Ley de Glaciares: el Gobierno nacional sostiene que las críticas desconocen las capacidades provinciales
Luis Lucero expuso en Diputados y defendió la capacidad técnica de las provincias para evaluar proyectos en el marco de la Ley de Glaciares.
El debate por la reforma de la Ley de Glaciares sumó un nuevo capítulo en la Cámara de Diputados, donde el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, expuso ante el plenario de comisiones con un eje claro: la defensa de las capacidades provinciales en la gestión de los recursos naturales. La iniciativa, que ya cuenta con media sanción del Senado, se encuentra en etapa de análisis legislativo y concentra uno de los debates más sensibles entre desarrollo productivo y regulación ambiental .
Durante su intervención, el funcionario sostuvo que parte de las críticas al proyecto implican un cuestionamiento directo al esquema federal establecido en la Constitución. “Los ataques al proyecto han implicado un menosprecio ofensivo a las capacidades provinciales”, afirmó, al referirse a los planteos que ponen en duda la posibilidad de que las jurisdicciones administren sus propios recursos con criterios técnicos y ambientales.
Federalismo y gestión de los recursos
Lucero defendió que la reforma respeta los principios constitucionales, en particular lo establecido en los artículos 41 y 124, que asignan a las provincias el dominio sobre los recursos naturales. En ese marco, interpretó que el debate no se limita al contenido técnico de la ley, sino que también involucra la discusión sobre quién toma las decisiones en el territorio.
El funcionario planteó que las provincias cuentan con herramientas institucionales y técnicas para evaluar proyectos, incluyendo los estudios de impacto ambiental, y que el esquema propuesto no modifica los estándares de protección vigentes sobre glaciares y ambiente periglacial. La normativa, según explicó, mantiene el principio de resguardo sobre las geoformas inventariadas, que sólo pueden ser intervenidas en función de evidencia científica.
Agua, minería y discusión pública
En relación con uno de los ejes más sensibles del debate, Lucero rechazó que la reforma implique riesgos para el recurso hídrico. “El agua dulce no es un verdadero problema, tenemos que distribuirla mejor y no es algo que queramos atacar”, señaló, al cuestionar los argumentos que vinculan la iniciativa con un eventual impacto sobre el abastecimiento.
También se refirió al desarrollo de la actividad minera, al indicar que su localización responde a condiciones geológicas y no a decisiones discrecionales. “La minería no elige dónde se hace, se hace donde la geología distribuyó los recursos”, sostuvo, al explicar las limitaciones que impone la normativa vigente en determinadas zonas.
En ese contexto, el funcionario cuestionó la forma en que se presenta el debate en la esfera pública y advirtió sobre la difusión de mensajes que, según indicó, simplifican el contenido del proyecto. Afirmó que existe una “campaña del miedo” en torno a la reforma y calificó como “una mentira” la idea de que su aprobación dejaría al país sin agua .
La exposición cerró con un planteo que combina variables institucionales y económicas: avanzar en un esquema que mantenga la protección ambiental, pero que al mismo tiempo permita a las provincias desarrollar proyectos productivos bajo criterios técnicos, con impacto en empleo e ingresos fiscales.