Ley de Glaciares: participación récord en Diputados y una distribución que reaviva la tensión federal

El debate por la reforma de la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados comenzó con una cifra que ya resultaba inusual: casi 30.000 personas se habían inscripto para participar de las audiencias públicas previstas para el 25 y 26 de marzo. Con el correr de los días, el número no sólo no se estabilizó sino que continuó en aumento hasta superar los 50.000 anotados, según los últimos registros difundidos en el Congreso.

La magnitud de la convocatoria alteró el esquema inicial de participación. Desde las presidencias de las comisiones intervinientes se informó que, ante la imposibilidad material de otorgar la palabra a todos los interesados, se priorizará la exposición presencial de los primeros inscriptos y se habilitarán intervenciones virtuales acotadas, mientras que el resto deberá enviar presentaciones escritas o videos de hasta cinco minutos. El oficialismo sostiene que se trata de una adecuación reglamentaria para garantizar un trámite ordenado; sectores opositores cuestionan el cambio de modalidad y reclaman ampliar las jornadas.

Más allá de la discusión procedimental, uno de los datos que comenzó a circular en los despachos legislativos es la procedencia geográfica de los inscriptos. De acuerdo con la información preliminar, menos de 300 anotados corresponderían a provincias directamente vinculadas a zonas glaciares o con actividad en alta montaña, mientras que la concentración más significativa provendría del Área Metropolitana de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con cientos y más de un millar de inscriptos respectivamente.

Esa distribución introduce un componente federal en el debate. La reforma en discusión impacta de manera directa en territorios cordilleranos donde la ley regula actividades productivas y la protección de ambientes glaciares y periglaciares. Sin embargo, la mayor movilización para participar de las audiencias se registra en distritos alejados de esas áreas.

En el Congreso, la lectura es dispar. Desde el oficialismo deslizan que la inscripción masiva podría responder a una estrategia política para dilatar el tratamiento legislativo. Desde la oposición y organizaciones ambientalistas, en cambio, interpretan el número como una muestra de la sensibilidad social que despierta la norma.

Con más de 50.000 inscriptos y un esquema de participación acotado por razones logísticas, el debate por la Ley de Glaciares avanza en un escenario inédito por su volumen y atravesado por una discusión que ya no es sólo técnica o ambiental, sino también territorial y política.