Huella de carbono: Argentina busca reglas claras para atraer inversiones millonarias
La falta de reglas claras sobre la propiedad y valor jurídico de los créditos o huellas de carbono pone en riesgo la captación de inversiones millonarias en Argentina, mientras países vecinos avanzan en sus mercados.
Oportunidad económica: Definir propiedad y valor de créditos de carbono podría generar financiamiento y captar dólares.
MINERGYArgentina tiene por delante una nueva oportunidad para atraer inversiones vinculadas con la transición energética, pero enfrenta una condición clave: ordenar las reglas del mercado de carbono. La definición sobre quién es dueño de las huellas de carbono, de los créditos, qué naturaleza jurídica tienen y cómo pueden utilizarse internacionalmente aparece ahora como uno de los principales reclamos del sector empresario.
La Mesa Argentina de Carbono (MAC), que reúne a más de 50 empresas y organizaciones, llevó el planteo al Senado y pidió avanzar con un marco regulatorio que permita transformar los créditos de carbono en activos capaces de atraer financiamiento. Según la entidad, el país ya cuenta con más de 40 proyectos en implementación, una cifra que podría duplicarse en el corto plazo.
El problema es que Argentina no parte desde una posición de liderazgo. Países como Paraguay, Chile, Perú, Brasil, Colombia y México avanzaron en el desarrollo de sus mercados, mientras que los inversores evalúan dónde colocar capital para proyectos vinculados con la reducción o captura de emisiones.
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Qué está en juego
El debate tiene una dimensión ambiental, pero también económica y financiera. Un crédito de carbono representa, en términos generales, una reducción o captura de emisiones que puede ser cuantificada y certificada. Para que ese crédito pueda transformarse en un activo atractivo para los inversores, el mercado necesita reglas sobre su propiedad, comercialización y utilización.
La MAC planteó tres definiciones que considera centrales: establecer quién es el titular de los créditos de carbono, cuál es su naturaleza jurídica y cómo se habilitará su acceso a los mercados internacionales. Para el sector, sin esas certezas resulta más difícil valorar los proyectos, conseguir financiamiento y cerrar operaciones con compradores internacionales.
Uno de los principales reclamos apunta a determinar jurídicamente qué representa un crédito de carbono. La propuesta empresaria es que el crédito corresponda al propietario del activo sobre el cual se desarrolla el proyecto, salvo que esos derechos hayan sido transferidos mediante un contrato. Además, se plantea reconocerlo como un bien inmaterial de carácter patrimonial.
La definición puede tener consecuencias que van mucho más allá de una cuestión jurídica. También incide sobre la valuación de los proyectos, su tributación, comercialización y capacidad de ser utilizados como instrumentos para conseguir financiamiento. En otras palabras, el objetivo es que una reducción de emisiones verificada pueda convertirse en un activo con valor económico reconocido.
La batalla por los mercados internacionales
El tercer punto considerado estratégico por el sector es la posibilidad de comercializar los créditos generados en Argentina en otros mercados. Para eso, la industria reclama un mecanismo estatal de autorización y los procedimientos necesarios para que esos créditos puedan utilizarse en operaciones internacionales bajo reglas previsibles.
La cuestión es especialmente relevante porque el atractivo económico de estos proyectos no se limita al mercado argentino. El verdadero potencial está en captar capital internacional y vender créditos a empresas que necesitan compensar o reducir su huella de carbono. Por eso, la demora en establecer reglas podría convertirse en una desventaja frente a otros países latinoamericanos que buscan posicionarse en el mismo negocio.
Un marco nacional más definido podría generar oportunidades para distintas provincias argentinas. En territorios con una fuerte actividad energética y productiva, como Neuquén, el mercado de carbono podría funcionar como una vía complementaria para financiar proyectos de reducción de emisiones, eficiencia energética, captura de carbono y nuevas tecnologías.
También podría generar actividad para una cadena de empresas vinculadas con el desarrollo y certificación de proyectos: proveedores tecnológicos, consultoras, certificadoras y especialistas en medición y verificación. El potencial, por lo tanto, no se limita a las compañías que generan los créditos. También puede extenderse a todo un ecosistema de servicios asociado al mercado.
Una carrera por atraer capital
Para los empresarios del sector, Argentina cuenta con recursos naturales, capacidades técnicas y una creciente cantidad de proyectos. Lo que falta es convertir ese potencial en proyectos financiables y créditos reconocidos por los mercados.
La discusión que llegó al Senado aparece así en un momento en el que distintos países compiten por atraer inversiones vinculadas con la transición energética. El desafío argentino será establecer reglas suficientemente claras para brindar seguridad a inversores y desarrolladores sin cerrar la puerta a la evolución de un mercado que todavía está en expansión.
En ese escenario, la discusión sobre los créditos de carbono dejó de ser exclusivamente ambiental. Lo que está en juego es la posibilidad de crear un nuevo mercado de activos, generar una fuente adicional de financiamiento y captar dólares asociados a proyectos de reducción y captura de emisiones.
Argentina ya tiene los primeros proyectos. Ahora busca definir las reglas para que el negocio del carbono no termine creciendo en otros países mientras el capital espera certezas desde afuera.