La importancia de los proveedores locales para mantener la licencia social y gestionar los riesgos
La elección de una empresa extranjera para construir un megacampamento minero para 5.000 personas disparó el debate. A pesar del RIGI, no siempre ahorrar dinero puede ser negocio.
Una construcción modular como las que se usará Vicuña en su proyecto de San Juan, el maypr de cobre del país.
ShutterstockRecientemente un megaproyecto minero de extracción de cobre ubicado en Cuyo fue noticia durante varios días como consecuencia de la decisión de elegir un proveedor extranjero frente a un proveedor nacional para la construcción de viviendas modulares destinadas a alojar a los trabajadores del proyecto.
Claramente, la decisión de la empresa es legal – ya que se encuentra amparada por el RIGI – y se basó en que la oferta extranjera era un 30 % más económica que la opción nacional. Desde el punto de vista de la sustentabilidad y de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), la pregunta es: ¿la empresa realmente logró una ventaja competitiva relevante para su proyecto o, por el contrario, creó las bases para un futuro conflicto que podría afectar su operatoria y la de todo el sector?
La elección del proveedor extranjero generó para la empresa un ahorro en dinero, que si se los compara con los potenciales resultados en ganancias, potenciados por el favorable régimen fiscal que el RIGI ha establecido para este tipo de proyectos, puede considerarse relativamente modesto.
Esa aparente ventaja que la empresa ha obtenido al descartar un proveedor local ha derivado en una intensa publicidad negativa, poniendo en discusión pública las condiciones del RIGI e instalando el debate acerca de si la actividad minera en las condiciones actualmente planteadas, genera realmente beneficios para la economía nacional y contribuye al desarrollo de proveedores locales y a la generación de empleo.
Los beneficios de comprar local
Comprar local no siempre es la opción más ventajosa desde el punto de vista financiero. ¿Por qué, entonces una empresa debería pagar más caro por un producto para favorecer a los proveedores locales? Porque no toda decisión empresarial puede estar basada exclusivamente en criterios financieros y económicos, las variables sociales, ambientales e incluso políticas deben formar parte de la ecuación.
En primer lugar, el sector minero necesita continuar mejorando su imagen ante la sociedad, y la mejor manera de lograrlo es demostrar que la actividad minera puede generar un efecto multiplicador en la economía mediante la creación de empleo y el desarrollo de una red de proveedores nacionales.
Cuando se contratan proveedores locales y se genera empleo, se genera automáticamente una visión positiva de la actividad que permite estrechar los lazos con la comunidad. Por eso es importante, crear una cadena de suministro para el sector minero que tenga ramificaciones en toda la República Argentina.
Priorizar a los proveedores locales también permite mejorar la relación con los grupos de interés (stakeholders), entre ellos los gobiernos, partidos políticos, sindicatos, cámaras empresariales, y medios de comunicación. En particular, ayuda a mejorar la posición de los gobiernos que otorgaron beneficios a las empresas, al demostrar que dichas medidas generan un impacto positivo real en la economía.
Desde el punto de vista de la sustentabilidad ambiental y social, elegir proveedores locales, permite reducir las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al transporte, fortalece la economía y a las comunidades locales, facilita el control de cumplimiento de normas ambientales, laborales y de derechos humanos a lo largo de toda la cadena de suministro.
Asimismo, los proveedores locales contribuyen a mantener la operatividad del proyecto, evitando las disrupciones por problemas en la cadena de suministros.
Finalmente, comprar local permite afianzar y mejorar la reputación de las empresas. Muy diferente habría sido la noticia y el impacto mediático si el titular hubiese sido “Aplicando criterios de RSE la empresa Minera X selecciona a proveedor argentino. La decisión permitirá generar 500 nuevos empleos locales”.
El costo adicional de comprar local es una inversión estratégica en reputación y licencia social a mediano y largo plazo, cuyos beneficios pueden superar ampliamente el ahorro obtenido a corto plazo por elegir la alternativa de menor precio.
La mejor seguridad jurídica es mantener la licencia social
El régimen de promoción de inversiones establecido por el RIGI dispone un compromiso para las empresas que operen bajo ese sistema de contratar como mínimo un 20 % de proveedores locales, otorgando a las empresas que adhieran al régimen de importantes beneficios impositivos, y condiciones sumamente favorables para la importación de bienes que necesiten para sus operaciones.
Específicamente el artículo 46 inciso l del Decreto 749/2024 ,que establece los requisitos de adhesión al RIGI , dispone que el compromiso de contratar un 20 % de proveedores locales, se mantiene “siempre y cuando, la oferta de Proveedores locales se encuentre disponible y en condiciones de mercado en cuanto al precio y calidad”.
Claramente en las condiciones actuales, con el tipo de cambio vigente, y las facilidades para importar bienes, muchos los proveedores locales tienen escasas posibilidades de competir con proveedores extranjeros, en particular cuando una de las opciones es importar productos directamente desde China.
El gobierno nacional y los gobiernos provinciales que han adherido al RIGI, han confiado en que las empresas utilizarán estos beneficios para poder desarrollarse y expandir sus proyectos en el país, pero también para generar empleo, contribuir a la creación de una red de proveedores locales, y producir un efecto multiplicador en sobre la economía.
La mejor seguridad jurídica que puede tener una empresa, no depende únicamente de las normas, sino también operar en un contexto de estabilidad política, crecimiento económico y legitimidad social. Si la sociedad percibe que una actividad genera beneficio concretos para la economía, aumenta la aceptación de esa actividad, a la vez que mejora la visión sobre el gobierno. Por el contrario, si una parte importante de la sociedad no percibe esos beneficios, ese descontento puede reflejarse en las urnas y derivar en cambios políticos menos favorables para las inversiones.
La Argentina tristemente es conocida por su falta de seguridad jurídica. Sin embargo, la seguridad jurídica no es un concepto abstracto ni es algo que depende exclusivamente de las leyes, también se construye a partir del consenso social y la confianza en las empresas y las instituciones, por toda la sociedad en su conjunto. Una empresa extranjera que se establece en la Argentina pasa, de una forma u otra, a integrar el entramado económico y formar parte de la sociedad y, por ello, tiene un interés genuino en contribuir a su desarrollo y estabilidad.
Generar empleo, crear una red de proveedores locales, y contribuir al desarrollo económico y social sostenible, no solo constituye una buena práctica de Responsabilidad Social Empresarial, sino también una estrategia para evitar conflictos y preservar la licencia social para operar.
(*) Abogado Especialista en Derecho Ambiental. MBA en RSE & ONG. Profesional Certificado en Sustentabilidad (GRI) y Compliance Empresarial