San Juan: lo que dejó la primera batalla por la capacidad eléctrica minera
Vicuña defendió su esquema para ampliar la infraestructura eléctrica. Los Azules, Barrick y el EPRE cuestionaron la prioridad solicitada en San Juan.
La audiencia pública por el acceso a la infraestructura eléctrica en San Juan terminó consolidando algo más amplio que un debate técnico sobre líneas y estaciones transformadoras: dejó expuesta una disputa por el control de la capacidad energética que demandará el próximo ciclo de expansión minera de la provincia.
De un lado, Vicuña defendió la necesidad de asegurar capacidad para el desarrollo de Josemaría y Filo del Sol, apoyándose en un esquema de financiamiento privado de nuevas obras de 500 kV. Del otro, compañías ya instaladas, proyectos avanzados y hasta el propio ente regulador provincial cuestionaron el alcance de la prioridad solicitada y el eventual impacto sobre terceros.
El eje central del conflicto gira sobre la línea Nueva San Juan–Rodeo y el proyecto de interconexión asociado. Vicuña sostuvo que el esquema contempla inversiones privadas para ampliar el sistema, con una demanda inicial estimada en 260 MW y proyecciones de hasta 700 MW en etapas de máxima expansión. La empresa argumentó además que la prioridad solicitada se limitaría únicamente a la capacidad incremental generada por las nuevas obras.
La infraestructura que propone Vicuña
La propuesta incluye elevar la tensión del corredor existente de 132 kV a 500 kV, ampliar las estaciones transformadoras Nueva San Juan y Rodeo, construir nuevas líneas de extra alta tensión y conectar el proyecto minero al Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Según la exposición de la compañía, todo el esquema sería financiado con capital privado y luego incorporado al sistema nacional.
La minera sostuvo además que el Proyecto de Interconexión Eléctrica de Alta Tensión (PIEAT) no sólo abastecería a sus operaciones, sino que también reforzaría la infraestructura energética provincial y permitiría futuras conexiones para otros desarrollos productivos.
Sin embargo, buena parte de las exposiciones cuestionaron precisamente dónde termina la infraestructura nueva y dónde comienza la red ya existente.
Los Azules cuestionó el “arrastre” sobre infraestructura existente
Desde Los Azules plantearon que la prioridad otorgada a Vicuña se estaría extendiendo sobre infraestructura troncal preexistente del SADI que no fue financiada por la empresa beneficiaria. El proyecto operado por Andes Corp. cuestionó especialmente la asignación del 90% de la capacidad remanente durante 25 años y sostuvo que se trata de una “exclusividad material” sobre un activo estratégico.
La compañía también apuntó contra la base técnica utilizada para calcular la capacidad disponible, señalando que los valores utilizados por CAMMESA responden a hipótesis simplificadas y no reflejan necesariamente la operación real del corredor eléctrico.
En su exposición, Los Azules insistió además en que el foco de la discusión no es si Vicuña puede tener prioridad sobre infraestructura nueva financiada por privados, sino si esa prioridad puede trasladarse sobre activos ya existentes del sistema troncal.
Hualilán advirtió por el impacto sobre otros proyectos
Golden Mining, operadora de Hualilán, llevó otro argumento: advirtió que la prioridad de uso sobre el corredor podría afectar directamente la viabilidad energética de su expansión minera. La empresa recordó que Hualilán proyecta una demanda inicial de 15 MVA desde 2028 y hasta 40 MVA hacia 2030, y sostuvo que la reserva de capacidad otorgada a Vicuña condiciona las posibilidades de acceso de otros emprendimientos.
En su presentación, Golden Mining también cuestionó que se reserve una capacidad cercana a 545,7 MVA para una demanda publicada inicialmente en torno a 260 MW y reclamó mecanismos de liberación de capacidad no utilizada bajo esquemas del tipo “use it or lose it”.
La empresa remarcó además que Hualilán ya inició trámites de conexión y que su cronograma de demanda efectiva sería incluso anterior al de Vicuña.
Barrick defendió derechos derivados de inversiones históricas
Barrick y Minera Andina del Sol, por su parte, centraron su exposición en los derechos derivados de inversiones históricas realizadas sobre el corredor eléctrico. Las compañías recordaron que aportaron US$55 millones para la construcción del tramo Nueva San Juan–Rodeo y sostuvieron que esos aportes les otorgaron derechos de acceso reconocidos por acuerdos y normativa provincial.
Según la posición presentada en la audiencia, Barrick conserva una expectativa de acceso de hasta 250 MW derivada de su condición de “beneficiario iniciador” de la línea desde 2006, posteriormente ratificada mediante acuerdos y decretos provinciales.
La compañía sostuvo que cualquier nueva asignación debe contemplar esos antecedentes contractuales y financieros vinculados a la construcción de la infraestructura.
Gualcamayo reclamó preservar su reserva de potencia
Gualcamayo también reclamó resguardar derechos preexistentes. Minas Argentinas pidió que cualquier autorización para Vicuña preserve la reserva exclusiva de 30 MW vinculada a obras financiadas históricamente por la operación. La empresa señaló que costeó infraestructura clave de 132 kV y que la legislación provincial reconoce expresamente ese derecho de uso.
Desde la empresa aclararon que no buscan bloquear el desarrollo de nuevos proyectos mineros en San Juan, pero sí garantizar que la asignación de capacidad no afecte derechos previamente establecidos ni comprometa el abastecimiento futuro de la mina.
El EPRE endureció su postura
Uno de los planteos más duros surgió desde el propio EPRE de San Juan. El ente regulador provincial sostuvo que la nueva demanda minera no puede trasladar costos estructurales al resto de los usuarios y advirtió que la expansión del sistema está obligando a adelantar inversiones originalmente previstas para dentro de varios años.
El organismo fijó además dos condiciones centrales para acompañar el proyecto: que Vicuña internalice los costos de infraestructura mediante acuerdos bajo la Ley 1181-A y que cualquier capacidad excedente quede abierta para otros desarrollos mineros, evitando bloqueos o asignaciones exclusivas sobre el corredor eléctrico.
La postura del ente regulador provincial dejó además un mensaje más amplio hacia futuros desarrollos: cualquier nuevo proyecto de gran escala deberá asumir parte de las inversiones necesarias para sostener la expansión del sistema energético sanjuanino.
Una discusión que excede a Vicuña
La discusión dejó así un escenario que excede el caso puntual de Josemaría o Filo del Sol. La audiencia terminó funcionando como una señal de cómo podría ordenarse —o tensionarse— el acceso a infraestructura estratégica en una provincia donde múltiples proyectos mineros avanzan de manera simultánea y donde la energía empieza a convertirse en uno de los principales cuellos de botella del desarrollo minero argentino.