Quirno se reunió con los CEO de Vicuña y repasó la hoja de ruta de la inversión minera récord
El canciller recibió a Ron Hochstein y José Luis Morea para analizar los próximos pasos del desarrollo integrado de Josemaría y Filo del Sol.
El Gobierno volvió a poner bajo seguimiento directo uno de los proyectos que pueden cambiar la escala de la minería argentina. El canciller El canciller Pablo Quirno se reunió con los máximos ejecutivos de Vicuña Corp. para repasar los avances y los próximos pasos del desarrollo integrado de Josemaría y Filo del Sol, en San Juan.
Del encuentro participaron Ron Hochstein, CEO de Vicuña, y José Luis Morea, Country Director de la compañía. La empresa pertenece en partes iguales a BHP y Lundin Mining y tiene a su cargo el desarrollo conjunto de los dos grandes depósitos de cobre, oro y plata ubicados en el distrito Vicuña, sobre la Cordillera de los Andes.
La reunión encuentra al proyecto en una etapa diferente a la de los primeros encuentros que mantuvieron sus ejecutivos con el Gobierno. Vicuña ya obtuvo la aprobación para ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), avanzó en la infraestructura eléctrica necesaria y cuenta con los instrumentos binacionales que deberá utilizar para operar en una zona estrechamente vinculada con la frontera chilena.
US$7.000 millones hasta el primer cobre
La magnitud financiera del proyecto explica buena parte de su relevancia. Vicuña estima inversiones por US$18.000 millones durante sus primeros diez años de desarrollo, de los cuales alrededor de US$7.000 millones deberán ejecutarse antes de alcanzar el primer concentrado de cobre, previsto para 2030.
En julio, el Gobierno aprobó formalmente el ingreso al RIGI del proyecto por US$9.737 millones, bajo la categoría de Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP). La iniciativa contempla la extracción, producción y exportación de cobre, oro y plata de Josemaría y Filo del Sol, además de infraestructura y trabajos de exploración asociados al desarrollo del distrito.
La empresa deberá cumplir además con los compromisos establecidos por el régimen. Durante los primeros dos años tendrá que acreditar inversiones en activos computables equivalentes al menos al 20% de la inversión mínima exigida, mientras que el plazo para alcanzar ese mínimo vence el 31 de diciembre de 2028.
La infraestructura empieza a tomar forma
Uno de los principales desafíos es la electricidad. El complejo solicitó inicialmente 260 MW de potencia, una demanda comparable con la de una ciudad importante y que obligará a ampliar la infraestructura de transporte eléctrico de la región.
El esquema contempla nuevas estaciones transformadoras y una línea de extra alta tensión de aproximadamente 167 kilómetros entre Rodeo y Chaparro. A eso se sumó la autorización otorgada por la Secretaría de Energía para que Vicuña construya por su cuenta una línea de alta tensión de 93 kilómetros entre las futuras estaciones Josemaría y Chaparro.
También comenzó a materializarse la relación económica con San Juan. La compañía asumió un compromiso de US$250 millones para financiar obras de infraestructura pública provincial, parte de los cuales estarán destinados a intervenciones consideradas necesarias ante la escala que tendrá el desarrollo minero.
La pieza chilena
La agenda de Quirno tiene además una explicación institucional. Vicuña no es únicamente un gigantesco proyecto minero argentino: su desarrollo tiene un fuerte componente binacional.
Josemaría y Filo del Sol forman parte de un distrito ubicado sobre la frontera entre San Juan y la región chilena de Atacama. Por eso resultan fundamentales los Protocolos Adicionales Específicos del Tratado de Integración y Complementación Minera entre Argentina y Chile, que establecen condiciones para operaciones, tránsito y accesos vinculados con los emprendimientos.
La intervención de Cancillería resulta particularmente relevante en esa instancia. A medida que el proyecto avance desde los estudios y la ingeniería hacia la construcción, crecerá la necesidad de coordinación entre ambos países en materia aduanera, logística, regulatoria y de infraestructura.