El Gobierno extendió por un año el RIGI y lo habilitó a proyectos upstream de petróleo y gas
El RIGI busca consolidarse como herramienta para atraer capital internacional en sectores estratégicos.
Pozo de petróleo en Venezuela.
Noticias ArgentinasEl Gobierno nacional resolvió extender el plazo de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y sumar nuevos desarrollos vinculados al segmento upstream de petróleo y gas, en una decisión que amplía el alcance del esquema hasta julio de 2027 y redefine parte de su arquitectura para captar proyectos de mayor escala.
La medida fue comunicada por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien destacó que la actualización apunta a ordenar la reglamentación vigente y a consolidar previsibilidad para los inversores en sectores estratégicos. Entre los cambios centrales aparece la incorporación formal de iniciativas hidrocarburíferas en fase de exploración y producción, con un piso mínimo de inversión fijado en US$600 millones.
Desde su implementación, el régimen acumula diez proyectos aprobados que, en conjunto, representan compromisos por más de US$25.400 millones y abarcan iniciativas energéticas, mineras, industriales y logísticas distribuidas en distintas provincias del país.
Extensión del esquema y ajustes regulatorios
La normativa original establecía un período de dos años para la presentación de proyectos, aunque el Poder Ejecutivo contaba con la facultad de prorrogarlo por única vez. Con esta decisión, las empresas podrán adherirse al programa hasta mediados de 2027, fecha que marcará el cierre definitivo del proceso de inscripción.
El RIGI ofrece una batería de incentivos fiscales y regulatorios orientados a reducir el riesgo país de las inversiones de gran escala. Entre ellos se destacan la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, la exención de derechos de exportación, la posibilidad de computar créditos fiscales desde etapas tempranas y mecanismos de arbitraje internacional para la resolución de controversias.
Uno de los ejes de la actualización es la incorporación explícita del upstream hidrocarburífero, es decir, actividades vinculadas a exploración, perforación y producción de petróleo y gas natural. Esta etapa inicial de la cadena de valor se suma así al abanico de proyectos elegibles dentro del régimen, ampliando el foco energético más allá de la infraestructura tradicional.
El cambio responde a la necesidad de acompañar la expansión de Vaca Muerta y otras cuencas con un marco que incentive inversiones de alto volumen en fases tempranas, donde los desembolsos iniciales suelen ser más elevados y con horizontes de retorno más largos.
Los proyectos ya aprobados
El listado actual de iniciativas autorizadas refleja la diversidad sectorial que busca el programa. Entre los desarrollos energéticos sobresale el plan Vaca Muerta Sur, que contempla inversiones iniciales por US$2.486 millones para infraestructura destinada a incrementar exportaciones de crudo mediante un oleoducto con capacidad potencial de hasta 700.000 barriles diarios.
También aparecen proyectos vinculados al gas natural licuado, como la barcaza de producción en el Golfo de San Matías impulsada por Southern Energy, con desembolsos estimados en US$2.900 millones en su primera etapa y proyección de superar los US$6.800 millones en dos décadas de operación.
En minería, el régimen incluye iniciativas de litio y cobre, como la expansión del proyecto Rincón en Salta y el desarrollo de Los Azules en San Juan, además de la extensión operativa de Gualcamayo. A su vez, el programa incorpora inversiones industriales y de infraestructura, entre ellas una planta siderúrgica en Buenos Aires, parques renovables y un puerto multipropósito en Santa Fe.
Un régimen orientado a escala
La prórroga y la ampliación sectorial consolidan al RIGI como una herramienta central dentro de la estrategia oficial para atraer capital intensivo en energía y minería, dos áreas que concentran la mayor parte de las iniciativas presentadas hasta el momento.
Con la inclusión del upstream y la extensión del plazo de adhesión, el Gobierno busca sostener el flujo de proyectos en evaluación y acelerar definiciones de inversión en un contexto global marcado por la competencia entre jurisdicciones por captar capitales vinculados a recursos naturales y transición energética.