Impuestos a los combustibles: nueva postergación, menor recaudación y mayor atraso
El diferimiento de los impuestos a los combustibles implica una pérdida de unos US$ 150 millones mensuales para el Estado.
El Gobierno nacional decidió volver a postergar la actualización de los impuestos a los combustibles en abril, en una medida orientada a moderar el impacto inflacionario en un contexto de fuerte presión sobre los precios. La decisión implica resignar ingresos fiscales en el corto plazo: según estimaciones privadas, el diferimiento del gravamen representa una pérdida cercana a US$ 150 millones mensuales para el Tesoro.
La medida se formalizó a través del decreto 217 y alcanza tanto al Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) como al tributo al dióxido de carbono (IDC), que se aplican sobre la venta de naftas y gasoil. Se trata de cargas reguladas por la ley 23.966, que establece actualizaciones trimestrales en función de la evolución del Índice de Precios al Consumidor.
El aplazamiento se produce en un escenario de suba acelerada en los precios de los combustibles, que en las últimas semanas registraron incrementos cercanos al 20%, impulsados por la escalada internacional del petróleo en medio del conflicto en Medio Oriente. Con valores del crudo Brent por encima de los US$ 100 por barril, el traslado a los surtidores se convirtió en una variable crítica para la dinámica inflacionaria.
Sin embargo, la decisión profundiza un atraso en los valores del impuesto. Solo en 2025, esa política implicó una merma estimada en la recaudación cercana a los US$ 2.500 millones.
El esquema mantiene pendientes ajustes significativos. De acuerdo con fuentes del sector, todavía resta trasladar incrementos del orden de los 187 pesos por litro en naftas y 82 pesos en gasoil.