Qué es el Súper RIGI, el nuevo régimen que Diputados aprobó con media sanción
El proyecto crea un régimen de beneficios fiscales y aduaneros por 30 años para inversiones de más de US$1.000 millones en industrias nuevas.
La Cámara de Diputados le dio media sanción este miércoles por la noche al proyecto conocido como Súper RIGI, con 130 votos a favor, 106 en contra y 7 abstenciones. El texto, oficialmente llamado Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, ahora pasa al Senado, donde deberá obtener su aprobación definitiva antes de convertirse en ley. Es decir: todavía no está vigente, aunque el oficialismo cuenta con mayoría favorable también en la cámara alta.
El Súper RIGI nace como una ampliación del RIGI original, vigente desde mediados de 2024 y centrado en ocho sectores tradicionales —entre ellos minería, energía, y petróleo y gas— con un piso de inversión desde US$200 millones. El nuevo esquema apunta a un universo distinto: actividades que el Gobierno define como "genuinamente nuevas" para la Argentina, con un umbral de entrada mucho más alto, de US$1.000 millones por proyecto.
A diferencia del RIGI, que ya acumula 39 proyectos presentados por US$138.000 millones —con un potencial de 179.000 empleos y US$41.000 millones de exportaciones incrementales si se aprobaran todos—, el Súper RIGI excluye expresamente los proyectos de recursos naturales tradicionales y las ampliaciones de emprendimientos ya existentes. El objetivo declarado es atraer industrias que hoy no tienen desarrollo comercial en el país, no profundizar las que ya están en marcha.
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Qué cambia respecto al RIGI
El beneficio fiscal central es la baja del Impuesto a las Ganancias del 25% del RIGI al 15% para las empresas adheridas al Súper RIGI, junto con un esquema de amortización acelerada que permite deducir el 60% de la inversión en el primer año, el 20% en el segundo y el 20% restante en el tercero. El régimen también habilita deducir quebrantos sin límite de tiempo y transferirlos a terceros pasados cinco años, además de fijar una alícuota reducida del 3,5% sobre dividendos y utilidades.
En materia aduanera y cambiaria, el Súper RIGI garantiza arancel cero para las importaciones vinculadas a los proyectos y elimina por completo las retenciones a las exportaciones desde el primer día. A nivel provincial, exige que las jurisdicciones adheridas mantengan Ingresos Brutos por debajo del 0,5% y prohíbe la aplicación de tasas municipales sobre las ventas. La disponibilidad de divisas por exportaciones es progresiva —20% el primer año, 40% el segundo y 100% a partir del tercero—, igual que en el RIGI vigente.
Una diferencia que se sumó sobre la hora, durante el debate en el recinto, fue la incorporación de una cláusula de "Compre Nacional": el dictamen original no exigía ningún piso de proveedores locales, algo que generó críticas de la Unión Industrial Argentina, y terminó incorporándose un requisito de al menos 20% de la inversión destinado a proveedores argentinos, equiparable al que ya tiene el RIGI. También se sumó el doble cómputo de las inversiones en investigación y desarrollo, con un tope del 20% del monto mínimo exigido.
Los sectores que pueden tocar a la energía y la minería
Aunque el Súper RIGI excluye a la minería y la energía como sectores per se, varias de las actividades que menciona como destinatarias tocan de cerca la agenda de Vaca Muerta y el corredor minero del NOA y Cuyo: hidrógeno verde, baterías de litio, autos eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas, semiconductores, data centers de inteligencia artificial y proyectos vinculados a la cadena de valor del uranio. El secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, mencionó además la refinación y el laminado de cobre como una actividad que hoy no existe en el país, pero que podría volverse competitiva a medida que Argentina consolide su posición como productor de ese metal.
La iniciativa también surge en un contexto puntual: Sur Energy firmó una carta de intención con OpenAI para instalar un centro de datos de inteligencia artificial en la Patagonia por hasta US$25.000 millones, un proyecto que la oposición señaló reiteradamente durante el debate como uno de los principales destinatarios reales del nuevo régimen.
Las críticas de la oposición
Buena parte de la oposición cuestionó que el proyecto no especifique con precisión qué empresas o actividades quedarán comprendidas. El diputado Martín Lousteau recordó que el propio secretario González admitió no tener certeza sobre quiénes se beneficiarían, y calificó al esquema como "el más generoso de todos", con renuncia de soberanía y pérdida fiscal sin contrapartida clara. Otros legisladores, como Agustín Rossi, lo describieron como un "traje a medida" para grandes tecnológicas. También generó objeciones la cláusula que habilita a las empresas adheridas a recurrir a tribunales internacionales —CIADI, la Cámara de Comercio Internacional o la Corte Permanente de Arbitraje— ante controversias con el Estado argentino, y la definición de los derechos otorgados como "inversiones protegidas" bajo tratados internacionales.
Con la media sanción de Diputados, el proyecto pasa ahora al Senado, donde el oficialismo confía en contar con los votos necesarios para convertirlo en ley antes de fin de año.