¿Qué opinan las ballenas?: derogada la ley que lo impedía, llega el gas y el petróleo al Golfo San Matías
El Gobierno aprobó bajo el RIGI el gasoducto de US$ 1.300 millones de Vaca Muerta hasta el Atlántico. Preocupación por las ballenas y reservas naturales.
La paz del Golfo San Matías.
ShutterstockDurante 26 años, el Golfo San Matías tuvo algo que pocos ecosistemas costeros argentinos pueden exhibir: una ley provincial que lo blindaba explícitamente de la actividad hidrocarburífera. La norma era la Ley 3308 de Río Negro, sancionada en 1999 después de que las comunidades costeras rechazaran un proyecto de oleoducto. Desde entonces, sus aguas estaban protegidas de la contaminación por hidrocarburos. Ese escudo duró hasta que la propia Legislatura de Río Negro lo eliminó para abrir paso a lo que ahora se viene: la Ley 3308 fue reemplazada por la Ley 5594, que dio luz verde al avance de múltiples proyectos de infraestructura para la exportación de hidrocarburos.
El último eslabón de esa cadena llegó el 4 de junio, cuando el Comité RIGI aprobó el Gasoducto San Matías. La obra demandará una inversión de US$ 1.300 millones y transportará 27 millones de metros cúbicos diarios de gas natural desde Neuquén hasta el Golfo San Matías en Río Negro. El ducto está 100% dedicado a la exportación y es la infraestructura terrestre que faltaba para que el proyecto de gas natural licuado de Southern Energy S.A. (SESA) quede técnica y legalmente completo.
Las ballenas, que no tienen representación en el Comité RIGI, llevan varios meses siendo mencionadas en audiencias públicas, presentaciones judiciales y comunicados de organizaciones ambientales. Sus defensores advierten que el golfo no es solo una salida conveniente al mar: es vital para la conservación de la ballena franca austral, ya que sus aguas costeras ofrecen un entorno ideal para esta población durante la temporada de reproducción y cría.
La cadena que se cierra
El gasoducto no es un proyecto aislado. Es la pieza terrestre de un esquema exportador más amplio que lleva años tomando forma. El proyecto nació en julio de 2024 a partir de un acuerdo inicial entre Pan American Energy y la noruega Golar LNG. Luego se incorporaron YPF, Pampa Energía y Harbour Energy. La composición actual del consorcio quedó integrada por PAE con el 30%, YPF con el 25%, Pampa Energía con el 20%, Harbour Energy con el 15% y Golar LNG con el 10%.
Las unidades flotantes de licuefacción ya habían ingresado al RIGI en julio de 2025 mediante la Resolución 559/2025, en lo que fue el primer emprendimiento de GNL de escala exportadora aprobado bajo ese esquema. Con la aprobación del gasoducto, los dos eslabones de la cadena —la licuefacción sobre la costa y el ducto que la alimenta— quedan amparados por los beneficios del RIGI: estabilidad fiscal y regulatoria por 30 años, eliminación de retenciones a las exportaciones, exención del IVA para inversiones de capital y supresión de aranceles a la importación de bienes.
La obra consiste en un ducto de 472 kilómetros que conectará Tratayén, en Neuquén, con San Antonio Oeste, en Río Negro, con capacidad para transportar cerca de 27 millones de metros cúbicos diarios de gas proveniente de Vaca Muerta. Uno de los puntos más complejos estará en Chelforó, donde el gasoducto deberá atravesar el río Negro mediante una perforación horizontal dirigida, una técnica que permite instalar la tubería por debajo del lecho del río sin afectar la superficie ni alterar el curso de agua. Las obras arrancarían en 2026 y finalizarían en 2028, con una demanda estimada de unos 1.500 trabajadores durante la etapa de construcción.
