Mineros de La Rioja se oponen al freno judicial del proyecto Vicuña
Los trabajadores mineros de La Rioja apuntan contra la suspensión de actividades y las restricciones en la Ruta 506, en medio de la disputa entre provincias.
Trabajadores vinculados a la actividad minera en el oeste de La Rioja expresaron su rechazo a las medidas judiciales que ordenaron la paralización del proyecto Vicuña en San Juan y la interrupción del tránsito por territorio riojano, en particular sobre la Ruta Provincial N° 506, en el tramo entre Guandacol y La Majadita.
La decisión fue adoptada por la justicia riojana en el marco de un planteo del gobierno provincial, que solicitó la revisión del Informe de Impacto Ambiental del proyecto y su eventual tratamiento conjunto entre San Juan y La Rioja. En ese contexto, también se dispuso la suspensión por 30 días de las actividades y la instalación de controles policiales para impedir la circulación de vehículos vinculados al emprendimiento.
Desde el sector trabajador, el planteo apunta a que la medida impacta de forma directa sobre el empleo y la dinámica económica de localidades como Guandacol, Villa Unión y zonas aledañas, donde la actividad minera aparece como una de las principales fuentes de ingresos.
Cuestionamientos al fundamento ambiental y al alcance de la medida
El reclamo judicial de La Rioja se sostiene en la presunta ausencia de evaluación de impactos ambientales en su territorio, incluyendo efectos sobre cuencas, vegas y bofedales, así como el tránsito de maquinaria y potencial circulación de sustancias consideradas riesgosas. También se argumenta que el proyecto no cuenta con permisos ambientales para atravesar unos 140 kilómetros en territorio riojano.
Frente a esto, los trabajadores rechazan las acusaciones y piden la presentación de pruebas concretas que respalden esos planteos, al tiempo que destacan que los caminos utilizados han sido mantenidos por las propias compañías, garantizando conectividad y condiciones de tránsito en la región.
Además, señalan que las declaraciones de funcionarios provinciales no reflejan la posición de las comunidades directamente involucradas, y remarcan que la actividad minera en San Juan ha permitido la generación de empleo formal, el desarrollo de proveedores locales y la dinamización económica regional.
Impacto en el empleo y escalada del conflicto
En el plano social, los trabajadores advierten que la paralización y las restricciones al tránsito afectan de manera directa a cientos de familias que dependen de la actividad. En paralelo, el conflicto se inscribe en un escenario previo de reclamos por mayor participación local en el proyecto, tanto en empleo como en contratación de proveedores, en medio de tensiones entre la empresa y el gobierno riojano.
El pronunciamiento concluye con la declaración de un estado de alerta y movilización, con el objetivo de que se reviertan las medidas adoptadas, en un contexto donde el desarrollo del proyecto Vicuña queda condicionado por la resolución del conflicto interprovincial y los requerimientos ambientales planteados.