Cerro Negro busca salir de la crisis: Newmont y Santa Cruz acordaron una agenda para normalizar la mina
Tras los ceses de actividad y la desmovilización de personal, las máximas autoridades regionales de Newmont se reunieron con el gobernador Claudio Vidal.
El conflicto que puso en jaque la operación de Cerro Negro abrió una instancia de negociación. Las máximas autoridades regionales de Newmont se reunieron con el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, y acordaron una agenda para corregir las irregularidades detectadas durante las inspecciones, revisar cuestiones de seguridad y ambiente y avanzar sobre otros dos reclamos provinciales: empleo santacruceño y mayor participación de proveedores locales.
El encuentro representa un cambio respecto de la escalada de los últimos días, que terminó con ocho sectores alcanzados por ceses de actividad y la posterior desmovilización de trabajadores y equipos. No implica todavía la normalización de la mina: la Provincia deberá volver a inspeccionar las áreas afectadas para verificar las correcciones antes de autorizar la recuperación plena de las tareas.
“Hoy mantuvimos una reunión con las máximas autoridades de Newmont para avanzar sobre las situaciones detectadas durante los controles realizados en Cerro Negro. La empresa asumió el compromiso de corregirlas y acordamos trabajar sobre los temas pendientes”, señaló Vidal.
Por Newmont participaron David Meador, director general para las Américas; María Eugenia Sampalione, directora País; Tito Cacho, gerente general de Cerro Negro; y Darío Zegarra, jefe regional de Asuntos Externos. La jerarquía de la delegación muestra la dimensión que adquirió una crisis que llegó pocos meses después de que la compañía anunciara US$800 millones para extender la vida útil del yacimiento más allá de 2035.
De seis a ocho sectores paralizados
La tensión había alcanzado su punto máximo durante las inspecciones realizadas por organismos provinciales dentro de Cerro Negro. Santa Cruz informó inicialmente seis ceses preventivos de tareas, pero posteriormente elevó a ocho los sectores afectados por situaciones que consideró riesgosas para los trabajadores.
Los controles abarcaron condiciones laborales, seguridad e higiene, transporte y distintos servicios utilizados dentro del complejo. La Dirección Provincial de Conectividad Terrestre informó además que labró 35 actas de comprobación y retuvo 11 vehículos por falta de Revisión Técnica Obligatoria (RTO).
La Provincia también denunció otras deficiencias vinculadas con vehículos, transporte de combustibles y sustancias peligrosas y equipos para medición de gases, entre otros aspectos. Algunas autoridades mencionaron incluso un eventual derrame de cianuro. Sobre este último punto no se difundió hasta ahora un informe técnico completo que permita determinar las características y alcance del episodio.
El operativo tuvo además un capítulo particularmente conflictivo. Según la versión oficial, los inspectores encontraron inicialmente dificultades para acceder a determinados sectores y fue necesaria una orden judicial y presencia policial para garantizar la continuidad de los controles.
El Gobierno provincial llegó entonces a mencionar la posibilidad de una clausura de mayor alcance. El escenario comenzó a distenderse posteriormente y las autoridades aclararon que el objetivo de los ceses es la remediación de las deficiencias, para permitir la recuperación de las tareas una vez comprobadas las correcciones.
Las contratistas y una responsabilidad que no termina en ellas
Una parte importante de la discusión pasa ahora por determinar a quién corresponde cada una de las irregularidades. Varios de los vehículos, equipos y servicios observados serían operados por empresas contratistas y no directamente por Newmont, una diferenciación que la compañía hizo valer internamente durante la crisis.
La distinción resulta necesaria para individualizar responsabilidades. Una RTO vencida de un vehículo perteneciente a un tercero, por ejemplo, no constituye automáticamente una infracción cometida directamente por la minera.
Pero tampoco termina de desligar a la operadora.
Cerro Negro funciona bajo la conducción de Newmont y una parte sustancial de sus tareas cotidianas está tercerizada. La selección de proveedores y la supervisión de las condiciones en las que esas compañías trabajan dentro del yacimiento forman parte de la gestión integral de una operación minera.
Que un vehículo o un servicio pertenezca a un contratista puede modificar quién cometió una infracción concreta; no necesariamente resuelve quién debía garantizar que estuviera en condiciones de operar dentro de la mina.
Los propios gremios venían reclamando antes de esta crisis mayores controles sobre las contratistas, junto con mejoras en las condiciones de seguridad.
El 90% local también entra en discusión
El conflicto expuso, al mismo tiempo, una tensión que excede a Newmont. Santa Cruz viene exigiendo a las mineras el cumplimiento de la denominada Ley 90/10, que prioriza fuertemente la contratación de trabajadores provinciales, y reclama que una proporción creciente de las compras y servicios quede en manos de proveedores santacruceños.
El objetivo es que una porción mayor de los beneficios económicos generados por la minería permanezca en la provincia. Pero las deficiencias encontradas durante las últimas inspecciones agregan otra dimensión al debate.
Si parte de las irregularidades corresponde efectivamente a contratistas, la discusión no puede reducirse a cuánto empleo o cuántos contratos quedan en Santa Cruz. También importa si las compañías incorporadas a la cadena minera cuentan con equipamiento adecuado, capacidad financiera, personal capacitado y estándares de seguridad suficientes para prestar esos servicios.
La exigencia de contenido local tiene así una contracara inevitable: no alcanza con que una empresa sea santacruceña o que un trabajador tenga domicilio en la provincia. También deben desarrollarse las capacidades necesarias para trabajar en una actividad de alto riesgo bajo los estándares que la propia Provincia exige.
Eso no libera a Newmont. Por el contrario, la compañía también tiene un papel en ese proceso. Cuando anunció la expansión de Cerro Negro planteó entre sus objetivos el desarrollo progresivo de capacidades y talento local y una mayor participación de contratistas santacruceños.
Newmont mantiene el silencio público
Pese a la dimensión alcanzada por la crisis, Newmont continúa sin ofrecer públicamente una explicación integral sobre las irregularidades denunciadas por la Provincia.
La empresa mantuvo comunicaciones internas con sus trabajadores, informó allí sobre la desmovilización y diferenció situaciones propias de otras vinculadas con compañías contratistas. También participó de la reunión con Vidal y, según informó el Gobierno santacruceño, asumió el compromiso de corregir las deficiencias.
Pero hasta ahora no difundió públicamente una respuesta punto por punto que permita conocer cuáles de las observaciones reconoce, cuáles atribuye a terceros y cuáles eventualmente cuestiona. La información sobre los compromisos asumidos en la última reunión proviene, por el momento, del Gobierno provincial.