Ley de Glaciares: las 8 claves de la reforma que se aprobó en el Congreso
Los cambios a la Ley de Glaciares incorporan criterios hídricos, redefine áreas protegidas y modifica la intervención provincial.
La modificación de la Ley de Glaciares quedó sancionada por el Congreso y redefine aspectos centrales del régimen que regula la protección de estas reservas estratégicas de agua. El nuevo texto incorpora cambios en criterios técnicos, en la distribución de competencias y en la interpretación de áreas alcanzadas por la norma, con impacto directo en la actividad minera y en la gestión ambiental en zonas cordilleranas.
Los puntos centrales para entender el alcance de la reforma:
1. Un cambio sobre una ley vigente
La norma modifica la Ley 26.639, sancionada en 2010, que establece presupuestos mínimos para la protección de glaciares y ambiente periglacial como reservas de agua dulce.
2. De protección amplia a criterio hídrico
Uno de los ejes de la reforma es el cambio en el alcance de la protección. El nuevo esquema introduce el criterio de “función hídrica efectiva”, lo que podría reducir el universo de áreas alcanzadas respecto del marco original.
3. El ambiente periglacial en el centro del debate
La definición de ambiente periglacial aparece como el punto técnico más relevante. Su delimitación determina qué zonas quedan bajo restricción y cuáles pueden habilitarse para actividades productivas.
4. Mayor rol de las provincias
La reforma otorga mayor peso a las jurisdicciones provinciales, que pasan a tener un rol más activo en la identificación de áreas protegidas y en la evaluación de actividades en su territorio.
5. Impacto directo en la minería
Los cambios introducidos abren la posibilidad de revisar restricciones vigentes y podrían habilitar o destrabar proyectos en zonas donde la interpretación de la ley limitaba el desarrollo.
6. El inventario como base técnica
El Inventario Nacional de Glaciares continúa como herramienta central para identificar los cuerpos de hielo, aunque su aplicación en la toma de decisiones queda sujeta a los nuevos criterios definidos por la ley.
7. Unificación de criterios y menor conflictividad
La modificación busca reducir la dispersión interpretativa que generó conflictos judiciales entre empresas, provincias y el Estado nacional en la aplicación de la norma.
8. Un debate que excede lo técnico
La sanción se inscribe en una discusión más amplia sobre el equilibrio entre desarrollo productivo y protección ambiental, en un contexto donde la minería gana relevancia en la agenda económica y energética.