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La UIA reclama al Gobierno un comité de emergencia por los cortes de gas que afectan a unas 300 industrias

La entidad fabril advirtió que las restricciones ya alcanzan incluso a empresas con contratos firmes. El Gobierno se escuda en el nuevo esquema.

La crisis por las restricciones en el suministro de gas durante la ola polar sumó un nuevo capítulo. La Unión Industrial Argentina (UIA) reclamó al Gobierno nacional que convoque al Comité de Emergencia previsto por la normativa del sector para coordinar el abastecimiento, luego de que los cortes dejaran de afectar únicamente a los contratos interrumpibles y alcanzaran también a industrias con suministro firme.

Según estimaciones de la entidad y de fuentes del sector, alrededor de 300 empresas de Santa Fe, Córdoba y las provincias del NOA registran restricciones o interrupciones en el suministro de gas, una situación que se agravó con las bajas temperaturas y el fuerte aumento de la demanda residencial.

Sobrecosto

El Comité de Emergencia es el mecanismo previsto para administrar situaciones críticas del sistema gasífero. Está integrado por el ente regulador ENREGE, la Secretaría de Energía, transportistas, distribuidoras, CAMMESA y ENARSA, y tiene como objetivo coordinar las restricciones preservando el abastecimiento de la denominada demanda prioritaria, integrada por hogares, hospitales, escuelas y otros servicios esenciales.

Desde la UIA sostienen que, si las restricciones responden a un faltante comercial de gas y no exclusivamente a limitaciones en el transporte, corresponde convocar formalmente al comité para verificar si existen otros productores o comercializadores con volúmenes disponibles que permitan abastecer a las industrias afectadas. Esa definición resulta clave porque determina quién debe asumir el sobrecosto del suministro durante el invierno.

Martín Rappallini, presidente de la UIA y referente de Alberdi Desarrollos S.A., una de las empresas detrás de San Jorge.

Nuevo funcionamiento del mercado

La posición oficial, sin embargo, es diferente. Desde el Gobierno y las distribuidoras aseguran que no existe una escasez física de gas natural, sino un problema económico derivado del nuevo funcionamiento del mercado. Argumentan que las industrias que contrataron oportunamente cargamentos de Gas Natural Licuado (GNL) continúan operando con normalidad, mientras que aquellas que decidieron no adquirir ese combustible enfrentan ahora restricciones por no convalidar los precios internacionales.

El conflicto tiene como telón de fondo la reforma implementada este año en el mercado gasífero. A diferencia de inviernos anteriores, el Estado dejó de utilizar a ENARSA como proveedor de última instancia y trasladó a los grandes consumidores la responsabilidad de contratar directamente su abastecimiento, incluso recurriendo al GNL importado cuando la producción local resulta insuficiente para cubrir los picos de demanda.

El principal obstáculo es el precio. Mientras el gas de producción local ronda los US$ 4,5 por millón de BTU, el GNL importado se ubica este invierno en torno a los US$ 20 a 26 por millón de BTU, impulsado por la suba de las cotizaciones internacionales tras la escalada geopolítica en Medio Oriente. La UIA había propuesto que el Estado absorbiera temporalmente parte de ese sobrecosto, pero la iniciativa fue descartada por el Ministerio de Economía.