Cerro Negro entra en zona crítica: Newmont empieza a retirar personal en medio del conflicto con Santa Cruz
La minera inició una desmovilización progresiva de trabajadores y equipos después de las inspecciones que derivaron en seis ceses de tareas.
Newmont, la número 1 del ranking, opera Cerro Negro en Santa Cruz.
NewmontLa situación de Cerro Negro entró en una nueva etapa. Newmont comenzó una desmovilización progresiva de personal y el descenso de equipos de su mina de oro en Santa Cruz, después de una semana de creciente tensión con el Gobierno provincial por las condiciones laborales y de seguridad detectadas durante una serie de inspecciones.
La decisión fue comunicada internamente por la compañía y responde, según Newmont, al “carácter excepcional y de fuerza mayor de las circunstancias actuales”. La empresa indicó que el retiro se realizará de manera “ordenada, coordinada y segura” y sostuvo que la prioridad será preservar la seguridad y el bienestar de las personas.
La medida no implica, al menos por ahora, el cierre definitivo de Cerro Negro. Pero constituye un nuevo escalón en un conflicto que resulta especialmente sensible por el momento en que ocurre: Newmont acaba de relanzar un programa de inversiones de aproximadamente US$800 millones destinado a ampliar la operación y prolongar su vida útil más allá de la próxima década.
De una inversión de US$800 millones a la desmovilización
El contraste es considerable. En febrero, Newmont y el Gobierno de Santa Cruz anunciaron la reactivación de Cerro Negro Expansion 1 (CNE1), un programa que contempla más de 30 obras en superficie e interior de mina durante los próximos seis años.
La primera etapa fue presentada con una inversión de aproximadamente US$360 millones y la expectativa oficial de generar unos 270 puestos de trabajo directos. El objetivo de fondo es incorporar nuevos recursos, sostener la producción y extender el horizonte operativo de Cerro Negro al menos más allá de 2035.
Hace apenas dos semanas, además, Newmont sumó otra iniciativa: anunció más de US$60 millones para comenzar durante septiembre una explotación Open Pit, a cielo abierto, destinada a complementar y mejorar la productividad del complejo. Ese proyecto fue presentado con una expectativa de alrededor de 100 nuevos puestos de trabajo.
La compañía viene sosteniendo paralelamente trabajos de extensión de vida útil y mantiene en Cerro Negro reservas por unos 3 millones de onzas de oro, además de recursos adicionales.
Todo ese programa queda ahora atravesado por una crisis que comenzó por cuestiones laborales y de seguridad y terminó escalando hasta involucrar al Gobierno provincial, sindicatos, proveedores, fuerzas policiales y la Justicia.
Seis ceses de tareas y una orden judicial para ingresar
La tensión alcanzó su punto máximo durante las inspecciones realizadas la semana pasada por las áreas de Trabajo y Seguridad de Santa Cruz.
Según la versión oficial, los inspectores encontraron dificultades para acceder al establecimiento y fue necesaria una orden judicial y presencia policial para garantizar el ingreso de los funcionarios provinciales.
El secretario de Estado de Trabajo, Javier Aravena, aseguró posteriormente que fueron detectadas condiciones que calificó como “altamente deficientes” y distintas infracciones en materia de seguridad.
Como consecuencia de las inspecciones se dispusieron seis ceses preventivos de tareas en sectores determinados de Cerro Negro.
Entre las observaciones informadas por funcionarios provinciales aparecen vehículos sin habilitación, deficiencias en el transporte de combustible y sustancias peligrosas, problemas relacionados con equipos de medición de gases y un eventual derrame de cianuro.
Se trata hasta ahora de señalamientos realizados por las autoridades provinciales. No fue difundido públicamente un informe técnico completo que permita conocer en detalle el alcance de cada observación ni Newmont respondió individualmente a todas las acusaciones.
El Gobierno llegó incluso a dejar abierta la posibilidad de una clausura de mayor alcance si las actuaciones y verificaciones posteriores determinan que las condiciones encontradas lo justifican.
El antecedente de dos trabajadores muertos
La discusión sobre seguridad tiene un antecedente particularmente grave. En abril de 2024, Rosana Ledesma y Daniel Ochoa murieron dentro de Cerro Negro en un incidente ocurrido en la mina subterránea.
Newmont suspendió entonces las operaciones y se inició una investigación judicial para establecer las causas y eventuales responsabilidades. La causa no tiene todavía una resolución definitiva.
El episodio fue expresamente recordado por funcionarios santacruceños durante las inspecciones actuales como una de las razones por las que la Provincia sostiene que los controles sobre seguridad deben extremarse.
AOMA y ASIMRA también respaldaron las fiscalizaciones realizadas por Santa Cruz y se declararon en estado de alerta frente a las observaciones detectadas.
Los cuestionamientos laborales, además, no comenzaron esta semana. Durante los últimos meses los gremios venían reclamando mayores controles sobre las contratistas, las condiciones de trabajo y el cumplimiento del régimen provincial que exige una participación mínima del 90% de trabajadores santacruceños.
Los proveedores advierten por el otro riesgo
La escalada abrió, sin embargo, otro frente. La Cámara de Proveedores Mineros de Santa Cruz (CAPROMISA) pidió diálogo y advirtió sobre las consecuencias que podría tener una interrupción prolongada de Cerro Negro sobre toda la cadena económica de la zona norte provincial.
La entidad no cuestionó la facultad del Estado para realizar controles ni la obligación de garantizar la seguridad, pero planteó que una paralización podría alcanzar a contratistas, transportistas, comerciantes, proveedores y trabajadores que dependen directa o indirectamente del yacimiento.
El planteo resulta significativo porque apenas días antes del conflicto CAPROMISA y Newmont habían mantenido una reunión para intentar aumentar las compras locales.
En ese encuentro, la minera había anticipado que aproximadamente el 80% de las contrataciones vinculadas a CNE1 podrían ser cubiertas por compañías santacruceñas y que las órdenes de compra inferiores a US$50.000 quedarían reservadas para firmas radicadas en la provincia.
Ahora, la preocupación de los proveedores es que la escalada interrumpa justamente el incremento de actividad que esperaban a partir de la expansión.
Una relación que venía acumulando tensión
La crisis tampoco puede reducirse a la última inspección. Durante agosto, el gobernador Claudio Vidal ya había reunido a representantes de AOMA, ASIMRA, UOCRA, Camioneros y UPSAP para discutir específicamente la situación de Cerro Negro.
En aquella reunión, los gremios reclamaron mayor cumplimiento de la contratación local y controles más estrictos sobre empleo y seguridad. El Gobierno respondió anunciando que profundizaría las fiscalizaciones.
La inspección de septiembre fue, por lo tanto, parte de una relación entre la Provincia y la compañía que ya venía acumulando diferencias.
El operativo terminó formalmente durante el fin de semana, pero las actuaciones continúan. Santa Cruz anticipó que los inspectores volverán al yacimiento para comprobar si Newmont realizó las correcciones exigidas.