El Gobierno nacional abrió el debate en el Senado por la nueva ley de Biocombustibles
En el inicio de la discusión el Gobierno mostró mayor predisposición a aumentar los cortes de bioetanol que los de biodiésel.
El debate por una nueva Ley de Biocombustibles volvió a instalarse en el centro de la agenda energética. Con el respaldo explícito del Gobierno nacional, el Senado comenzó a analizar una serie de proyectos que apuntan a reemplazar el esquema vigente y modificar de manera significativa el funcionamiento de un sector que involucra a las economías regionales, la industria agroindustrial, las refinadoras y el mercado de combustibles.
En la Cámara alta se discuten 5 iniciativas, presentadas por los senadores Beatriz Ávila (Independencia); José Carambia y Natalio Gadano (ambos por Movere Santa Cruz); Alejandra Vigo y Carlos Espínola (ambos de Provincias Unidas); Flavia Royón (Primero Los Salteños); y Patricia Bullrich (LLA) y otros.
La posición oficial fue defendida por el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, quien sostuvo que el actual régimen regulatorio "está agotado" y que es necesario avanzar hacia un esquema con mayor competencia, menos intervención estatal y reglas que permitan atraer inversiones de largo plazo.
El proyecto que impulsa el oficialismo propone elevar los porcentajes obligatorios de mezcla de biocombustibles en los combustibles fósiles. En el caso del biodiésel, el corte pasaría al 10%, mientras que el bioetanol subiría al 15%. La iniciativa también contempla la eliminación gradual de los cupos de producción y comercialización que hoy regulan buena parte del mercado.
El debate por una nueva Ley de Biocombustibles volvió a instalarse en el centro de la agenda energética. Con el respaldo explícito del Gobierno nacional, el Senado comenzó a analizar una serie de proyectos que apuntan a reemplazar el esquema vigente y modificar de manera significativa el funcionamiento de un sector que involucra a las economías regionales, la industria agroindustrial, las refinadoras y el mercado de combustibles.
En un plenario de comisiones en el Senado, la posición oficial fue defendida por el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, quien sostuvo que el actual régimen regulatorio "está agotado" y que es necesario avanzar hacia un esquema con mayor competencia, menos intervención estatal y reglas que permitan atraer inversiones de largo plazo.
Nuevos porcentajes
El proyecto que impulsa el oficialismo propone elevar los porcentajes obligatorios de mezcla de biocombustibles en los combustibles fósiles. En el caso del biodiésel, el corte pasaría al 10%, mientras que el bioetanol subiría al 15%. La iniciativa también contempla la eliminación gradual de los cupos de producción y comercialización que hoy regulan buena parte del mercado.
La discusión no es menor. Detrás de los porcentajes de corte conviven intereses económicos y políticos de enorme magnitud. Por un lado, las provincias productoras de maíz, caña de azúcar y soja buscan ampliar la participación de los biocombustibles en la matriz energética. Por otro, las refinadoras y algunos sectores consumidores advierten sobre el impacto que una mayor utilización de estos productos podría tener sobre los costos de los combustibles.
El bioetanol gana terreno
Uno de los aspectos más llamativos de la postura oficial es la diferencia de criterio entre biodiésel y bioetanol.
Según explicó González ante los senadores, el Gobierno considera que el bioetanol se encuentra hoy en niveles de precios similares a los de las naftas que reemplaza, por lo que una mayor participación en las mezclas tendría un efecto limitado sobre los valores en surtidor. Bajo esa lógica, la propuesta contempla elevar el corte obligatorio hasta el 15%, manteniendo espacios para la producción de caña de azúcar y maíz, pero incorporando una porción adicional abierta a la competencia.
La definición resulta especialmente relevante para provincias como Tucumán, Salta y Jujuy, donde el complejo sucroalcoholero tiene un peso decisivo, pero también para Córdoba, que en los últimos años consolidó una fuerte expansión de la producción de bioetanol a base de maíz.
Biodiésel: el punto de mayor conflicto
El biodiésel aparece como el segmento más controvertido. Aunque el proyecto prevé una suba de los cortes obligatorios, el Gobierno rechazó las iniciativas que impulsan incrementos más agresivos. La explicación oficial es económica: el biodiésel continúa siendo significativamente más caro que el gasoil fósil y una expansión acelerada podría trasladarse a toda la cadena logística, desde el transporte hasta la producción agropecuaria.
La discusión tiene especial impacto en provincias como Santa Fe, donde se concentra gran parte de la capacidad instalada para producir biodiésel a partir de aceite de soja y donde distintos actores del sector reclaman porcentajes de mezcla superiores a los planteados por la iniciativa oficial.
Menos regulación
La propuesta oficial apunta a eliminar progresivamente los cupos y mecanismos de asignación administrada que rigen actualmente. El bioetanol avanzaría hacia un esquema competitivo de manera inmediata, mientras que el biodiésel tendría un período de transición de cinco años.
Además, la iniciativa contempla la creación de mecanismos de negociación más abiertos, con formación de precios basada en criterios de mercado y menor intervención estatal. El objetivo declarado es generar previsibilidad para inversiones de largo plazo y reducir las distorsiones que, según el Gobierno, generó el sistema vigente.
El debate llega en medio de nuevos aumentos
La discusión legislativa coincide con una actualización reciente de los precios regulados del biodiésel y el bioetanol. La Secretaría de Energía dispuso incrementos que oscilaron entre aproximadamente 1,7% y 2,7%, con el argumento de acompañar la evolución de los costos de producción y evitar desfasajes en la cadena de abastecimiento.
Estos ajustes vuelven a poner sobre la mesa una de las principales tensiones del sector: cómo incrementar la participación de los combustibles renovables sin generar presiones adicionales sobre los precios finales que pagan los consumidores. El propio Gobierno reconoce que cualquier modificación en los porcentajes de mezcla tiene efectos económicos y fiscales, ya que los biocombustibles cuentan con un tratamiento impositivo diferente al de los combustibles fósiles.