Chubut tiene uranio para abastecer al país por décadas, pero nadie se anima a tocar una ley clave
La provincia patagónica concentra las reservas de uranio más importantes del país. Dos proyectos avanzados esperan. El obstáculo no es técnico ni económico: es político.
Laguna Salada en Chubut presenta las condiciones para ser una fuente de extracción cercana.
Jaguar UraniumArgentina importa uranio de Kazajistán para alimentar sus centrales nucleares mientras tiene, en la meseta central de Chubut, reservas suficientes para autoabastecerse durante décadas y todavía exportar. El mineral está ahí, los proyectos existen, las empresas llegaron y los estudios se hicieron. Lo que falta no es geología ni inversión: es la decisión política de resolver una discusión que lleva años trabada en el mismo punto.
El debate volvió al centro de la escena esta semana después de que el asesor presidencial Santiago Caputo hiciera referencia pública al potencial uranífero de Chubut, mencionando una cifra de 300.000 toneladas que los propios referentes del sector minero provincial se encargaron de corregir. Gerardo Cladera, presidente de la Cámara de Proveedores y Empresarios Mineros de Chubut (CAPEM), precisó que las reservas identificadas rondan las 30.000 toneladas. Una diferencia de un orden de magnitud que importa para la credibilidad del debate, pero que no cambia el fondo del asunto: incluso con esa cifra, el potencial es enorme. Argentina consume alrededor de 200 toneladas anuales de uranio. Treinta mil toneladas alcanzarían para más de un siglo de consumo propio.
Uranio, el recurso crítico que el mundo volvió a querer
El uranio pasó años en el olvido. Después del accidente de Fukushima en 2011, la energía nuclear perdió impulso político en varios países, la demanda cayó, el precio se desplomó y la exploración se frenó globalmente. Durante esa década de pausa, Chubut siguió teniendo su mineral en el subsuelo, pero nadie tenía urgencia por extraerlo.
Ese escenario cambió. El mundo está entrando lentamente en un cuello de botella sobre de dónde va a salir el uranio para el futuro, advirtió Cladera. La demanda aumentó sin que existiera avance suficiente en nuevos desarrollos. La transición energética, paradójicamente, revalorizó la energía nuclear como fuente de baja emisión de carbono, y con ella al uranio como insumo estratégico. El mineral cotiza actualmente entre 85 y 90 dólares la libra, casi el doble de los valores registrados en los años posteriores al accidente de Fukushima, cuando había caído a entre 30 y 50 dólares.
Argentina no quedó al margen de esa tendencia, pero sí llegó tarde. El país venía importando uranio desde Kazajistán, proveedor que redujo sus exportaciones hacia mercados occidentales. Esa restricción convirtió el autoabastecimiento en una cuestión de seguridad energética, no solo de oportunidad comercial. Sin producción propia y con un proveedor que recorta exportaciones, la continuidad operativa de Atucha I, Atucha II y Embalse depende de un mercado internacional cada vez más competido.
Cerro Solo y Laguna Salada: los dos proyectos que esperan
En el mapa geológico de Chubut, los dos activos más avanzados son Cerro Solo y Laguna Salada, ambos ubicados en la meseta central. Entre las dos cuencas concentran recursos identificados de entre 10.000 y 15.000 toneladas listos para su cubicación comercial. Son proyectos con historia: los estudios originales, los cálculos de reservas y los análisis metalúrgicos se realizaron entre 2008 y 2010, y hoy las empresas los están reevaluando a la luz de los precios actuales del mercado.
Los yacimientos son técnicamente distintos entre sí. Cerro Solo es un depósito profundo, ubicado entre 40 y 140 metros bajo tierra, donde podría aplicarse un sistema de recuperación mediante bombeo. Laguna Salada, en cambio, presenta un esquema de explotación superficial: el uranio está en sedimentos y arenas, cubriendo los rodados, y el método consistiría en retirar el material fino para luego recomponer el terreno. Dos perfiles técnicos distintos, dos empresas distintas, el mismo obstáculo legal.
