La electromovilidad avanza en Argentina, pero todavía espera una ley que ordene la transición
Mientras el Gobierno impulsa medidas puntuales, en el Congreso continúa pendiente una ley integral que establezca reglas de largo plazo para el sector.
La transición hacia la movilidad eléctrica comenzó a ganar velocidad en Argentina, aunque todavía sin un marco regulatorio integral. En los últimos meses creció la oferta de vehículos electrificados, se multiplicaron los proyectos de infraestructura de carga y las petroleras empezaron a incorporar cargadores rápidos en sus estaciones de servicio. Sin embargo, el país continúa sin una ley nacional que ordene el desarrollo de la electromovilidad y defina incentivos permanentes para fabricantes, operadores y consumidores.
Por ahora, el impulso proviene de medidas específicas. El Gobierno nacional mantiene un régimen que permite importar vehículos eléctricos e híbridos con arancel cero, mediante un cupo anual de 50.000 unidades, lo que facilitó el ingreso de más de 70 modelos de distintas marcas al mercado argentino. El objetivo oficial es ampliar la oferta, aumentar la competencia y acelerar la incorporación de tecnologías de bajas emisiones.
En paralelo, también avanzó la desregulación de la infraestructura de carga. La normativa vigente simplificó el régimen para la instalación y operación de cargadores eléctricos, eliminando parte de las trabas administrativas que hasta hace poco dificultaban el despliegue de una red nacional. Sobre esa base, empresas como YPF comenzaron a expandir corredores de carga rápida y a incorporar la electromovilidad dentro de su estrategia comercial.
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Sin plan
No obstante, el país carece todavía de una política integral que defina hacia dónde quiere ir en esta transición. No existen metas nacionales de electrificación del parque automotor, un esquema estable de incentivos fiscales para la producción o la compra de vehículos eléctricos, ni una planificación coordinada para el despliegue de infraestructura en todo el territorio. Tampoco hay un régimen específico que establezca estándares técnicos unificados para la red de carga.
Ese vacío es el que intenta cubrir un proyecto presentado en la Cámara de Diputados por legisladores del PRO. La iniciativa propone crear un Régimen Legal de la Electromovilidad, con un marco regulatorio nacional para la infraestructura de carga, beneficios tributarios, procedimientos simplificados para habilitar instalaciones y la creación de un Fondo Nacional de Electromovilidad destinado a financiar el desarrollo del sector.
Entre los puntos más relevantes del proyecto figura la obligación de que los edificios nuevos incorporen instalaciones preparadas para la carga de vehículos eléctricos, que los grandes estacionamientos y hoteles sumen cargadores en plazos determinados y que las estaciones de servicio de mayor volumen instalen, al menos, un punto de carga rápida. También prevé exenciones impositivas para la compra e instalación de cargadores, la creación de un registro nacional de operadores y metas de largo plazo, como que el 15% de las flotas de transporte público urbano de las grandes ciudades sea eléctrico hacia 2030 y que los vehículos eléctricos e híbridos enchufables representen el 20% de las ventas anuales en 2035.
Política de Estado
La discusión llega en un momento particular para Argentina. El país concentra algunos de los mayores recursos de litio del mundo, espera un fuerte crecimiento de la minería del cobre —insumo clave para la electrificación— y comenzó a ver un incremento sostenido en los patentamientos de vehículos electrificados. Al mismo tiempo, otros países de la región ya avanzaron con políticas más estructuradas. Uruguay lidera la penetración de vehículos eléctricos en Sudamérica, mientras Brasil, Chile y Colombia cuentan con marcos regulatorios e incentivos específicos para acelerar la transición.
Para el sector, el desafío pasa ahora por transformar las medidas coyunturales en una política de Estado. La apertura de las importaciones, la expansión de la infraestructura y la llegada de nuevos modelos pueden acelerar el mercado en el corto plazo, pero la consolidación de una industria de la electromovilidad requerirá reglas previsibles para fabricantes, distribuidores, operadores de carga e inversores. La paradoja es evidente: mientras los vehículos eléctricos empiezan a ganar espacio en las calles argentinas, la legislación que debería ordenar ese proceso todavía espera su turno en el Congreso.