean algo más que camiones cargados de mineral cruzando la frontera— está todavía sin escribir. Y esa es, precisamente, la conversación que este país necesita tener antes de que los proyectos estén tan avanzados que ya no haya margen para plantearla.

El RIGI funciona. La pregunta sigue siendo a qué precio. Y esa pregunta, en la Argentina, no la responde ningún prospecto de inversión.