El Senado define si se perdona una deuda de US$1.842 millones a Edenor y Edesur
El proyecto, que ya tiene media sanción de Diputados, cruza un recorte a los subsidios de gas en zonas frías con el perdón de pasivos eléctricos históricos.
Habrá un registro único para todas las prestaciones con subsidios
Cada factura de luz y de gas que se paga este invierno está, de alguna manera, conectada con un debate que todavía no terminó en el Congreso. La Cámara de Diputados dio media sanción, con 131 votos afirmativos, a un proyecto de "medidas energéticas" que combina dos cosas que a primera vista no tienen nada que ver entre sí: un recorte a los subsidios de gas del Régimen de Zona Fría y un esquema de compensación de deudas que termina beneficiando, sobre todo, a Edenor y Edesur. El texto ahora está en el Senado, donde sigue generando resistencia.
El mecanismo central no es un perdón explícito, sino una compensación contable que produce el mismo efecto. Edenor reclamaba al Estado unos US$ 2.000 millones y Edesur cerca de US$1.200 millones, por ingresos que dicen no haber percibido durante los años de congelamiento tarifario; al mismo tiempo, ambas compañías acumulaban deudas con Cammesa por la compra de energía que no pagaron durante esos mismos años de emergencia. La ley permite cruzar ambos conceptos: las empresas usan ese crédito contra el Estado para cancelar lo que le deben a Cammesa. Según los datos incorporados al proyecto, el mecanismo termina implicando la condonación de aproximadamente US$1.842 millones en deudas históricas, de los cuales el 69% corresponde a Edenor y Edesur.
La discusión no es nueva: ya había fracasado una vez. El esquema había sido incorporado al proyecto de Presupuesto 2026 y estuvo cerca de aprobarse, pero terminó naufragando cuando el oficialismo intentó sumar sobre la marcha dos artículos para derogar las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad, lo que provocó el rechazo de legisladores del interior. Esta vez, el Gobierno decidió ampliar la base de beneficiarios para sumar apoyo político.
Un beneficio que se extendió más allá del AMBA
El esquema de compensación incorporó también a las distribuidoras eléctricas provinciales, una señal dirigida directamente a los gobernadores en plena negociación legislativa. Detrás de Edenor -con una deuda reprogramada de US$438 millones- y Edesur -con US$343 millones- aparecen las distribuidoras del interior bonaerense agrupadas en DESA (US$304 millones), la chaqueña Secheep (US$125 millones), Edelap del Gran La Plata (US$121 millones), la riojana Edelar (US$119 millones), Corrientes (US$63 millones), la misionera EMSA (US$58 millones), la salteña Edesa (US$50 millones), la mendocina Edemsa (US$23 millones) y unas veinte cooperativas bonaerenses que en conjunto adeudan otros US$60 millones.
El mecanismo, técnicamente, habilita la cancelación de pasivos mediante el reconocimiento de "activos regulatorios": las diferencias acumuladas por aumentos tarifarios que las empresas no pudieron aplicar desde la crisis de 2001. Es un concepto contable que viene de muy atrás y que el Gobierno decidió, ahora, saldar de una vez.
La resistencia que sigue en pie en el Senado
El proyecto llegó a la cámara alta con cuestionamientos que no son solo de la oposición. La Comisión de Usuarios Residenciales del Ente Regulador Eléctrico (CUENRE) advirtió que los llamados activos regulatorios "no constituyen actualmente una obligación cierta ni definitiva del Estado", ya que su legitimidad sigue discutida judicialmente en una causa en trámite, y remarcó que resulta contradictorio que el Estado sostenga en la Justicia la nulidad de ese acuerdo mientras impulsa una ley que, en los hechos, lo consolida. Hace apenas tres días, además, se presentó formalmente ante el Senado un pedido de rechazo al artículo 4 del proyecto, por considerar que genera un "gravísimo perjuicio económico" al Estado nacional, a las provincias y a los usuarios que terminarán afrontando el costo.
Mientras el debate sigue trabado en comisión, la facturas de gas en las zonas frías ya empezaron a sentir el otro lado de la misma ley: la reforma reemplaza el criterio geográfico vigente por un esquema segmentado según nivel de ingresos, lo que implica que parte de los usuarios incorporados en la ampliación de 2021 -más de 3,3 millones de personas- podrían perder el beneficio automático sobre sus tarifas. Ese invierno, mientras tanto, ya llegó.