Qué es la Mesa Federal Minera, quiénes la integran y qué busca el nuevo espacio

La Mesa Federal Minera quedó formalmente presentada en San Juan como un nuevo ámbito de articulación entre el Gobierno nacional, las provincias, las empresas, los sindicatos y otros actores vinculados al sector, con el objetivo de consolidar una agenda común para impulsar inversiones mineras en la Argentina.

El lanzamiento se produjo en un contexto donde la minería argentina atraviesa una etapa de fuerte expectativa vinculada principalmente al cobre y al litio, pero también con proyectos de oro, plata y otros minerales que buscan avanzar hacia etapas de construcción y producción. Bajo ese escenario, la creación de la Mesa Federal Minera apunta a convertirse en un espacio permanente de coordinación política, institucional y empresarial para acelerar el desarrollo de la actividad.

La apertura del encuentro estuvo encabezada por Karina Milei, quien sostuvo que la Argentina tiene un potencial minero que históricamente no logró aprovechar. Durante su exposición comparó el desempeño argentino con el de Chile y remarcó la diferencia entre ambos países en materia de exportaciones mineras.

Quiénes integran la Mesa Federal Minera

Uno de los puntos centrales del nuevo esquema es justamente la amplitud de actores que lo conforman. La Mesa Federal Minera quedó integrada por funcionarios nacionales, gobernadores, legisladores, representantes judiciales, cámaras empresarias y sindicatos ligados a la actividad.

Entre los gobernadores participaron Raúl Jalil, Martín Llaryora, Carlos Sadir, Alfredo Cornejo, Marcelo Orrego y Maximiliano Pullaro. La presencia de provincias productivas y provincias mineras mostró además la intención de ampliar el impacto económico del sector sobre cadenas industriales, logísticas y de servicios.

También participaron funcionarios nacionales vinculados directamente al diseño político y económico del Gobierno, entre ellos el secretario de Minería, Luis Lucero; el ministro del Interior, Diego Santilli; el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Fernando Brun; y autoridades del Consejo Federal de Inversiones.

A eso se sumó una fuerte representación empresaria encabezada por Roberto Cacciola y referentes de compañías y proyectos mineros de peso dentro del escenario argentino. Participaron ejecutivos vinculados a Glencore Pachón, Minera del Altiplano, Fortescue, Mansfield, Andes Corporación Minera, Don Nicolás y cámaras provinciales, entre otras firmas y entidades.

El espacio también incorporó representación sindical con la presencia de AOMA y UOCRA, en una señal vinculada al impacto laboral que el sector espera generar en los próximos años.

El objetivo: acelerar inversiones y consolidar previsibilidad

Durante el encuentro, el eje principal estuvo puesto en la necesidad de construir condiciones políticas, macroeconómicas y regulatorias que permitan acelerar inversiones mineras de gran escala. En ese sentido, los participantes remarcaron la importancia de la seguridad jurídica y del ordenamiento macroeconómico para proyectos que requieren desembolsos multimillonarios y horizontes de desarrollo de largo plazo.

Dentro de ese esquema, el Gobierno y el sector empresario destacaron especialmente dos herramientas: el Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI) y la reforma de la Ley de Glaciares.

Según los datos presentados durante la actividad, actualmente el RIGI concentra proyectos mineros por US$42.000 millones, de los cuales ya fueron aprobados seis proyectos equivalentes a más de US$7.188 millones de inversión.

Al mismo tiempo, durante la presentación también se proyectó que las exportaciones mineras argentinas podrían alcanzar los US$20.000 millones hacia 2035 en el marco del nuevo escenario que busca impulsar el Gobierno nacional.

Minería como política de Estado

Otro de los conceptos repetidos durante el lanzamiento fue la intención de consolidar a la minería como una política de Estado sostenida entre Nación, provincias y sector privado. Allí, Marcelo Orrego sostuvo que durante los últimos años se trabajó para recuperar seguridad jurídica y pidió que las inversiones comiencen a traducirse en empleo y actividad económica concreta.

En la misma línea, desde el Gobierno nacional señalaron que la meta es que la Argentina deje de ser solamente un país “con minería” para transformarse en un “país minero”, una definición que buscó mostrar la intención oficial de darle mayor centralidad estratégica al sector dentro de la economía nacional.

Por el lado empresario, Roberto Cacciola definió al actual escenario como “un momento bisagra” para la minería argentina y sostuvo que el ordenamiento macroeconómico, el RIGI y los cambios vinculados a la Ley de Glaciares generaron condiciones para la llegada de nuevas inversiones. Además, planteó que la próxima etapa estará enfocada en empleo y desarrollo económico asociado a los proyectos mineros.