El Gobierno desreguló el practicaje y los prácticos respondieron con un paro que ya afecta a los puertos
El Decreto 690/2026 reemplazó el régimen vigente desde 1991, abrió el mercado a una mayor competencia y modificó las reglas de contratación y tarifas.
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El Gobierno oficializó una profunda reforma del régimen de practicaje y pilotaje con el objetivo de reducir los costos logísticos del comercio exterior y aumentar la competencia en uno de los servicios considerados esenciales para la navegación comercial. La respuesta del sector no se hizo esperar: los prácticos iniciaron una medida de fuerza que ya afecta el ingreso y la salida de buques en distintos puertos del país.
A través del Decreto 690/2026, publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo derogó la reglamentación vigente desde 1991 y aprobó un nuevo marco para la prestación de los servicios de practicaje y pilotaje en ríos, puertos, pasos y canales de la Argentina. Según el Gobierno, el régimen anterior contenía restricciones "obsoletas y desproporcionadas" que actuaban como barreras de ingreso, favorecían conductas anticompetitivas y encarecían la operatoria logística.
Modificaciones
Entre los cambios más relevantes, la norma establece que la Prefectura Naval Argentina deberá llevar un registro abierto de prácticos habilitados, sin límite de cantidad, siempre que acrediten las condiciones de idoneidad exigidas por la normativa. Además, los armadores y usuarios podrán contratarlos directamente como profesionales independientes, eliminando los esquemas cerrados que regían hasta ahora.
Otro punto central de la reforma es el nuevo esquema tarifario. Si bien la remuneración seguirá acordándose entre las partes, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) fijará tarifas máximas para cada tipo de servicio, que deberán incluir todas las maniobras necesarias, sin cargos adicionales no autorizados. A su vez, las empresas estarán obligadas a publicar periódicamente los precios y remitir información de sus operaciones para reforzar la transparencia y la competencia.
El decreto también flexibiliza el régimen de exenciones. Los capitanes, incluso de bandera extranjera, que acrediten experiencia suficiente en una determinada zona podrán obtener un certificado de conocimiento de navegación y prescindir del práctico, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la Prefectura Naval.
La reacción del sector
La publicación del decreto desencadenó una inmediata respuesta de los prácticos, que resolvieron suspender la prestación del servicio en rechazo a la desregulación. La medida impide el ingreso y egreso de buques de ultramar y afecta la operatoria de terminales portuarias en distintos puntos del país.
El Gobierno anticipó ese escenario e incorporó en el propio decreto mecanismos de contingencia. La norma habilita a la Prefectura Naval Argentina a prestar directamente los servicios de practicaje y pilotaje cuando existan situaciones excepcionales que impidan el normal funcionamiento del sistema. Incluso faculta a requerir la colaboración de la Armada Argentina y a autorizar temporalmente a capitanes con certificado de conocimiento de zona para desempeñar esas tareas.
Sin embargo, la aplicación de esas herramientas todavía no logró normalizar la actividad. La medida de fuerza ya comenzó a generar demoras en distintas operaciones comerciales y alcanzó incluso al proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), donde la flota destinada a iniciar la construcción de la terminal offshore de Punta Colorada permanece sin poder realizar las maniobras de descarga por la falta del servicio de practicaje, según informó el portal especializado Argenports.
El conflicto abre un nuevo frente para el Gobierno en su agenda de desregulación. Mientras el Ejecutivo sostiene que la reforma permitirá reducir costos y mejorar la competitividad del sistema portuario argentino, los prácticos consideran que los cambios comprometen el funcionamiento de la actividad y cuestionan tanto la flexibilización del régimen como la intervención estatal sobre las tarifas del servicio.