San Juan aprobó la Ley de Desarrollo Local Minero para potenciar el empleo y los proveedores provinciales
La norma establece metas de contratación de trabajadores y empresas sanjuaninas y obliga a las mineras a presentar planes de desarrollo.
San Juan dio un nuevo paso en la preparación para el ciclo de inversiones que se avecina con los grandes proyectos de cobre. La Cámara de Diputados provincial aprobó este jueves la Ley de Desarrollo Local Minero, una iniciativa que busca aumentar la participación de trabajadores, proveedores y empresas sanjuaninas en la cadena de valor de la actividad. La norma fue sancionada por 33 votos y contó con el respaldo del oficialismo, aliados y buena parte de la oposición.
El proyecto, impulsado por el gobierno de Marcelo Orrego, establece un marco de planificación para que las compañías mineras y sus principales contratistas incrementen progresivamente la contratación de mano de obra y proveedores locales, con mecanismos de seguimiento y reportes periódicos sobre su cumplimiento.
Las principales metas
Uno de los ejes centrales de la ley fija como objetivo alcanzar un 80% de empleo de residentes sanjuaninos, priorizando a quienes habiten en los departamentos donde se desarrollan los proyectos mineros.
En materia de compras y contrataciones, la norma propone que el 60% del monto anual destinado a bienes y servicios sea adjudicado a proveedores radicados en la provincia, siempre que existan condiciones competitivas en términos de precio, calidad y capacidad técnica.
Para alcanzar esos objetivos, las operadoras deberán presentar Planes de Desarrollo de Empleo y de Proveedores, con metas progresivas, indicadores verificables y actualizaciones periódicas, además de informar con anticipación sus necesidades de bienes y servicios para facilitar la preparación de las empresas locales.
Incentivos para quienes cumplan
La ley no establece sanciones automáticas para quienes no alcancen las metas, sino que incorpora un esquema de incentivos.
Las empresas que logren los objetivos previstos podrán acceder a créditos fiscales provinciales, un mecanismo similar al ya vigente para otros sectores industriales. Como la actividad minera está exenta del impuesto sobre los Ingresos Brutos en la provincia, esos beneficios podrán utilizarse para cancelar tributos patrimoniales, como el Impuesto Inmobiliario o el Automotor. Los detalles serán definidos durante la reglamentación.
Prepararse para el boom del cobre
La sanción llega en un momento clave para San Juan. La provincia concentra algunos de los proyectos cupríferos más importantes del país, entre ellos Vicuña —que integra los yacimientos Josemaría y Filo del Sol—, Los Azules, El Pachón, Altar y Hualilán, emprendimientos que podrían movilizar inversiones por decenas de miles de millones de dólares durante la próxima década.
Frente a ese escenario, el objetivo del Gobierno provincial es que una mayor proporción de ese movimiento económico permanezca en San Juan mediante la generación de empleo calificado, el fortalecimiento de las pymes locales y el desarrollo de nuevos proveedores para la industria minera.
Un cambio de enfoque
A diferencia de iniciativas anteriores, la nueva legislación pone el foco en la planificación y la transparencia más que en la imposición de cupos rígidos. Las empresas deberán anticipar su demanda de bienes y servicios, publicar procedimientos transparentes para las contrataciones y presentar informes periódicos sobre la evolución de sus indicadores de empleo y compras locales.
Con esta herramienta, San Juan busca consolidar un modelo de desarrollo que permita aprovechar el inminente auge del cobre no sólo como fuente de exportaciones, sino también como motor para diversificar su entramado productivo y fortalecer el crecimiento de las empresas y trabajadores de la provincia.