Nuevo capítulo judicial por el Proyecto San Jorge y vuelve la tensión minera en Mendoza
Vecinos y ambientalistas presentaron un amparo ante la Corte provincial. En paralelo a la disputa en tribunales, hubo una nueva movilización en las calles.
Presentaron nuevos amparos contra el Proyecto San Jorge.
MDZEl Proyecto San Jorge volvió a colocar a la minería en el centro de la escena mendocina. A pocas semanas de la aprobación legislativa de su Declaración de Impacto Ambiental, el emprendimiento enfrenta un nuevo frente judicial mientras se mantienen las expresiones de rechazo social en distintos puntos de la provincia.
Amparos rechazados, nuevas acciones de inconstitucionalidad y movilizaciones configuran un escenario de alta conflictividad.
Amparos rechazados y una ofensiva que llega a la Suprema Corte
El conflicto sumó un nuevo capítulo a fines de diciembre, cuando organizaciones ambientales, asambleas territoriales y vecinos autoconvocados presentaron una acción de amparo para frenar el avance del proyecto. La presentación cuestionó la constitucionalidad de la Ley 9684, que aprobó la DIA, y solicitó una medida cautelar para suspender toda actividad hasta que se analizaran en profundidad los impactos ambientales y sociales.
La justicia mendocina habilitó la feria judicial pero rechazó la cautelar solicitada, argumentando que se trataba de una cuestión de alta complejidad técnica y que no podía presumirse un daño que aún no se había producido. Ese fallo se sumó al rechazo previo de otras acciones de amparo presentadas en tribunales ordinarios, en las que se había pedido paralizar el proyecto. En todos los casos, el juez interviniente sostuvo la presunción de legitimidad de la ley aprobada por la Legislatura.
Lejos de cerrar el conflicto, esas resoluciones judiciales derivaron en una nueva ofensiva legal. Más de treinta ciudadanos de distintos departamentos del Gran Mendoza presentaron ante la Suprema Corte provincial una acción de inconstitucionalidad que busca la nulidad total de la Ley 9684.
El planteo sostiene que la norma vulnera la Constitución, tratados internacionales y principios ambientales básicos, como el precautorio, y advierte sobre riesgos asociados a la liberación de arsénico, la falta de líneas de base claras y la ausencia de estudios hidrológicos exhaustivos. Mientras esta nueva causa avanza, la acción de amparo original continúa bajo análisis judicial tras ser apelada.
La calle como escenario: marchas, caravanas y defensa del agua
En paralelo a la disputa judicial, el rechazo social volvió a expresarse con fuerza en las calles. Uspallata se consolidó como epicentro de la protesta, con una movilización que incluyó un caravanazo desde distintos puntos de la provincia y una marcha por las calles de la villa cordillerana. La protesta se realizó a un mes de la aprobación de la DIA y reunió a vecinos del Gran Mendoza, del Valle de Uco y del sur provincial.
Al llegar a Uspallata, la movilización se transformó en una marcha con consignas históricas de la lucha ambiental mendocina, centradas en la defensa del agua y el rechazo a la megaminería. Sobre el puente del río Mendoza se desplegaron banderas y, ya en el pueblo, la jornada culminó con un festival y una asamblea abierta.
La fecha elegida tuvo una fuerte carga simbólica: el aniversario del cruce de los Andes fue resignificado por los manifestantes como una “gesta por el agua”. Desde las asambleas remarcaron que la movilización expresa la falta de licencia social del proyecto y la persistencia de un conflicto que combina reclamos ambientales, cuestionamientos legales y una profunda desconfianza hacia la aprobación legislativa.