Lo que el Golfo de San Matías alberga
El problema con el Golfo San Matías no es solo la ballena franca austral, aunque ella sea el símbolo más potente del conflicto. El área concentra colonias reproductivas del pingüino de Magallanes, una de las principales zonas de reproducción de la ballena franca austral, sitios de anidación de aves playeras y costeras, colonias de lobos y elefantes marinos, y sitios de caza de orcas, entre otras especies que dependen de la calidad de las aguas del golfo.
El alcance potencial del impacto excede, además, los límites de Río Negro. Debido a las corrientes marinas interconectadas con el Golfo San José en Chubut, el impacto ambiental podría llegar hasta Península Valdés, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. La actividad de los buques tendrá impacto en un sitio de cría y reproducción de la merluza, principal especie de la industria pesquera junto con el langostino. Las economías regionales que dependen de la pesca artesanal y el turismo de naturaleza observan el avance del proyecto con una mezcla de expectativa y alarma que las autoridades provinciales no siempre reconocen en voz alta.
El proyecto también tendría impactos sobre varias reservas naturales, entre ellas el Parque Nacional Islote Lobos, el Área Natural Protegida y Patrimonio Natural de la Humanidad Península Valdés, la Reserva de Usos Múltiples Caleta de Los Loros y el Área Natural Protegida Bahía San Antonio.
La audiencia, los 168 oradores y lo que el EIA no pregunta
En mayo se realizó en San Antonio Oeste la audiencia pública por el Estudio de Impacto Ambiental del gasoducto. La instancia contó con 168 oradores inscriptos y fue convocada en el marco del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental que lleva adelante la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro. El oficialismo provincial respaldó la obra. El representante del consorcio, Marcelo Bombicini, argumentó que ningún proyecto grande de infraestructura se realiza hoy sin cumplir con los más estrictos estándares ambientales, que el EIA lleva seis meses de evaluación por parte de las autoridades de Neuquén y Río Negro, con control de la Nación por tratarse de un gasoducto interjurisdiccional, y que además existe una cuarta evaluación a cargo de los bancos que financian el proyecto.
Las organizaciones ambientales que siguen el expediente no comparten ese optimismo. El Observatorio Petrolero Sur publicó en abril un análisis del EIA elaborado por la consultora Serman y Asociados en el que señala fragmentación metodológica y omisiones en el abordaje de impactos acumulativos: el documento evaluaría el gasoducto de forma aislada, sin considerar el efecto combinado con los buques licuefactores y otros proyectos que avanzan en paralelo sobre el mismo ecosistema. La audiencia no es vinculante.
El argumento económico y su contrapeso
El Gobierno nacional no ocultó el entusiasmo. De acuerdo con las estimaciones oficiales, el proyecto habilitará exportaciones por aproximadamente US$ 2.500 millones anuales una vez que entre en operación. Según Rystad Energy, la producción de gas argentino superará la demanda interna en 2026, lo que acelera los proyectos de exportación de GNL como vía para colocar ese sobrante. En ese contexto, el gasoducto San Matías no es solo una obra de infraestructura: es la apuesta concreta de que Argentina pueda convertirse en proveedor global de GNL antes de que el ciclo de inversión internacional en ese segmento se cierre.
Quienes cuestionan ese argumento no niegan la relevancia económica. Señalan, en cambio, que el cálculo ignora lo que se pone en riesgo. Las comunidades costeras viven de los miles de puestos de trabajo que generan la pesca y el turismo, y la reconversión industrial de San Antonio Oeste de destino turístico a nodo energético no está garantizada que ocurra sin pérdidas netas para esas economías locales. El desafío es asegurar que la convivencia entre energía, turismo y pesca sea sostenible y equitativa.
Lo que sí quedó claro con la derogación de la Ley 3308 es que la decisión ya fue tomada en el plano político. El debate ambiental que se desarrolla en audiencias públicas y juzgados federales ocurre, en gran medida, con los dados ya corridos. Las ballenas francas australes volverán al golfo en julio, como todos los años, sin saber que las reglas del lugar donde crían a sus cachorros cambiaron mientras tanto.