El Gobierno nacional oficializó la postergación de la suba de impuestos a los combustibles
El Decreto 217/2026 publicado este miércoles por el Gobierno nacional extiende la suspensión de los aumentos hasta mayo en un contexto de presión internacional.
El Gobierno nacional resolvió extender hasta mayo la suspensión de los aumentos previstos en los impuestos a los combustibles, en una decisión que busca moderar el impacto de la suba internacional del petróleo sobre los precios en surtidor. La medida quedó formalizada a través del Decreto 217/2026, que modifica el esquema vigente y desplaza la aplicación de los ajustes que alcanzan a la nafta, el gasoil y el tributo sobre las emisiones de dióxido de carbono.
El cambio implica que durante abril no se aplicarán actualizaciones impositivas, pese a que el cronograma contemplaba su entrada en vigencia en ese mes. Con la nueva normativa, el plazo de postergación se extiende hasta el 30 de abril, mientras que la activación de los incrementos se traslada al 1° de mayo.
La decisión se inscribe en un contexto de fuerte presión sobre los precios de los combustibles, en línea con la evolución del mercado internacional del crudo y los efectos de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente. Frente a ese escenario, el Ejecutivo optó por intervenir sobre la carga impositiva para atenuar el traslado a los consumidores, en una estrategia que ya había sido aplicada durante 2025 mediante sucesivas prórrogas.
Este mecanismo, sin embargo, tiene implicancias fiscales relevantes. Según estimaciones privadas, la postergación de los aumentos impositivos a lo largo del último año implicó una merma de ingresos para el Estado del orden de los US$2.326 millones. La decisión actual profundiza esa lógica, priorizando la contención de precios en el corto plazo por sobre la recomposición plena de la recaudación.
En términos estructurales, el peso de los tributos sobre el precio final de los combustibles continúa siendo significativo. El Impuesto a los Combustibles Líquidos representa cerca del 15,83% del valor en surtidor, mientras que el impuesto al dióxido de carbono aporta un 0,97%. A estos componentes se suman gravámenes provinciales y municipales, que en conjunto llevan la carga impositiva a más de un tercio del precio final.
En paralelo, la normativa introduce un ajuste técnico en la composición de las naftas al habilitar una mayor proporción de bioetanol, que pasa del 5,6% al 15%. Este punto agrega una variable adicional en la estructura del mercado, con potencial impacto tanto en costos como en la cadena de abastecimiento.