El Gobierno subió el impuesto al combustible: el impacto en los precios de la nafta y el gasoil
El Ejecutivo optó nuevamente por aplicar solo una parte del incremento que estipulaba la actualización ligada a la inflación.
El Gobierno anunció una nueva suba del impuesto al combustible.
mdzA través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional dispuso una actualización parcial de los impuestos que gravan a la nafta y al gasoil, una decisión que vuelve a poner presión sobre los costos de movilidad y logística.
La medida comienza a regir a partir del 1° de enero y redefine los montos fijos del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y del tributo al dióxido de carbono, que se aplican por litro vendido. Aunque el esquema legal prevé actualizaciones automáticas trimestrales atadas a la inflación, el Ejecutivo optó nuevamente por aplicar solo una parte del incremento total correspondiente, dejando pendiente el resto para los próximos meses.
Cómo impacta el aumento en la nafta y el gasoil
Desde el 1° de enero, el litro de nafta tiene un aumento impositivo compuesto por dos componentes: una suba de algo más de $ 17 vinculada al impuesto a los combustibles líquidos y un adicional cercano a un peso por el gravamen ambiental al carbono. En el caso del diesel, el ajuste es más complejo, ya que combina el incremento general del impuesto, el cargo por dióxido de carbono y un tratamiento diferencial para determinadas regiones del país.
Las provincias patagónicas, junto con el partido bonaerense de Patagones y el departamento mendocino de Malargüe, mantienen un esquema especial para el gasoil que suma un monto fijo adicional por litro. Este régimen busca compensar las mayores distancias, los costos logísticos y las particularidades del abastecimiento en zonas alejadas de los grandes centros urbanos.
El resultado práctico es un encarecimiento inmediato del combustible en surtidor, que no depende de decisiones de las petroleras sino del traslado automático de los impuestos definidos por el Estado.
Un ajuste fiscal escalonado y con remanentes pendientes
El Gobierno justificó la actualización parcial en la necesidad de sostener un sendero fiscal gradual, evitando un impacto brusco en los precios. En los hechos, la política de diferir aumentos viene aplicándose desde mediados de 2024, cuando el Ejecutivo comenzó a fragmentar las subas previstas por ley para amortiguar su efecto inflacionario.
Sin embargo, esa estrategia deja un remanente acumulado que todavía no fue aplicado. Si no hay nuevas postergaciones, a partir de febrero de 2026 deberían entrar en vigencia los incrementos pendientes correspondientes a tramos de 2024 y de los primeros tres trimestres de 2025, lo que abre la puerta a nuevas presiones sobre el precio final de la nafta y el gasoil.
A este escenario se suma el ajuste autorizado en las tarifas de gas natural, con nuevos cuadros tarifarios para usuarios residenciales en distintas regiones del país. En conjunto, las medidas configuran un inicio de año con mayores costos energéticos para hogares y empresas, en un contexto donde el Gobierno busca equilibrar las cuentas públicas sin resignar el control de la inflación.