Los Azules y el conflicto por la energía eléctrica: "El proyecto se va a hacer de la forma A o de la forma B"
El CEO de Los Azules cuestionó la prioridad otorgada a Vicuña en la red eléctrica y confirmó que avanzarán con un esquema alternativo si es necesario.
La disponibilidad y planificación de infraestructura energética comienza a consolidarse como una de las principales restricciones para el desarrollo de la minería en Argentina. Más allá de la calidad de los recursos o del acceso al financiamiento, la capacidad de transportar energía en volumen y en tiempo aparece como una condición estructural para viabilizar proyectos de gran escala. En ese marco, el desafío deja de ser individual y pasa a ser sistémico: cuando varios proyectos avanzan en paralelo, la red existente empieza a mostrar sus límites.
Ese escenario empieza a tomar forma concreta en San Juan, donde la coincidencia de proyectos cupríferos de gran escala obliga a repensar el uso y la expansión del sistema eléctrico. El corredor San Juan–Rodeo–Calingasta se vuelve así un nodo crítico, no solo por su capacidad actual, sino por su potencial de abastecer desarrollos simultáneos.
Allí se inserta el caso de Proyecto Los Azules y Proyecto Vicuña. La línea existente fue diseñada para operar en 500 kV, pero hoy funciona en 132 kV, lo que obliga a una repotenciación mediante transformadores y adecuaciones técnicas para poder sostener consumos industriales de gran escala.
Infraestructura en disputa: del esquema integrado al plan alternativo
En ese contexto, el planteo inicial de Proyecto Los Azules partía de una lógica de desarrollo integral del sistema eléctrico. “Nuestro plan había dejado suficiente espacio y capacidad para que Vicuña se conecte”, explicó el CEO Michael Meding en el streaming La Picada, al referirse a un diseño que contemplaba no solo la demanda propia, sino también la posibilidad de compartir infraestructura con otros proyectos.
La base técnica de ese esquema es una red existente que requiere adecuaciones. “La línea de Calingasta es muy chiquita. Es una línea de 500 que está operada en 132”, detalló, y agregó que “lo que hay que hacer es poner transformadores para que esas líneas luego operen en 500”. Sobre esa infraestructura, la compañía proyectaba una solución escalable: “Ese fue nuestro plan inicial”, remarcó.
Sin embargo, la intervención del ENRE modificó ese escenario. “El ENRE ha dado la prioridad al aumento de la capacidad hacia Vicuña”, señaló Meding, y sintetizó el impacto: “Eso obviamente nos complica”. La empresa respondió con una objeción formal que derivó en una audiencia pública, en un proceso donde -según el ejecutivo- “hay que acordar el uso”.
El punto de fondo aparece en la lógica de inversión. “La idea era que quien pone una línea completa tenga prioridad”, planteó, dejando en evidencia el criterio sobre el cual se había estructurado el esquema original y que ahora entra en discusión.
Plan A vs Plan B: definición explícita
Frente a ese cambio de condiciones, Meding dejó en claro que el proyecto no queda atado a un único escenario. “El proyecto Los Azules se va a hacer de forma A o de forma B”, afirmó, y reforzó: “No nos quedamos al merced de decisiones del organismo nacional”.
Sin detallar públicamente cada alternativa, el ejecutivo marcó que la compañía trabaja con caminos paralelos: “Obviamente tenemos un plan B”, sostuvo, en referencia a una solución que permitiría avanzar incluso si no se resuelve el esquema de infraestructura compartida.
Esa definición convive con otra decisión estratégica: mantener el desarrollo dentro del país. “Es un proyecto enteramente enfocado en Argentina. No nos compliquemos con un proyecto binacional”, indicó Meding, descartando, al menos en esta etapa, alternativas de integración energética con Chile.
Energía como eje del desarrollo minero
El caso de San Juan refleja una tendencia más amplia: la infraestructura energética deja de ser un componente operativo y pasa a ser un eje estratégico del desarrollo minero. La coincidencia temporal de proyectos de gran escala no solo incrementa la demanda, sino que obliga a coordinar inversiones, definir prioridades y establecer reglas claras para el acceso a la red.