La minería en San Juan entra en una nueva discusión: quién compra, quién trabaja y quién participa
La propuesta establece porcentajes mínimos de contratación sanjuanina en la minería de San Juan con prioridad para empresas de las comunidades cercanas.
El borrador de la nueva Ley de Proveedores Mineros que comenzó a circular en San Juan busca establecer un nuevo marco para la participación de empresas y trabajadores locales dentro de la actividad minera provincial. La iniciativa, que todavía debe avanzar en la Legislatura, fija porcentajes mínimos de empleo sanjuanino y contratación de proveedores provinciales, crea un registro específico para empresas vinculadas al sector y establece mecanismos de control, incentivos y sanciones para operadoras y contratistas.
El proyecto alcanza a todas las etapas de la actividad minera, desde prospección y exploración hasta explotación y cierre de mina. También incorpora definiciones específicas sobre empresas mineras, comunidades de influencia y trabajadores locales, en un intento por delimitar el alcance territorial y operativo de las obligaciones previstas dentro de la norma.
La iniciativa aparece en un contexto donde San Juan atraviesa una etapa de expansión de proyectos vinculados principalmente al cobre, con varios emprendimientos avanzando en exploración avanzada, prefactibilidad, factibilidad y preparación para construcción. En ese escenario, el debate sobre el nivel de participación de empresas provinciales dentro de la cadena minera comenzó a ganar peso tanto dentro del sector empresario como en el ámbito político.
Empleo local y metas obligatorias
Uno de los ejes principales del proyecto es la obligación de presentar un Plan de Desarrollo de Empleo Local. El borrador fija como objetivo alcanzar de manera progresiva un 80% de contratación de mano de obra sanjuanina, incluyendo tanto personal propio de las operadoras como trabajadores de empresas contratistas.
La propuesta establece además que las compañías deberán actualizar esos planes cada dos años e informar cantidad de trabajadores, categorías laborales, género y residencia. Para ser considerado trabajador local, el proyecto exige acreditar al menos 12 meses de residencia en San Juan.
El alcance de las obligaciones no queda limitado únicamente a las compañías mineras. El texto también incorpora a contratistas medianos y grandes que trabajen de manera directa para operadoras, las cuales deberán cumplir con las mismas metas vinculadas a empleo y compras locales.
Prioridad para proveedores sanjuaninos
Otro de los puntos centrales del borrador está vinculado a las compras de bienes y servicios. El proyecto establece que el 60% del monto total de adquisiciones realizadas por las empresas deberá canalizarse mediante proveedores locales inscriptos dentro del registro oficial.
La norma también fija un esquema de prioridad territorial para las contrataciones. Primero deberán ser considerados proveedores ubicados dentro de las comunidades de influencia directa de los proyectos; luego aquellos de influencia indirecta; posteriormente empresas del resto de San Juan; después proveedores nacionales y finalmente extranjeros.
En paralelo, el texto diferencia entre proveedores radicados dentro de las comunidades de influencia y proveedores provinciales instalados fuera de esas zonas específicas, una discusión que venía generando diferencias dentro del sector respecto a qué empresas podían ser consideradas locales.
RE.PRO.MIN. y requisitos de arraigo
El proyecto crea además el Registro de Proveedores Mineros de San Juan (RE.PRO.MIN.), que funcionará como una base pública y obligatoria para todas las empresas que busquen ser reconocidas como proveedoras locales de la actividad minera.
Para acceder al registro, las compañías deberán acreditar establecimiento operativo en la provincia, domicilio legal y fiscal en San Juan y condiciones de arraigo vinculadas a la composición societaria o actividad económica. El borrador establece que al menos el 51% del capital social deberá pertenecer a residentes locales o, alternativamente, demostrar que la actividad principal de la firma se desarrolla en territorio sanjuanino.
El texto además habilita la posibilidad de que empresas externas se inscriban mediante asociaciones con compañías locales, siempre que la participación sanjuanina dentro de la sociedad no sea inferior al 25% del capital social.
El registro también clasificará a los proveedores en distintas categorías, entre ellas industriales de bienes, comercios, prestadores de servicios y constructoras locales.
Beneficios fiscales y control estatal
La iniciativa incorpora un esquema de incentivos para las empresas que alcancen simultáneamente las metas de empleo y compras locales. Entre los beneficios previstos aparecen líneas de crédito blando, asistencia técnica y certificados de crédito fiscal que podrán utilizarse para el pago de impuestos provinciales.
El Ministerio de Minería de San Juan será la autoridad de aplicación de la norma y trabajará junto a un Consejo Consultivo integrado por organismos públicos y cámaras empresariales. Entre sus funciones estarán la administración del registro, la evaluación de planes presentados por las compañías, tareas de fiscalización y elaboración de estadísticas vinculadas al impacto económico del sector.
Otro de los cambios incorporados por el borrador es que los planes de empleo y proveedores previstos dentro de esta ley reemplazarían requerimientos similares que actualmente suelen formar parte de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) de los proyectos mineros.
Multas y sanciones
El proyecto también establece un régimen sancionatorio para casos de incumplimiento vinculados a la presentación de información, actualización de planes o metas comprometidas por las empresas.
Las penalidades contempladas van desde apercibimientos y multas de hasta 60.000 unidades tributarias hasta la suspensión o cancelación de la inscripción dentro del registro provincial de proveedores mineros. El texto también considera como faltas la presentación de datos falsos o el incumplimiento de los objetivos comprometidos por las compañías dentro de sus planes de empleo y contratación local.