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Conflicto judicial

Minería: las razones detrás del freno de La Rioja al proyecto Vicuña en San Juan

El planteo incluye cuestionamientos al informe ambiental aprobado en San Juan. Alerta en la minería argentina por las posibles consecuencias.

La justicia de La Rioja ordenó la paralización del proyecto Vicuña en San Juan y dispuso la prohibición del tránsito de vehículos vinculados a la operación sobre territorio riojano, en el marco de un planteo presentado por el gobierno provincial en relación con aspectos ambientales, regulatorios y operativos del proyecto.

La medida judicial establece un freno por 30 días y habilita únicamente la circulación de personal afectado a tareas de mantenimiento, al tiempo que instruye a la policía provincial a instalar controles en los caminos utilizados por la operación.

Uno de los ejes del planteo es que el Informe de Impacto Ambiental del proyecto fue analizado en San Juan sin contemplar la intervención de La Rioja, pese a que parte de las actividades y efectos se desarrollan en su territorio.

Según lo expuesto ante la justicia, no se evaluaron impactos sobre cuencas, vegas y bofedales dentro de la provincia, lo que impidió la actuación de sus autoridades ambientales. También se indicó que el proyecto no habría incorporado el análisis de áreas sensibles vinculadas al entorno del glaciar El Potro.

Tránsito de maquinaria sin permisos provinciales

Otro de los puntos centrales es la circulación de vehículos y maquinaria asociados al proyecto a lo largo de aproximadamente 140 kilómetros en territorio riojano, en sectores como Guandacol, Santa Elena, Zapallar, La Cuevas y La Ciénaga.

De acuerdo con la presentación judicial, ese tránsito no cuenta con permisos ambientales provinciales, pese a los riesgos señalados sobre suelos, cursos de agua, infraestructura vial y la eventual circulación de sustancias peligrosas.

La Rioja planteó que el proyecto debe ser evaluado de manera conjunta con San Juan, al considerar que existen impactos compartidos entre ambas provincias. En ese marco, se indicó que no se avanzó en un esquema de evaluación coordinada entre las autoridades ambientales de ambas jurisdicciones.

Falta de presentación de estudios ambientales

En la presentación ante la justicia, la provincia sostuvo que el proyecto no habría presentado el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental en relación con su actividad en territorio riojano. Este punto fue incorporado como fundamento para la intervención judicial y la adopción de medidas sobre la operación y su logística.

El conflicto también incluye planteos vinculados a la participación económica local. Autoridades provinciales y actores de la zona señalaron la necesidad de mayor incorporación de empleo y contratación de proveedores riojanos.

En ese contexto, se registraron cortes en caminos de acceso protagonizados por pobladores de la zona de General Lamadrid, que fueron levantados tras compromisos vinculados a estos aspectos. El gobierno riojano indicó que otras empresas que operan o exploran en su territorio cumplen con la normativa ambiental local, y que el proyecto Vicuña debe ajustarse a los mismos requisitos.