La minería acelera bajo el RIGI, pero crece el debate por los cupos obligatorios

La minería argentina empieza a mostrar señales concretas de aceleración bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), pero al mismo tiempo comenzó a crecer una nueva discusión dentro del sector: el alcance que deberían tener las exigencias para contratar proveedores locales en las provincias mineras. Mientras el Gobierno nacional busca acelerar la aprobación de proyectos y las empresas avanzan con inversiones multimillonarias en cobre y litio, desde la Unión Industrial Argentina (UIA) advirtieron que imponer cupos obligatorios podría afectar la competitividad y la calidad de las operaciones.

El debate quedó expuesto durante la jornada “Competitividad de la cadena de valor minera argentina”, realizada en el Senado de la Nación, donde confluyeron funcionarios, legisladores y referentes industriales. Allí, el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, reconoció que los tiempos de aprobación de los RIGI siguen siendo elevados y señaló que el promedio ronda los seis meses. Sin embargo, también sostuvo que las demoras no dependen únicamente del Estado, ya que las compañías tardan en responder observaciones técnicas realizadas por los equipos evaluadores.

Lucero explicó que el análisis de los expedientes obliga a revisar información técnica, financiera y operativa de alta complejidad, por lo que la calidad de los datos entregados por las empresas también impacta directamente sobre los tiempos de evaluación. En ese sentido, afirmó que el Gobierno nacional busca acelerar el proceso, aunque remarcó que existe una relación directa entre la velocidad de aprobación y la capacidad de las compañías para responder observaciones y completar documentación.

Inversiones en marcha y efecto sobre las provincias

En paralelo, el funcionario expuso datos que buscan mostrar el impacto económico que ya empieza a generar el régimen. Según detalló, las inversiones aprobadas bajo el RIGI alcanzan los US$7.511 millones y, al 30 de abril de 2026, ya se habían ejecutado US$854 millones. Además, indicó que el 92% de esos desembolsos quedó dentro del país y que el 73% del gasto local fue absorbido por proveedores de las provincias donde se desarrollan los proyectos.

Los datos aparecen en un contexto donde las compañías mineras proyectan desembolsos de escala inédita para los próximos años. Entre los anuncios mencionados durante la jornada aparecen proyectos como Vicuña, con inversiones estimadas en US$17.800 millones; El Pachón, con US$9.460 millones; Taca Taca, con US$5.251 millones; MARA, con US$4.000 millones; Pozuelos Pastos Grandes, con US$3.300 millones; y Los Azules, con US$3.168 millones, además de distintos desarrollos de litio en el NOA.

Ese escenario empezó a trasladar la discusión hacia la capacidad real que tendrá la industria argentina para responder a la demanda de bienes, servicios, infraestructura, construcción, mantenimiento y tecnología que requerirán los nuevos emprendimientos. La dimensión de los proyectos de cobre y litio no solo obliga a acelerar trámites administrativos, sino también a construir una cadena de valor capaz de acompañar desarrollos de miles de millones de dólares durante décadas de operación.

La discusión por los cupos y la competitividad

Ese punto fue retomado por Franco Mignaco, representante del Departamento de Minería de la UIA, quien defendió la capacidad de la actividad minera para integrar economías regionales sin necesidad de imponer obligaciones por ley. El dirigente sostuvo que “la minería tiene en su ADN trabajar con proveedores locales” y remarcó que el principal desafío pasa por fortalecer capacidades industriales, mejorar estándares técnicos y preparar empresas argentinas para responder a las exigencias de los grandes proyectos de cobre y litio.

Durante su exposición, Mignaco explicó que la UIA viene trabajando sobre estudios vinculados a proyectos aprobados bajo el RIGI con el objetivo de identificar brechas industriales y sectores que podrían reconvertirse para integrarse a la cadena minera. Según señaló, el foco no debería estar puesto en establecer cupos obligatorios, sino en generar condiciones para que las empresas nacionales puedan competir en calidad, tecnología, cumplimiento y confiabilidad.

El dirigente cuestionó particularmente la posibilidad de avanzar con regulaciones provinciales que obliguen a las compañías a contratar únicamente proveedores locales. Según planteó, limitar las compras puede afectar la competitividad, la calidad y el cumplimiento de los plazos operativos, factores considerados críticos dentro de la industria minera. En ese sentido, sostuvo que una mala contratación puede generar complicaciones tanto en la construcción como en la operación de un proyecto.

Mignaco también planteó que muchas empresas todavía desconocen el nivel de exigencia técnica que maneja la minería, especialmente en proyectos metalíferos de gran escala. Por eso, consideró clave avanzar en mecanismos de transferencia tecnológica y asociaciones entre compañías nacionales y regionales mediante esquemas de joint venture que permitan elevar estándares y acelerar el desarrollo de proveedores competitivos.

Dentro de ese escenario, la discusión minera empieza a correrse desde la aprobación de proyectos hacia otro eje más amplio: cómo organizar la estructura industrial y de servicios que deberá abastecer una eventual expansión minera impulsada por el cobre y el litio. La velocidad de aprobación de los RIGI, la capacidad de respuesta de las empresas y el debate por los proveedores locales aparecen ahora como parte de una misma discusión vinculada a la competitividad y a la posibilidad de sostener una nueva etapa de inversiones de gran escala en Argentina.