Caliente y frío: Caputo les prometió a los gobernadores del Norte subsidios a la luz a cambio de un recorte para los del Sur
El acuerdo por las "zonas cálidas" busca destrabar con votos el recorte al Régimen de Zonas Frías en el Senado, pero todavía no hay resolución firmada.
Luis Caputo con gobernadores del norte tratando de convencerlos y pidiendo paciencia
El ministro de Economía, Luis Caputo, se involucró de manera directa en una negociación política que hasta ahora había manejado principalmente el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Este martes, ambos funcionarios recibieron en el quinto piso del Palacio de Hacienda a los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil; de Salta, Gustavo Sáenz; de Chaco, Leandro Zdero; y de Jujuy, Carlos Sadir, además de representantes técnicos de otras provincias del norte. El encuentro, que se extendió por más de una hora, cerró con un acuerdo para redefinir los subsidios eléctricos en las llamadas "zonas cálidas" a cambio de que esos mismos gobernadores garanticen los votos necesarios en el Senado para aprobar el recorte al Régimen de Zonas Frías.
Del lado técnico participaron también el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, y la secretaria de Energía, María Tettamanti. Según pudo reconstruirse a partir de fuentes que estuvieron presentes en la reunión, las partes acordaron que el subsidio para las Zonas muy Cálidas —categorías bioambientales Ia y Ib— pase de 300 a 550 kilovatios/hora, y el de las Zonas Cálidas (IIb) de 150 a 300 kilovatios/hora, durante los meses de noviembre a abril. La cifra representa una mejora respecto de la propuesta original que el Gobierno había presentado en Diputados, que contemplaba bloques adicionales de 300 kWh para la zona muy cálida y 200 kWh para la zona cálida.
Caputo confirmó el entendimiento a través de su cuenta de X: "En el marco de la Mesa de Diálogo con los gobernadores del Norte, junto con Diego Santilli y la Secretaría de Energía, consensuamos una propuesta para redefinir los subsidios a la energía en las zonas cálidas y muy cálidas, un reclamo histórico de las provincias. Acordamos trabajar en conjunto para avanzar en su implementación lo antes posible".
Una promesa que todavía no es letra escrita
El punto más delicado de la negociación es que, hasta el momento, no existe una resolución, un decreto ni una ley que garantice formalmente estos beneficios. El compromiso quedó plasmado únicamente en un posteo y en el relato de los propios funcionarios y gobernadores que participaron del encuentro. La secuencia acordada establece que, una vez que el Senado apruebe la reforma de Zonas Frías —algo que el oficialismo espera lograr entre agosto y septiembre—, el Gobierno publicará en el Boletín Oficial la resolución con el nuevo esquema de subsidios para las zonas cálidas.
Esa lógica de "primero el voto, después el decreto" generó desconfianza de ambos lados de la mesa. Los gobernadores del norte temen que, una vez sancionada la ley que les interesa al Ejecutivo, la promesa de compensación quede en el olvido. El propio oficialismo, a su vez, desconfiaba de conceder el beneficio por adelantado, ante el riesgo de que los bloques norteños igual no acompañaran la iniciativa en la Cámara alta. El resultado fue un esquema que depende, en última instancia, de la confianza mutua entre las partes —con el argumento, del lado de los gobernadores, de que todavía tienen en su poder otras leyes que el oficialismo necesita para negociar si el compromiso no se cumple.
La discusión no es nueva. El proyecto de modificación al Régimen de Zonas Frías —que reduce el alcance de los descuentos en la tarifa de gas para sectores de mayores ingresos, mientras mantiene el beneficio para hogares vulnerables, personas con discapacidad y habitantes de barrios populares— ya había obtenido media sanción en Diputados gracias al respaldo de estos mismos gobernadores dialoguistas. Pero una vez llegado al Senado, el tratamiento quedó frenado: los mandatarios que aportaron los votos en la Cámara baja reclamaron que la Casa Rosada aún no había cumplido con la compensación por zonas cálidas prometida durante aquella negociación previa.
Los números detrás del acuerdo
El esquema actual de Zonas Frías genera, según cifras oficiales de la Secretaría de Energía, un déficit de $485.000 millones. De aprobarse la reforma en el Senado, el ahorro fiscal proyectado asciende a $272.099 millones. Sin embargo, ese cálculo no contempla el gasto adicional que implicará el nuevo esquema de subsidios para zonas cálidas, que según fuentes oficiales del área energética oscilará entre US$71 millones y US$90 millones anuales —unos $134.000 millones al tipo de cambio mayorista actual—, equivalentes a la mitad del ahorro que el Gobierno busca obtener con el recorte.
A eso se suma un problema de calendario: el invierno termina el 22 de septiembre, por lo que buena parte del ahorro proyectado por los cambios en Zonas Frías recién se concretará el año próximo, mientras que el gasto adicional por los subsidios a la electricidad en el norte comenzará a impactar en las cuentas públicas de manera más inmediata, en un contexto en el que el Gobierno mantiene como prioridad sostener el superávit fiscal.
Un acuerdo con críticas y trasfondo político
El intercambio no estuvo exento de cuestionamientos. Durante el debate parlamentario por la media sanción en Diputados, el diputado Esteban Paulón había cuestionado que el oficialismo utilizara la promesa de las zonas cálidas para conseguir votos, al señalar que la categoría carecía de respaldo normativo concreto en ese momento. La crítica de fondo —que el beneficio prometido no estaba incorporado al proyecto que efectivamente se votaba, sino que dependía de un compromiso verbal— sigue vigente incluso después del acuerdo alcanzado esta semana, dado que la resolución definitiva todavía no fue publicada.
El trasfondo político del encuentro excede la discusión tarifaria puntual. El vínculo entre el Gobierno nacional y varios de estos gobernadores había quedado tensionado después de que un grupo de mandatarios dialoguistas —entre ellos representantes del norte— se diferenciara en la votación del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que terminó perdiendo varios capítulos centrales en el Senado por falta de apoyos. Para el oficialismo, recomponer ese vínculo tiene una urgencia adicional: necesita el respaldo de estos mismos gobernadores en septiembre para un nuevo intento de avanzar con la reforma electoral que incluye la suspensión de las elecciones PASO, además de otras iniciativas acumuladas en el Congreso, como la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
Consultados sobre ese punto, los propios gobernadores fueron cautos: "Lo venimos hablando, pero por ahora no hay un consenso definido. Hasta que no se llegue a la conclusión y el momento cercano a votar, no nos pronunciaremos", señalaron voceros de las provincias del norte. La frase resume bien el estado actual de la relación: un acuerdo cerrado sobre tarifas eléctricas, y una negociación mucho más amplia —con las PASO como próxima parada— que recién empieza.