El Senado comenzó el tratamiento del proyecto de modificaciones a la Ley de Glaciares
Los cambios, promovidos por las provincias mineras, dejan en los distritos el control de viabilidad ambiental de los proyectos. Apoyos y rechazos en aliados y opositores mantienen las negociaciones abiertas.
La Cámara alta trata el acuerdo Mercosur/UE y los cambios a la Ley de Glaciares
NAEl Senado inició pasadas las 15.30 el tratamiento del proyecto de reforma a la Ley de Glaciares, luego de aprobar, por amplia mayoría, la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, con 69 votos afirmativos y 3 negativos.
La sesión había comenzado con el tratamiento del pliego del ex diputado nacional Fernando Iglesias como embajador argentino ante Bélgica y la Unión Europea, que fue aprobado con 38 votos afirmativos, 31 negativos y una abstención.
Negociaciones
La chubutense Edith Terenzi, titular de la comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, inició la presentación como miembro informante del tratamiento del proyecto, que llegó al recinto con sin tener garantizados los votos necesarios para su aprobación. Un sector del radicalismo sorprendió ayer con un proyecto alternativo de los senadores de la UCR que restringe el poder a las provincias en la determinación de las zonas protegidas.
Así las cosas, tanto el bloque radical como el PRO llegaban al recinto con posiciones divididas, lo que generaba negociaciones intensas en la búsqueda de encaminar una solución para que no frustrar la aprobación de la iniciativa (en la versión que sea).
Compromiso con las provincias
La aprobación de este proyecto es un compromiso asumido por el Gobierno con los gobernadores de provincias cordilleranas que buscan una ley más dinámica y menos rígida que la que está vigente para destrabar y multiplicar las inversiones en minería e hidrocarburos.
En el peronismo, que mayoritariamente se inclinaría por el rechazo, podría haber fugas ya que es incierta la postura que podrían tomar ex gobernadores de provincias mineras como Lucía Corpacci (Catamarca) y Sergio Uñac (San Juan), por tomar algunos ejemplos.
Alcance de zonas protegidas
Tanto el proyecto del Poder Ejecutivo como el alternativo de la UCR busca redefinir el alcance de las zonas protegidas para permitir la explotación económica en determinadas áreas periglaciares que actualmente están blindadas e inhabilitadas para actividades extractivistas e industriales.
Justamente el proyecto del Gobierno introduce una precisión al hablar de las “formas periglaciares” y alienta a distinguir entre aquellas que cumplen funciones de “reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas” de aquellas que no necesariamente cumplen dicha finalidad y son aptas para la utilización económica.
Esto significa que con la nueva ley no todo el territorio periglaciar quedaría a salvo de explotación económica, sino solo aquellas formaciones que tengan una función hídrica comprobable.
La normativa actual, que data del 2010, protege tanto los glaciares visibles como las formaciones periglaciares que están constituidas por una mezcla suelos congelados de agua dulce, roca y sedimentos.
Son ecosistemas muy fríos de alta montaña, reservorios de agua dulce habitualmente cercanos a glaciares, que se caracterizan por tener suelos congelados o saturados de agua y juegan un rol importante en la regulación del equilibrio hídrico y geomorfológico.
Inventario de glaciares
El proyecto crea el Inventario Nacional de Glaciares, cuya confección y funcionamiento estará a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con la coordinación de la Secretaría de Energía, que es la autoridad de aplicación.
La principal diferencia entre el proyecto del Gobierno y el de la UCR es que el primero le transfiere a las provincias la facultad de determinar qué áreas proteger (por constituir reservas estratégicas de recursos hídricos, biodiversidad o valor científico) y cuáles no, y están facultadas para proponer modificaciones en el Inventario Nacional de Glaciares (previo informe de evaluación ambiental); mientras que la iniciativa de la UCR le da poder total al IANIGLA.
La postura del Gobierno a favor de darle facultades de control y regulación a las provincias de los minerales y hidrocarburíferos se funda en el artículo 124 de la Constitución Nacional incorporada en la reforma de 1994 que le reconoce el dominio originario a las jurisdicciones de los recursos naturales debajo del suelo.
Si la iniciativa es defendida enérgicamente por las provincias mineras e hidrocarburíferas de la cordillera, con la misma intensidad concita rechazos acérrimos de parte de asambleas ambientalistas y también de la Iglesia, que hizo saber su descontento con el avance del proyecto a través de una carta de la Comisión Episcopal Argentina.