La batalla judicial que frena proyectos de energía eólica marina en Estados Unidos
El gobierno de Donald Trump frenó cinco proyectos, argumentando riesgos de seguridad nacional, pero un juez federal autorizó a la empresa Ørsted a retomar los trabajos.
El gobierno de Trump libra una batalla contra los parques marinos de energía eólica.
OrstedLa expansión de la energía eólica marina en Estados Unidos quedó atrapada en una disputa judicial que enfrenta a desarrolladores, estados y al gobierno federal. La decisión de la administración de Donald Trump de suspender cinco grandes proyectos en la Costa Este reactivó una serie de demandas que buscan destrabar obras avanzadas y evitar cancelaciones con fuerte impacto económico y energético.
La pausa, anunciada el 22 de diciembre, se fundamentó en presuntas preocupaciones de seguridad nacional vinculadas a posibles interferencias con radares y operaciones militares. Sin embargo, el gobierno no presentó detalles técnicos específicos, lo que alimentó la reacción de empresas y autoridades locales que consideran la medida arbitraria y dañina para inversiones ya comprometidas.
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Jueces, demandas y obras paralizadas
El primer revés para la Casa Blanca llegó cuando un juez federal autorizó a la empresa danesa Ørsted a retomar los trabajos de Revolution Wind, un parque eólico marino casi finalizado frente a Rhode Island y Connecticut. La decisión permitió reanudar las obras mientras se resuelve el fondo del litigio, y se suma a una orden similar obtenida meses atrás por el mismo proyecto.
Revolution Wind no es el único caso. Equinor, desarrollador del parque Empire Wind frente a Nueva York, y Dominion Energy Virginia, a cargo de Coastal Virginia Offshore Wind, también recurrieron a los tribunales. En particular, Equinor advirtió que si la construcción no se reactiva en el corto plazo el proyecto podría cancelarse, debido a la interrupción de un cronograma que depende de buques especializados con disponibilidad limitada.
Los estados también entraron en escena. Connecticut y Rhode Island solicitaron medidas judiciales para sostener Revolution Wind, argumentando que cada día de demora encarece el costo de la energía para los hogares y contradice permisos federales otorgados tras procesos de evaluación extensos.
La ofensiva política contra la energía eólica
Detrás de la disputa judicial aparece una definición política clara. Trump volvió a manifestar su rechazo a la energía eólica marina, a la que calificó de antieconómica y perjudicial para el paisaje, y dejó en claro que no piensa autorizar nuevos “molinos de viento” en aguas estadounidenses. En línea con esa visión, su gobierno priorizó el impulso al petróleo, el gas y el carbón, revirtiendo el énfasis en renovables que había caracterizado a la gestión anterior.
Desde el Departamento del Interior, voceros defendieron la suspensión como una medida necesaria para proteger la seguridad nacional y garantizar un uso “responsable” de los océanos. Los desarrolladores, en cambio, sostienen que cumplieron todas las exigencias regulatorias, mantuvieron coordinación permanente con agencias federales —incluida la Guardia Costera— y nunca recibieron advertencias concretas sobre riesgos.
El conflicto abre un escenario de incertidumbre para la eólica marina en Estados Unidos. Con miles de millones de dólares ya invertidos y obras avanzadas, la definición judicial de estos casos será clave para determinar si el país mantiene el rumbo hacia una matriz energética más diversificada o si la ofensiva política termina frenando uno de los pilares de su transición energética.