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Ley de Glaciares: continúa la audiencia pública en medio de tensión y advertencias de judicialización

Tras una primera audiencia atravesada por protestas y cruces políticos, avanza el proceso de discusión sobre la Ley de Glaciares.

La audiencia pública por la reforma de la Ley de Glaciares continúa este jueves con una segunda jornada de exposiciones, en un escenario que combina tensión política, cuestionamientos judiciales y una fuerte disputa sobre el alcance de la normativa ambiental a nivel nacional.

Tras una primera sesión marcada por cruces en el recinto y protestas en las inmediaciones del Congreso, el debate se traslada ahora a un formato virtual, donde se sumarán voces de distintas provincias. El proceso avanza en paralelo a presentaciones judiciales impulsadas por sectores de la oposición y organizaciones socioambientales, que buscan frenar o condicionar el tratamiento del proyecto.

Advertencias de judicialización y conflicto institucional

La jornada inicial dejó planteado un conflicto que excede lo procedimental. Desde el inicio de las exposiciones, referentes ambientales y actores políticos advirtieron que la reforma podría derivar en un escenario de judicialización sostenida en el tiempo, al considerar que vulnera los presupuestos mínimos de protección ambiental establecidos por la Constitución Nacional.

En ese marco, uno de los puntos más cuestionados fue la limitación en la participación. De más de 100.000 inscriptos, sólo una fracción reducida pudo exponer, con intervenciones acotadas a cuatro minutos tras una reducción definida por el oficialismo en plena organización del esquema. Este recorte fue señalado como uno de los argumentos centrales para impugnar la validez del proceso.

El eje técnico: redefinir el alcance de la ley

La discusión, sin embargo, no se limita al formato de las audiencias. El núcleo del debate está en el contenido del proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y propone redefinir el alcance de las áreas protegidas. En términos técnicos, la iniciativa busca diferenciar el ambiente periglaciar de aquellas geoformas que cumplen una función hídrica efectiva, lo que en la práctica implicaría reducir la superficie actualmente alcanzada por las restricciones.

Este punto concentra las principales objeciones. Desde sectores críticos se advierte que la modificación implica un retroceso en materia ambiental, al limitar la protección sólo a ciertas formaciones específicas y dejar fuera otras áreas que hoy están resguardadas por la ley vigente. A esto se suma otro eje de discusión: el cambio en la autoridad de aplicación, que otorgaría mayor protagonismo a las provincias en la actualización del inventario glaciar, actualmente en manos de un organismo científico nacional.

Desarrollo productivo y minería en el centro del debate

En paralelo, durante la primera jornada también se expresaron posiciones favorables a la reforma, principalmente desde provincias con actividad minera. En ese sentido, se planteó que el esquema actual establece restricciones amplias que dificultan el desarrollo productivo y que es posible compatibilizar la protección ambiental con la explotación de recursos, en un contexto donde la minería aparece como uno de los vectores de crecimiento económico.

La audiencia también dejó episodios de alta tensión política. Hubo cruces entre legisladores, denuncias públicas sobre supuestos vínculos entre funcionarios y empresas del sector, e incluso advertencias de acciones judiciales contra integrantes del oficialismo. En simultáneo, organizaciones socioambientales se movilizaron en las inmediaciones del Congreso bajo consignas vinculadas a la defensa del agua y el acceso a la participación.