El agua tiene precio: Río Negro convirtió en ley el cobro a las hidroeléctricas del Comahue
La Legislatura aprobó por mayoría el canon del 1% sobre la facturación de Alicurá, El Chocón y Piedra del Águila por el uso del agua provincial.
La represa del Comahue
Durante décadas, el agua de los ríos Limay, Neuquén y Negro movió las turbinas de las grandes represas del Comahue sin que las provincias vieran un peso a cambio. Esa historia acaba de cambiar. La Legislatura de Río Negro aprobó el jueves 11 de junio, por mayoría de 40 votos contra cuatro, el proyecto impulsado por el gobernador Alberto Weretilneck que establece una retribución económica por el uso del recurso hídrico provincial en la generación de energía eléctrica.
La norma obliga a las futuras concesionarias de Alicurá, El Chocón y Piedra del Águila a pagar a la provincia el equivalente al 1% de toda la facturación obtenida por la venta de energía en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). El acuerdo fue construido en coordinación con Neuquén, que percibirá otro 1%, conformando un canon total del 2% distribuido en partes iguales entre ambas provincias patagónicas.
La norma no emerge de la nada. Se apoya en la ley provincial 5707, sancionada en marzo de 2024, que ratificó el dominio originario de Río Negro sobre sus recursos naturales y estableció que cualquier aprovechamiento hidroeléctrico sobre aguas de jurisdicción provincial requería una concesión provincial previa —antes de que la Nación otorgara la suya. Esa arquitectura jurídica fue la que le dio sustento al reclamo en las negociaciones con el Gobierno nacional, y la ley aprobada esta semana es, en buena medida, la cristalización legislativa de lo que ya estaba acordado en los nuevos contratos de concesión.
Los fondos que ingresen por este canon tendrán destino específico: la constitución de un Fondo Hidráulico orientado al mantenimiento y operación de canales y sistemas de agua en la provincia. La oposición intentó incorporar un mecanismo de coparticipación de esos ingresos hacia los municipios, pero el oficialismo rechazó la enmienda con el argumento de que los recursos deben preservarse para infraestructura hídrica y no derivarse a gasto corriente.
Un reclamo de Río Negro con raíz constitucional
El sustento jurídico de la iniciativa remite al artículo 124 de la Constitución Nacional, que desde la reforma de 1994 reconoce el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales. El problema es que las concesiones de las grandes represas del Comahue fueron otorgadas antes de esa reforma, bajo un esquema en el que la Nación administraba los recursos hídricos sin compensar a las jurisdicciones donde estaban emplazadas. Durante más de tres décadas, ese vacío se mantuvo sin resolución. Las empresas operaban, generaban, facturaban y giraban sus utilidades sin que Río Negro ni Neuquén percibieran retribución alguna por el insumo central del negocio: el agua.
El proceso de renovación de concesiones que impulsó el Gobierno nacional abrió la ventana para corregirlo. Weretilneck y su par neuquino, Rolando Figueroa, negociaron en ese marco el reconocimiento del dominio provincial y la incorporación del canon a los nuevos pliegos. El resultado de esas negociaciones es lo que la Legislatura rionegrina acaba de convertir en ley.
El gerente general del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), Santiago Yanotti, calificó la medida como un quiebre en la historia del federalismo argentino. Desde el Ejecutivo provincial se insistió en que no se trata de un impuesto ni de una regalía en el sentido tradicional, sino de un pago por el uso de un recurso natural estratégico de propiedad provincial —una distinción que no es menor en términos jurídicos y que las empresas concesionarias tendrán que incorporar a sus estructuras de costos.
Las represas, el sistema y lo que está en juego
Alicurá, El Chocón y Piedra del Águila no son tres centrales cualquiera. Las instalaciones ubicadas sobre el río Limay aportan aproximadamente una cuarta parte de la generación hidroeléctrica nacional, lo que convierte al Comahue en uno de los activos energéticos más estratégicos del país. Que ese corredor opere sobre recursos hídricos provinciales sin reconocimiento económico para las provincias era, desde el punto de vista del federalismo fiscal, una anomalía difícil de defender.
La norma aprobada también introduce cambios en la arquitectura institucional del sector. El proyecto fortalece a la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) —el organismo que comparten la Nación, Río Negro, Neuquén, Buenos Aires y La Pampa para administrar las cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro—, que en el nuevo esquema absorbe funciones del Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP) y concentra el monitoreo de embalses, caudales y límites de seguridad. Detrás de esa reorganización hay una obligación concreta: una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación impone la ejecución de reparaciones estructurales para preservar la seguridad de las represas ante crecidas. El acuerdo con la Nación trasladó ese frente a los concesionarios, que deberán financiar los estudios y luego las obras.
La norma también habilita que una porción del canon pueda cobrarse en especie —energía física valorizada al costo que pagan los usuarios residenciales e industriales rionegrinos—, una cláusula que abre la puerta a que la empresa provincial EDHIPSA participe en la comercialización de energía y que, de materializarse, añadiría una dimensión nueva al rol del Estado provincial en el mercado eléctrico.
Renta y debate
El debate legislativo no estuvo exento de fricciones técnicas. El legislador Luciano Delgado Sempé advirtió que la redacción aprobada limita el cobro al volumen de energía comercializado en el MEM y podría dejar fuera futuros contratos bilaterales o mecanismos alternativos de comercialización que surjan con la apertura del mercado. Observaciones similares plantearon los legisladores Leandro García y Daniel Belloso, que reclamaron perfeccionar el texto para garantizar que la provincia participe de la totalidad de la renta generada por el aprovechamiento de sus recursos. Son alertas que el Ejecutivo tendrá que considerar si el mercado eléctrico avanza hacia esquemas de contratación directa, como viene señalando la política energética nacional.
En términos fiscales, se estima que el canon podría representar alrededor de US$ 40 millones anuales para Río Negro, según proyecciones que circularon durante el debate. Es un número que hay que tomar con cautela —dependerá de los volúmenes efectivamente comercializados en el MEM y de la evolución del precio de la energía—, pero que da una idea del impacto concreto que la norma puede tener sobre las finanzas provinciales.
Lo que la ley no resuelve, al menos por ahora, es la tensión latente con la administración nacional y con las propias empresas concesionarias, que deberán incorporar el canon a sus estructuras de costos en un contexto de tarifas en transición. La estrategia de Weretilneck —construir primero el acuerdo en las negociaciones, luego blindarlo con una ley provincial— apunta a reducir esa fricción: lo que está escrito en los contratos y ratificado por la Legislatura es más difícil de desandar que un acuerdo informal. Si el modelo rionegrino-neuquino prospera, otras provincias con recursos hídricos aprovechados por el sistema nacional podrían recorrer el mismo camino.