En febrero el Congreso tratará en extraorinarias la Ley de Glaciares y vuelve el debate clave para la minería
Desde el sector ratifican el consenso sobre la protección ambiental en la Ley de Glaciares, pero reclaman precisiones técnicas para evitar interpretaciones.
Los cambios en la Ley de Glaciares son considerados claves para el avance de la minería en determinadas.
Foto: CAEMEl tratamiento de la Ley de Glaciares volverá a ocupar un lugar central en la agenda legislativa durante febrero, cuando el Congreso la incluya dentro del temario de sesiones extraordinarias. La discusión reabre uno de los debates más sensibles para la minería argentina, en un contexto donde el Gobierno nacional busca reactivar inversiones de gran escala y mejorar la previsibilidad regulatoria.
Desde el sector minero sostienen que existe un consenso unánime respecto a la necesidad de proteger los glaciares y el ambiente periglacial cuando constituyen reservas estratégicas de recursos hídricos. Sin embargo, advierten que la norma vigente presenta ambigüedades que requieren aclaraciones técnicas para evitar interpretaciones generalizadas que terminen bloqueando proyectos evaluados positivamente desde el punto de vista ambiental.
El eje del reclamo por la Ley de Glaciares
La principal observación de la industria es que no todos los glaciares ni todo el ambiente periglacial cumplen necesariamente el rol de reserva hídrica estratégica. En ese sentido, aseguran que la ley debería establecer con mayor claridad que dicha condición debe ser determinada caso por caso, en base a estudios específicos y con la opinión de expertos independientes.
Según el planteo del sector, la falta de definiciones precisas habilita interpretaciones amplias que funcionan, en la práctica, como una prohibición generalizada, incluso en áreas donde no existe afectación real ni comprobable sobre los recursos hídricos.
El debate que se abrirá en el Congreso también expone una tensión estructural entre el diseño normativo y la aplicación práctica de la ley. Desde la minería señalan que el inventario de glaciares y ambiente periglacial, concebido como una herramienta técnica, terminó siendo utilizado en algunos casos como un instrumento de veto automático.
En ese sentido, advierten que una eventual revisión no apunta a debilitar la protección ambiental, sino a incorporar criterios científicos más precisos, que permitan compatibilizar el cuidado del recurso hídrico con el desarrollo de proyectos productivos evaluados individualmente y bajo controles estrictos del Estado.
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Un debate con trasfondo político
Desde el plano político, el tratamiento de la Ley de Glaciares vuelve a poner en evidencia las diferencias entre el Gobierno nacional y las provincias cordilleranas, especialmente aquellas con fuerte perfil minero como San Juan, Catamarca y Salta. Gobernadores y funcionarios provinciales vienen reclamando desde hace años mayor claridad normativa para evitar que la ley funcione como un freno generalizado a proyectos estratégicos.
En el Congreso, el debate anticipa cruces entre sectores que impulsan una interpretación más restrictiva de la norma y bloques que buscan introducir precisiones técnicas sin modificar el objetivo de protección ambiental, en un contexto donde la agenda económica, la competencia por inversiones y el impulso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ganan peso en la discusión.
Antecedentes judiciales y margen de interpretación
La Ley de Glaciares ya fue objeto de múltiples controversias judiciales desde su sanción. A lo largo de la última década, distintos proyectos mineros quedaron paralizados o demorados por medidas cautelares y presentaciones basadas en interpretaciones amplias del concepto de ambiente periglacial.
Si bien la Corte Suprema ratificó la constitucionalidad de la norma, también dejó margen para que su aplicación se base en criterios técnicos y estudios específicos, un punto que hoy vuelve a ser invocado por el sector minero como sustento para introducir aclaraciones legislativas que reduzcan la discrecionalidad administrativa y aumenten la previsibilidad regulatoria.
En ese escenario, el debate de febrero aparece como una instancia clave para redefinir el equilibrio entre protección ambiental, seguridad jurídica y desarrollo productivo en la Cordillera argentina.