El bloque de Laguna Salada es controlado operativamente por la corporación canadiense Jaguar Uranium a través de su firma subsidiaria Ontario, cuyos equipos avanzan en la reevaluación económica y el rediseño de costos de los informes originales. En mayo, la empresa recibió la aprobación de la Evaluación de Impacto Ambiental para el área Guanaco, un sector del proyecto, lo que le permitió iniciar tareas de exploración. El CEO de Jaguar Uranium, Steven Gold, calificó ese permiso como un hito importante que permitirá ejecutar una estrategia de exploración acelerada. Cerro Solo, por su parte, permanece bajo la órbita de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).
El contexto geopolítico agrega una dimensión adicional al proyecto de Jaguar. La empresa destacó que sus activos en Argentina podrían ser elegibles para recibir financiamiento federal estadounidense a través del EximBank o la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional, en el marco del acuerdo bilateral sobre minerales críticos firmado recientemente entre Argentina y Estados Unidos. No es un detalle menor: el respaldo financiero estadounidense podría acelerar los tiempos de un proyecto que de otro modo dependería exclusivamente de los mercados de capitales canadienses.
La Ley 5001 y la discusión que nadie cierra
El principal obstáculo no está en el subsuelo sino en el Boletín Oficial de la provincia. La Ley Provincial 5001 prohíbe de forma taxativa la actividad minera metalífera bajo la modalidad a cielo abierto y veda la utilización de cianuro. La norma nació como respuesta a la presión social contra la minería aurífera y fue refrendada en sucesivos intentos de reforma que terminaron en fracaso político. El más reciente y recordado fue el de 2021, cuando la Legislatura aprobó una zonificación minera que fue derogada días después ante la magnitud de las protestas.
El sector minero argumenta que el uranio es un caso diferente. Cladera fue explícito: el uranio no utiliza cianuro en su proceso de extracción. Para Laguna Salada, además, el método de explotación superficial sería, según sus propias palabras, similar al de una cantera de áridos: se retira el material, se separa el mineral y se restituye el terreno con revegetación posterior. Desde esa lectura, la prohibición de la Ley 5001 podría interpretarse como inaplicable al uranio. El problema es que esa interpretación nunca fue sometida a prueba jurídica ni legislativa.
Jaguar Uranium optó por avanzar dentro del marco legal vigente, enfocándose exclusivamente en exploración técnica sin promover cambios legislativos inmediatos. Es una estrategia pragmática: ganar terreno geológico sin activar la resistencia social que históricamente acompaña cualquier intento de reforma normativa en Chubut. Pero la exploración tiene un techo: tarde o temprano, si los estudios confirman la viabilidad, el debate sobre la explotación deberá darse. Y ese debate implicará, necesariamente, tocar la ley.
Agua, costos y el peso de la meseta
Además del marco normativo, los proyectos enfrentan otro desafío estructural: la disponibilidad de agua en la meseta central chubutense, una región árida donde el recurso hídrico es escaso y disputado. Las empresas están realizando nuevos estudios hidrogeológicos para dimensionar ese factor. Cladera señaló que en este tipo de proyectos el agua se recicla dentro del proceso productivo, lo que reduce la demanda neta. Pero los volúmenes necesarios para una operación minera de escala siguen siendo un dato sensible en una zona donde el agua ya genera tensiones entre usos productivos y comunidades locales.
El factor económico también requiere actualización. Los cálculos de costos originales datan de entre 2008 y 2010, cuando el precio del uranio era sustancialmente menor al actual. Con el mineral cotizando al doble de esos valores, los proyectos que antes rozaban el límite de la rentabilidad hoy pueden presentar una ecuación radicalmente distinta. Esa reevaluación está en curso, y sus resultados definirán si las inversiones se justifican a la escala que los yacimientos permiten.
Chubut tiene un recurso que el mundo necesita, que Argentina necesita, y que el mercado está dispuesto a pagar a precios históricamente altos. Tiene dos proyectos con años de estudios, empresas con financiamiento y un contexto geopolítico que convierte al uranio en un activo estratégico de primer orden. Lo que no tiene es la resolución política para avanzar.
La Ley 5001 no es inmutable: es una decisión legislativa que puede revisarse, aclararse o reglamentarse. Lo que faltó hasta ahora es un gobierno provincial dispuesto a asumir el costo político de abrir ese debate con seriedad, y un gobierno nacional que acompañe con algo más que declaraciones. Los dichos de Santiago Caputo pueden ser el inicio de esa conversación. O pueden ser, como tantas veces en la historia minera argentina, solo el anuncio de una discusión que nunca termina de ocurrir.