El Gobierno lanzó el concurso para privatizar Transener, pieza clave en el transporte de energía eléctrica
La compañía estatal Transener tiene más de 15 mil km de líneas. Nación llamó a un concurso nacional e internacional. Esperan recaudar más de USD 200 millones.
Transnoa dejó si energía eléctrica a 900 mil usuarios.
Rodrigo D'Angelo / MDZEl Gobierno nacional oficializó esta semana el inicio del proceso para privatizar Transener, la compañía que gestiona el corazón del sistema de transporte de energía eléctrica en alta tensión del país. La decisión quedó formalizada con el llamado a un concurso público nacional e internacional para vender la participación que el Estado posee en la empresa controlante de Transener.
Transener es una pieza clave del sistema eléctrico argentino. Opera y mantiene alrededor del 85% de las líneas de transmisión en 500 kilovoltios, el nivel de mayor tensión de la red, además de supervisar el resto del sistema de extra alta tensión. En total, administra más de 15.000 kilómetros de líneas, que permiten transportar la energía desde los grandes centros de generación hacia las áreas de consumo urbano, industrial y productivo en todo el país.
La participación que saldrá a concurso corresponde a las acciones que el Estado controla a través de Energía Argentina S.A. (Enarsa) en la sociedad controlante Citelec, lo que implica la cesión del control accionario de la principal transportista eléctrica del país. El proceso establece plazos para la inscripción de interesados, la presentación de consultas y la posterior formulación de ofertas, con el objetivo de atraer inversores con capacidad técnica y financiera para operar una infraestructura crítica.
Recursos por privatización
Desde el Gobierno estiman que la operación podría generar ingresos cercanos a los USD 200 millones, que se sumarían a otros recursos obtenidos a través de la privatización o concesión de activos energéticos. En ese marco, el Ejecutivo busca reforzar el financiamiento público y, al mismo tiempo, promover una mayor participación privada en áreas consideradas estratégicas para el crecimiento económico.
La privatización de Transener no es un hecho aislado, sino que se inscribe en una revisión más amplia del rol del Estado en el sector energético, que ya incluyó avances sobre represas hidroeléctricas y otros activos. En todos los casos, el objetivo oficial declarado es transferir la operación a privados, manteniendo la regulación estatal sobre servicios esenciales.
Impacto en tarifas y obras
La apertura del proceso genera interrogantes sobre su impacto en tarifas, inversiones y desarrollo de infraestructura, tres variables centrales para el futuro del sistema eléctrico. En términos tarifarios, el transporte representa una porción relativamente menor de la factura final que pagan los usuarios, pero cumple un rol estructural en el costo del sistema. La entrada de un operador privado, orientado a la eficiencia y la rentabilidad, podría reforzar los reclamos por mayor previsibilidad tarifariay por esquemas que permitan recuperar inversiones en operación y mantenimiento.
De todos modos, cualquier modificación en los ingresos de Transener seguirá sujeta al marco regulatorio vigente y a la aprobación del Estado a través del ente regulador, lo que reduce la posibilidad de impactos inmediatos o automáticos sobre las tarifas. En ese sentido, los cambios, de producirse, estarían más ligados a futuras revisiones integrales del esquema eléctrico que a la privatización en sí misma.
Cómo acelerar los procesos
Donde el efecto podría ser más relevante es en el plano de las inversiones. El sistema de transporte eléctrico argentino enfrenta un rezago histórico en ampliaciones, en un contexto de creciente demanda, incorporación de energías renovables y desarrollo de grandes proyectos productivos —como la minería y la industria pesada— que requieren disponibilidad y confiabilidad energética. Un operador privado con capacidad financiera podría acelerar planes de modernización, mantenimiento y expansión de la red.
En cuanto a las obras futuras, la privatización reabre el debate sobre cómo se financiarán y ejecutarán las nuevas líneas de alta tensión necesarias para acompañar el crecimiento del sistema. Hasta ahora, muchas ampliaciones se realizaron con esquemas mixtos o con fuerte intervención estatal.