La otra cara del boom nuclear: cómo queda la CNEA después de renuncias, despidos y un edificio tomado
Mientras el Gobierno impulsa un reactor privado en Atucha y frena el CAREM, la Comisión Nacional de Energía Atómica atraviesa una crisis institucional.
El 30 de junio, alrededor de 60 trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) recibieron, a través del sistema de Gestión Documental Electrónica del Estado, la misma comunicación: su contrato a plazo fijo finalizaba ese día y no sería renovado. La noticia derivó en una toma pacífica del edificio central del organismo, en el barrio porteño de Núñez, y en el envío de refuerzos de Gendarmería para custodiar la sede. Dos semanas después, la CNEA sigue siendo escenario de renuncias gerenciales, pedidos formales de reincorporación y un cruce público entre las autoridades del organismo y buena parte de su propia estructura técnica.
El presidente de la CNEA, Martín Eduardo Porro, salió a responder de inmediato a través de la red social X: "Ningún operador licenciado, investigador ni personal especializado fue desvinculado. Que quede claro, estamos buscando potenciar la CNEA, no disminuirla". Desde el organismo se agregó, en respuesta a las críticas, que quienes dejaron de tener contrato eran personas que "no cumplían tareas técnicas o indispensables", que "no se presentaban a trabajar", que tenían "trabajo duplicado", o cuyos propios jefes inmediatos habían indicado que podían prescindir de sus servicios. Según esa misma versión, 42 de las 61 desvinculaciones correspondían a personal con nivel educativo secundario o primario.
Esa lectura oficial, sin embargo, convive con un cúmulo de testimonios internos que describen un cuadro distinto. Desde el 1° de julio, funcionarios con cargos gerenciales elevaron nueve notas formales a la presidencia del organismo solicitando la reincorporación de 24 de los desvinculados: quince pertenecientes al proyecto CAREM, seis del área de Energía Nuclear, dos de Seguridad Nuclear y Ambiente, y uno de Desarrollo Tecnológico. En paralelo, renunciaron dos gerentes que conducían áreas con alrededor de 1.400 empleados en conjunto: Juan Manuel Ranalli, del área de Energía Nuclear, y Karina Alejandra Pierpauli, del área de Investigación, Desarrollo y Aplicación.
CNEA, casos puntuales, un mismo reclamo
Algunas de esas cartas describen situaciones concretas que contradicen la idea de un ajuste sobre personal prescindible. Oscar Edmundo Novara, titular de la Gerencia de Combustibles Nucleares, pidió por escrito que se revierta la desvinculación de Mauricio Nicolás Benegas, técnico electromecánico del área de Tecnología de Aleaciones de Circonio, con "desempeño altamente satisfactorio" según su propio jefe. Novara relató que, un día después de haber sido notificado de su desvinculación, Benegas de todas formas reparó por su cuenta un horno de tratamientos térmicos clave para la fabricación de cables de cobre utilizados en detectores, evitando así recurrir a un contratista externo.
Ranalli, por su parte, solicitó la reincorporación de los seis desvinculados de su área advirtiendo que la medida generaba "un impacto sumamente negativo y un perjuicio directo sobre la operatividad de instalaciones críticas" y que resultaba "contradictoria a los lineamientos de generación de recursos y vectores de exportación" que el propio secretario de Asuntos Nucleares había planteado públicamente semanas antes. Según fuentes de la comisión citadas por medios nacionales, la asignación presupuestaria que recibe la CNEA desde el Tesoro nacional cayó 52,1% en los últimos tres años, y los salarios del organismo van desde unos $544.000 en un puesto de base hasta $2.150.000 en un cargo gerencial.
La respuesta institucional no tardó en sumar respaldos externos. La Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales expresó su "profunda preocupación" por el estado del sistema nacional de ciencia y técnica, y habló de un proceso de "vaciamiento" en la CNEA. A ese pronunciamiento se sumaron la Academia Nacional de Ciencias con sede en Córdoba, la Asociación de Profesionales de la CNEA y la Actividad Nuclear, el Consejo Interuniversitario Nacional y el Consejo Directivo del Centro Científico Tecnológico CONICET-CENPAT. La Asociación de Trabajadores del Estado, que ocupó pacíficamente la sede central tras conocerse los despidos, convocó a un paro y a una caravana de protesta, y su secretario general, Rodolfo Aguiar, calificó la situación como "muy grave".
Dos reactores, dos futuros
Lo que vuelve más incómoda la discusión para el Gobierno es la coincidencia de calendario. Apenas semanas antes de que estallara el conflicto por los despidos, se había anunciado una inversión privada de US$ 1.200 millones para construir un reactor nuclear —el ACR-300— en Atucha, con ingeniería de INVAP y capital estadounidense, en el marco del Súper RIGI. Se trata, en los papeles, de una buena noticia para el sector: la primera gran apuesta privada por energía nuclear en el país en mucho tiempo. Pero el capital técnico que hace atractiva a la Argentina como plataforma nuclear —investigadores, ingenieros especializados, décadas de desarrollo en INVAP, en Nucleoeléctrica Argentina, en el Instituto Balseiro— es, en gran medida, producto de la misma inversión pública que hoy se recorta.
El caso del CAREM ilustra esa tensión de la forma más directa. Es el primer reactor de potencia diseñado y construido íntegramente en la Argentina, un desarrollo insignia de la CNEA que quedó con su obra paralizada antes de completarse. Para los críticos de la actual gestión, el impulso al ACR-300 privado en paralelo a la parálisis del CAREM estatal no es casualidad, sino una muestra de hacia dónde se inclina la prioridad oficial. Desde el oficialismo y desde algunos sectores técnicos, en cambio, se responde que ambos proyectos no son comparables: el ACR-300 apunta a una lógica comercial de mercado, con una escala de 300 megavatios pensada para centros de datos e industrias de alto consumo eléctrico, mientras que el CAREM arrastra desde hace años demoras propias y sobrecostos de ingeniería que exceden la discusión actual sobre personal.
Nucleoeléctrica Argentina, la empresa estatal que opera las tres centrales en funcionamiento —Atucha I, Atucha II y Embalse— y que aporta alrededor del 7% de la generación eléctrica del país, quedó también mencionada en las versiones que circulan entre gremios y legisladores de la oposición, que hablan de un proceso orientado a allanar el camino hacia su privatización. Desde el Gobierno no hubo, hasta el momento, una confirmación oficial de esa hipótesis.
Mientras tanto, la actividad diaria en los centros atómicos del país sigue funcionando, aunque con áreas que sus propios gerentes describen como operando muy por debajo de la dotación necesaria. La discusión sobre cuántos de los desvinculados finalmente serán reincorporados, y sobre qué pasará con el CAREM, sigue sin resolución a la vista.