Conflicto tras un derrame: Mendoza judicializó una disputa con un sindicato petrolero

Un derrame de crudo ocurrido en el área Barrancas, en el departamento mendocino de Maipú, derivó en una escalada institucional que trascendió el plano ambiental y se trasladó al terreno judicial y político. El Gobierno provincial denunció penalmente al Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de Cuyo por presuntamente haber impedido tareas de saneamiento tras el incidente.

El hecho se registró el jueves 5 de marzo, cuando se produjo un derrame de aproximadamente 10 metros cúbicos de petróleo en una cañería operada por Petróleos Sudamericanos S.A., según la información oficial difundida en Mendoza. La empresa notificó el incidente y comenzó tareas de contingencia, pero al momento de avanzar con la remediación —remoción de suelo contaminado y uso de maquinaria pesada— se habría encontrado con una asamblea gremial que, según el Ejecutivo, impidió la disponibilidad del personal mínimo necesario.

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, confirmó que se presentó una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal por la posible comisión de los delitos de “obstrucción o impedimento de las funciones de funcionario público, atentado contra la salud pública y desobediencia”. Desde la cartera ambiental señalaron que debió intervenir la Policía para garantizar el acceso de las cuadrillas y que finalmente las tareas de remediación concluyeron el lunes siguiente.

De acuerdo con el Ministerio, la empresa ejecutó acciones de contención inicial como el bombeo del crudo, el bloqueo del ducto afectado y la verificación de barreras para evitar el escurrimiento. El episodio quedó bajo investigación judicial mientras la Dirección de Protección Ambiental evalúa el impacto en la zona.

La respuesta del sindicato

El sindicato rechazó de manera categórica la acusación oficial y difundió un comunicado en el que sostiene que no existe relación temporal entre el derrame y la medida gremial. Según su reconstrucción, el incidente ocurrió el jueves 5 de marzo, mientras que la medida de acción directa comenzó el viernes 6, en el marco de un conflicto laboral previamente notificado ante la Subsecretaría de Trabajo.

La organización gremial afirmó que la empresa no asistió a la audiencia convocada por la autoridad laboral, lo que habilitó la retención de tareas conforme a la normativa vigente. Además, planteó que el mantenimiento y la integridad de las instalaciones son responsabilidad de la operadora y que no corresponde vincular una protesta laboral con un incidente ambiental previo.

Un conflicto que excede el plano local

Más allá de la disputa puntual en Barrancas, el caso se inscribe en un contexto más amplio de tensión entre gestión ambiental, operación energética y conflictividad laboral en provincias productoras de hidrocarburos.

Mendoza no es uno de los principales distritos petroleros del país, pero forma parte del entramado energético regional y atraviesa un proceso de reconfiguración productiva que incluye el desarrollo de minería metalífera y la búsqueda de nuevas inversiones. En ese marco, el Gobierno provincial envió una señal política clara al judicializar el conflicto, bajo el argumento de que la protección ambiental no puede quedar supeditada a disputas sectoriales.

La causa quedó en manos del Ministerio Público Fiscal y su evolución determinará si el episodio se limita a un cruce circunstancial o si abre un precedente relevante sobre la obligación de garantizar personal mínimo en situaciones de emergencia ambiental dentro del sector hidrocarburífero.