Orrego le responde a Quintela: "Lo que está en el subsuelo sanjuanino es de los sanjuaninos"
San Juan rechazó el planteo de La Rioja sobre participación en el proyecto Josemaría y defendió la vigencia del marco legal en materia de minería.
Marcelo Orrego, gobernador de San Juan, y la polémica por el cobre de Josemaría.
Prensa Gobierno de San JuanEl gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, volvió a fijar posición frente al conflicto abierto con La Rioja por la jurisdicción del Proyecto Vicuña y ratificó que la provincia defenderá su dominio sobre el yacimiento en base al marco legal vigente.
Las declaraciones se dan en un escenario de creciente tensión institucional, luego de que el gobernador riojano Ricardo Quintela reactivara el reclamo por la participación de su provincia en el desarrollo de Josemaría -uno de los yacimientos que integran Vicuña- y pusiera en discusión los límites interprovinciales.
Postura firme de Orrego
“Vamos a defender con la ley en la mano, siempre, a San Juan y a los sanjuaninos, contra cualquier tipo de ataque”, afirmó Orrego, al sostener que el límite entre San Juan y La Rioja fue fijado por la Ley Nacional 18.004, sancionada por el Congreso de la Nación, y que se mantiene vigente desde hace más de medio siglo.
En esa línea, el mandatario provincial subrayó que la jurisdicción sobre el yacimiento es “clara, legal y reconocida”, y vinculó esa posición con el artículo 124 de la Constitución Nacional, que establece el dominio originario de las provincias sobre los recursos naturales en su territorio.
“No existe ninguna norma en la Argentina que obligue a una provincia a compartir las regalías de sus recursos con otra. Lo que está en el subsuelo sanjuanino es de los sanjuaninos. Y lo vamos a defender con la ley en la mano, no con declaraciones en los medios”, señaló.
Planteo judicial y político de La Rioja
El pronunciamiento de Orrego se produce después de que La Rioja avanzara con un planteo político, judicial y territorial que incluye el cuestionamiento a los acuerdos históricos de delimitación y la exigencia de mayor participación en empleo, servicios y beneficios económicos vinculados al proyecto.
En paralelo, el conflicto sumó un capítulo judicial con medidas que impactan sobre la logística del proyecto, particularmente en accesos desde territorio riojano, lo que elevó la disputa a un plano que excede lo provincial y comienza a escalar hacia instancias de definición nacional.
Frente a ese escenario, Orrego buscó marcar una diferencia entre el diálogo institucional y la revisión de normas ya establecidas: “San Juan es una provincia de diálogo y de trabajo. Tenemos el mayor respeto por La Rioja. Pero una cosa es el diálogo institucional y otra es abrir debates que no tienen sustento jurídico. La ley es la ley, y las provincias no se corren con declaraciones”.